La Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso un paquete de 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos por más de 600 millones de pesos, de los cuales 427.4 millones corresponden a un contrato por adjudicación directa autorizado por la ex directora de Talleres Gráficos, Maribel Aguilera Cháirez, para ampliar la capacidad de producción de la papelería de la elección federal de 2024.
Ayer, al presentar el primer informe de resultados de la cuenta pública de 2025 a la Cámara de Diputados, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que las denuncias se refieren a “30 expedientes de responsabilidades administrativas graves por colusión y contratos indebidos”.
Más tarde, en conferencia de prensa, no quiso precisar los casos particulares, pero remitió a los reporteros a la información adicional que se encuentra en la página en Internet de la ASF, donde se detalla que apenas el pasado viernes se llevaron los expedientes ante la FGR.
En el caso de Talleres Gráficos, la ASF reportó en el informe de la cuenta pública 2024 que, “el 9 de enero de 2024, la directora general dictaminó procedente la excepción a licitación pública para la contratación, mediante adjudicación directa, de los servicios integrales para uso de maquinaria, operarios y almacenaje a fin de ampliar la capacidad de producción instalada y llevar a cabo la producción de materiales del proceso electoral 2023-2024”.
El contrato se asignó a Gráficas Corona por 427 millones 460 mil pesos. Aguilera Cháirez, después de saltar del PRI, fue diputada federal de Morena por Durango en la 64 Legislatura, donde presidió el comité de administración y está casada con Antonio Meza, también de origen priísta y quien fue titular de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos en el sexenio de Ernesto Zedillo.
Otras cinco denuncias son contra el municipio de Alvarado, Veracruz, de las cuentas públicas 2020 y 2021, cuando gobernaba Bogar Ruiz Rosas, surgido del Verde, y cinco contra el gobierno de Nayarit, de la cuenta pública de 2021 durante la administración del panista Antonio Echevarría.
Tres más contra la Cofepris, de la cuenta pública de 2024, donde la ASF detectó que tres compañías con contratos de servicios, que además comparten socios, triangularon recursos para hacer pagos por 5.6 millones de pesos a un verificador o dictaminador especial A, funcionario de la institución encargado de supervisar a las empresas, que recibieron contratos por más de 116 millones de pesos sin que se acreditara la prestación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos.
En la lista se incluye una más contra la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, durante la rectoría de Cristian Eder Carreño, en 2024.
Tres denuncias más son contra el municipio de Donato Guerra, estado de México, por la cuenta pública de 2024, donde gobierna Carmen Albarrán desde 2021 por la coalición Morena, PT y PVEM.
Asimismo, una al gasto de Valle de Bravo, estado de México, otra a Maravatío, Michoacán, y una más a Matehuala, San Luis Potosí.
