Washington y Nueva York. La Suprema Corte de Estados Unidos falló ayer en contra de una iniciativa antimigrante clave del gobierno de Donald Trump, que buscaba anular el derecho a la ciudadanía por nacimiento, un revés severo que ahora acompaña una creciente presión entre sus filas y realidades económicas para revertir o modificar otras medidas de su ofensiva contra los extranjeros sin documentos.
La sentencia de la Suprema Corte, aprobada por seis votos a favor y tres en contra, rechazó la orden ejecutiva del mandatario que emitió el primer día de su presidencia con el fin de anular el derecho constitucional a la ciudadanía por nacimiento a niños nacidos en Estados Unidos de padres inmigrantes indocumentados o con estatus temporal. Más aún, el fallo, escrito por el juez en jefe del máximo tribunal, John Roberts, rechaza explícitamente el argumento del ejecutivo, al subrayar que los “niños nacidos en Estados Unidos de padres ilegalmente y temporalmente ‘son sujetos a la jurisdicción’ del país y son ciudadanos al nacer bajo la Cláusula de Ciudadanía de la 14 Enmienda”.
De inmediato, Trump reprobó la decisión y afirmó que la determinación “es muy mala para nuestro país” y aseguró que lograría su objetivo mediante una legislación en el Congreso. Pero según expertos, eso no será fácil y tal vez imposible, ya que el fallo afirma que la ciudadanía por nacimiento es un derecho constitucional.
Por lo tanto, para modificarlo se necesitaría impulsar una enmienda a la Constitución, lo cual requiere no sólo del voto de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso, sino también la aprobación de tres cuartos de las legislaturas estatales, es decir, 38 de los 50 estados. Sin embargo, varios de los aliados de Trump en el Congreso afirmaron que buscarán una manera legislativa para poner fin al “turismo de nacimiento” empleado por los inmigrantes indocumentados.
“Intento cruel y racista”
Organizaciones y defensores de inmigrantes festejaron el fallo al declarar que protege un derecho consagrado en la Constitución refrendado por la Suprema Corte desde hace 128 años. El diputado federal mexicoestadunidense Jesús Chuy García declaró que el tribunal “dictaminó que un presidente no puede eliminar un derecho constitucional mediante una orden ejecutiva” y denunció que “toda esta farsa fue un intento cruel y racista de Trump y (Stephen) Miller de dejar apátridas a millones de niños nacidos en Estados Unidos. La ciudadanía por nacimiento es fundamental para quienes somos como nación”.
La Suprema Corte otorgó un triunfo a la política antimigrante de Trump la semana pasada al aprobar su medida ejecutiva de poner fin a las protecciones humanitarias temporales (TPS, por sus siglas en inglés) para más de 350 mil haitianos y sirios, lo que implica que esas minorías que hasta ahora eran “legales”, de repente son “indocumentados” y sujetos a la deportación.
Expertos describen la iniciativa como la anulación más grande en la historia del país de documentación de inmigrantes.
Aunque no hay duda de que las más de 700 restricciones y medidas del gobierno de Trump han transformado el sistema de inmigración estadunidense, no necesariamente funcionan en la práctica.
Ante presiones dentro de sus filas que necesitan mano de obra inmigrante, el gobierno del republicano indicó que está modificando dos iniciativas que permiten que trabajadores extranjeros temporales trabajen tiempo completo en granjas lecheras y dejar que algunos haitianos que contaban con el TPS soliciten su legalización.
Sin ruido, ni un boletín de prensa, la administración de Trump anunció el viernes pasado que permitió que lecherías contraten mano de obra migrante de manera permanente, a pesar de que el programa de trabajadores huésped H-2A fue diseñado para empleados agrarios temporales que ingresaban al país sólo por unos meses cada año durante las cosechas.
Agrupaciones poderosas de granjeros de productos lácteos han insistido en que requieren de trabajadores inmigrantes capacitados que puedan permanecer todo el año para cuidar las vacas. “Claro que vemos esto como un muy buen paso y también un reconocimiento de este gobierno de que el sector lechero no tiene acceso a un programa viable de empleados huésped”, declaró Trey Forsyth, un cabildero de la Federación Nacional de Productores de Leche, a The Washington Post.
De hecho, varios legisladores republicanos antimigrantes han sido derrotados en elecciones primarias –incluidos cinco en el estado conservador de Idaho– por preocupaciones de granjeros sobre sus fuerzas laborales, reportó el Post.
Oposición entre las filas republicanas
Aunque el arquitecto de las políticas antimigrantes de la Casa Blanca, Stephen Miller, festejó el fallo de la Suprema Corte la semana pasada para retirar el TPS de haitianos y sirios, afirmando que “si ya no tienes estatus (legal) en este país, debes ser deportado”, no todos en su partido están de acuerdo.
El gobernador republicano de Ohio, Mike DeWine, declaró ese mismo día que “la política para deportar a estos individuos es un error”. En particular, él y otros políticos donde hay comunidades haitianas, señalaron que remover a estos inmigrantes dañaría, entre otros sectores, a los hospitales y servicios de salud en esas regiones.
El secretario de Seguridad Interna, Markwayne Mullin, comentó a CNN el pasado domingo que algunos haitianos que viven en Estados Unidos podrían solicitar la residencia permanente. Por ahora no hay detalles concretos sobre si este ofrecimiento es real o no, pero sí indica que aún no hay un consenso interno del gobierno sobre el asunto y, sobre todo, cómo manejar la disidencia de las filas republicanos sobre esta y otras medidas antimigrantes.
Todo esto se presenta mientras el gobierno anunció que buscará vender siete de los 11 almacenes que adquirió para convertirlos en centros de detención de inmigrantes, ya que no serían necesarios y también se determinó la clausura del centro de detención apodado Alcatraz de los caimanes, en Florida.
No se espera que Trump abandone su política antimigrante, parte clave de su agenda política y que usó como mensaje central durante su campaña electoral, pero sí se modifican como resultado de protestas de sus bases, las realidades económicas, que incluyen la pérdida de decenas de miles de empleos provocados por estas decisiones, y una creciente oposición a las redadas y detenciones masivas en varias partes del país.
Según un informe de Brookings Institution, las redadas y deportación de inmigrantes ha provocado la pérdida de empleo de hasta 300 mil ciudadanos estadunidenses.
