Yuridia, mexicana de 36 años, fue sometida sin su autorización a una delicada operación ginecológica en el centro de detención de migrantes de Irwin, Georgia, administrado por LaSalle Corrections, empresa privada bajo contrato del Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Los informes médicos sobre su condición no mostraron presencia de quistes peligrosos en su útero, por lo que no necesitaba la intervención. Sin embargo, el personal sanitario que colabora en ese espacio de retención migratoria le comentó que sería una “cirugía menor” y no debía preocuparse. Cuando recuperó la conciencia, se dio cuenta que había sido víctima de algo más grave.
La de Yuridia, quien usa este nombre como protección, no es la única historia de abusos contra migrantes en ese centro. Su caso y otros se presentaron en una reunión virtual con personal de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el que también participaron abogados de algunas víctimas, y a cuyos audios tuvo acceso La Jornada.
En el encuentro, celebrado el domingo pasado, los abogados señalaron que son “más mujeres, muchas de ellas mexicanas, que no han sido identificadas” y que han sido sometidas a esos procedimientos.
Denunciaron que los médicos del lugar inyectan a algunas con Depo-Provera –un anticonceptivo que contiene la hormona progestina— que las hace sangrar. “Esto se documenta en los archivos médicos para justificar la cirugía”, cada una con un costo de miles de dólares, facturados por los propios doctores, dijo un abogado. El médico encargado de estas operaciones ha sido sido identificado en varios sectores estadunidenses como Mahendra Amin.
El 14 de septiembre, varias organizaciones defensoras de derechos humanos de aquel país denunciaron que a varias mujeres detenidas en ese centro del ICE se les practicaron intervenciones ginecológicas sin pleno consentimiento, e incluso algunas habrían sido víctimas de histerectomías.
A otra mexicana, quien prefirió reservar su nombre y que estuvo detenida en ese lugar, la presionaron para autorizar la intervención quirúrgica. El 30 de julio, postrada en la cama de un hospital y lista para la operación, le hicieron firmar varios documentos, que no le dejaron leer, en los que teme, daba su consentimiento. Le dijeron que presentaba “sangrado pesado” y que era necesaria la cirugía. Días atrás le habían suministrado una extraña inyección.
“Estaba confundida, no sabía qué papeles había firmado, no los pude leer y no me dieron explicaciones. Les dije que no quería la cirugía porque escuché que me iban a quitar el vientre. Una enfermera me dijo que no, que era una cirugía menor porque presentaba sangrado pesado, le contesté que yo nunca había padecido eso. Me respondió que el doctor Amin lo había presentado así para que migración lo autorizara”.
Los estudios preparatorios mostraron que en su sangre había anticuerpos de Covid-19, por lo que podía ser positiva, eso la salvó de la operación. Al retornar al centro migratorio fue aislada y el 16 de septiembre pasado se le deportó.
Los abogados de las víctimas indicaron ante la CNDH que hay indicios que los médicos realizan estas operaciones para obtener jugosos beneficios económicos. Enfatizaron que “estas violaciones deben tratarse como las violaciones internacionales a derechos humanos que son”.
