Zacatecas fue escenario ayer de una conferencia organizada por la Ciudadanía Participativa para debatir sobre los riesgos que representa el proyecto del viaducto elevado en la ciudad.
El evento, al que asistieron figuras como la presidenta de ICOMOS México, doctora María Guadalupe Zepeda Martínez, y la doctora Olguita Oribe, así como el arquitecto Marco Aurelio Maza, se centró en la protección del patrimonio cultural de Zacatecas y en la creciente preocupación social respecto a la megaobra que amenaza su integridad histórica.
El conflicto sobre el viaducto elevado en Zacatecas ha evolucionado en los últimos años, con un proyecto inicialmente concebido en 2007 para un tramo de 1 kilómetro, que ahora se amplía a 3.4 kilómetros.
Este ambicioso plan ha generado una feroz oposición por parte de la sociedad civil, la academia y organismos internacionales como ICOMOS, que han advertido sobre el daño irreversible que la obra podría causar al patrimonio histórico de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO.
La conferencia comenzó con la presentación de las últimas actualizaciones del conflicto, destacando la marcha multitudinaria del 24 de febrero, que se dividió en tres rutas, cada una liderada por diferentes sectores sociales y sindicales. Este acto fue una clara manifestación de unidad en contra del viaducto y una muestra del creciente malestar social.
La participación de ICOMOS México en la conferencia fue esencial para contextualizar la amenaza que representa el viaducto elevado para el patrimonio de Zacatecas. La doctora Zepeda, presidenta de la organización, reiteró la postura firme en contra de la obra, señalando que la ciudad alberga dos inscripciones como Patrimonio Mundial: una por su centro histórico y otra por ser parte del Camino Real de Tierra Adentro.
Estas designaciones implican una responsabilidad adicional en la conservación de su patrimonio, y la construcción del viaducto elevado podría poner en peligro ambas inscripciones.
Zepeda detalló cómo la obra no solo afectaría la estética visual de la ciudad, sino que también podría causar daños estructurales a los edificios históricos debido a las vibraciones del tráfico elevado.
La propuesta de viaducto, argumentó, no solo modificaría el paisaje urbano de Zacatecas, sino que también comprometería la integridad física de los templos y edificios cercanos.
En su intervención, hizo un llamado urgente a las autoridades locales y al gobernador de Zacatecas para abrir una mesa de diálogo con ICOMOS y otros actores clave para buscar alternativas viables que respeten el patrimonio cultural de la ciudad.
El arquitecto Marco Aurelio Maza, quien también participó en la conferencia, presentó la experiencia de Guanajuato como ejemplo de cómo una ciudad con un rico patrimonio histórico y arquitectónico ha podido solucionar problemas de vialidad sin sacrificar su legado cultural.
Maza detalló cómo la ciudad minera, también patrimonio de la humanidad, ha resuelto sus desafíos de tráfico mediante la construcción de túneles y bóvedas, un enfoque que podría servir de modelo para Zacatecas.
El uso de infraestructura subterránea, explicó Maza, no solo mejora la circulación vehicular, sino que también permite preservar la arquitectura histórica y el entorno urbano.
Un aspecto crucial que emergió de la conferencia fue el papel de la ciudadanía en la defensa del patrimonio cultural. La creación de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Sociales por la Democracia y la Transformación de Zacatecas fue presentada como un ejemplo de cómo la sociedad civil ha tomado un papel activo en la lucha contra el viaducto elevado.
Este movimiento busca institucionalizar y fortalecer la resistencia a la obra, al tiempo que impulsa la discusión sobre soluciones más respetuosas con el entorno y la historia de la ciudad.
Incluso, se recordó que, en 2007, la entonces gobernadora Amalia García Medina optó por no llevar a cabo el proyecto debido a su visión de buscar alternativas de movilidad que permitieran proteger el patrimonio, tal como lo exige la UNESCO.
Asimismo, se destacó la importancia de fomentar un diálogo genuino entre la sociedad civil, las autoridades estatales y federales, y los expertos en patrimonio.
En este sentido, se criticó la actitud cerrada del gobierno estatal, que, a pesar de los intentos de diversas organizaciones por establecer un canal de comunicación, ha mostrado poco interés en dialogar sobre las alternativas al viaducto elevado.
