México, DF. La Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la Presidencia de la República interpuso dos nuevas controversias constitucionales contra los poderes Ejecutivo y Legislativo de los estados de Zacatecas y Baja California por el proceso de armonización de las leyes secundarias, al considerar que contravienen algunas de las disposiciones establecidas en la reformas a los artículos tercero y 73 constitucionales.
En un comunicado, la dependencia federal detalló que el consejero jurídico del Ejecutivo Federal, Humberto Castillejos Cervantes, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación ambas controversias, que se suman a las presentadas el pasado 15 de abril contra los estados de Oaxaca, Michoacán, Sonora y Chiapas.
En el caso particular del estado de Baja California, el poder legislativo estatal aprobó la Ley del Servicio Profesional Docente de la entidad invadiendo gravemente las facultades que expresamente le atribuye la Constitución Mexicana al Congreso Federal en todo el país.
Con estas controversias el gobierno de la República busca que se declare la invalidez de estas normas locales por ser inconstitucionales, con el fin de que se garanticen la congruencia de los marcos jurídicos locales con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias en materia educativa.
En todos los casos, la finalidad de estas controversias es que, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación las considera fundadas, se obligue a los Poderes Legislativos de dichas entidades a emitir sus legislaciones en materia educativa conforme a lo que establece la Constitución del país.
Con las medidas, el gobierno de la República reitera su firme compromiso con la Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión y la mayoría de los congresos estatales, y su responsabilidad de vigilar que la legislación local de todas las entidades del país esté en perfecta armonía con la reforma constitucional en materia educativa y con las leyes generales correspondientes, en beneficio de la niñez mexicana al tener un marco legal que garantice una educación de calidad.
