El pasado lunes 30 de enero, Transparencia Internacional, dio a conocer su esperado, reconocido y respetado Índice de Percepción de la Corrupción en su edición 2023, en el que México, cuando menos en este rubro, se mantiene (desde 2020) en un penoso lugar 126 de 180 países estudiados. Para entender la dimensión, comparemos: México obtiene la misma puntuación de países como El Salvador y Togo; en América Latina, estamos por debajo de Argentina, Brasil y Colombia, y por encima de Bolivia, Paraguay, Guatemala, Honduras, Haití y Venezuela. En la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, somos el último lugar, desde luego peor que países como Chile. En el G20, al que también pertenecemos, solo tenemos mejores números que Rusia.
No hay duda de que la corrupción es un tema que se mantiene en la agenda pública y que ha contribuido a los resultados que, tanto en materia institucional, como política y electoral, se han concretado en los últimos años. Es decir, sí hemos tenido intentos, tanto sistémicos como ciudadanos de rendición de cuentas, horizontales y verticales. En los primeros, desde la primera década del siglo, reestructuramos y creamos instituciones de fiscalización, transparencia y control presupuestal. Culminamos con el nacimiento del Sistema Nacional Anticorrupción. En los segundos, las elecciones, desde 1997 han mostrado ser una expresión ciudadana que apuesta por el cambio y castiga, entre otras cuestiones, escándalos y casos de corrupción. Y sin embargo… se mantiene la inercia más perniciosa de todas: una aberrante impunidad, cuya evidencia permea en la percepción ciudadana. El reto se mantiene, y en este sentido, es preciso transcribir para concientizar y comunicar lo más posible, las recomendaciones que Transparencia Mexicana ha emitido en el contexto del Índice:
Primero, el Sistema Nacional Anticorrupción, ya no solo como conjunto, ahora incluso, en sus partes: “Dado que el Sistema Nacional Anticorrupción es la suma de las instituciones de control, fiscalización e investigación de la corrupción en el país, la fuerza de las partes es la fuerza del sistema. Si cada una de las instituciones que lo conforman falla en su tarea institucional, el sistema anticorrupción no podrá dar los resultados que exige la población.”
Segundo, no basta castigar, hay que recuperar lo que nos cuestan los actos de corrupción: “La recuperación de activos y una profunda discusión sobre quienes son las víctimas de la corrupción y cuál es la forma de reparar apropiadamente el daño, es una oportunidad para cicatrizar la herida social dejada por años de corrupción e impunidad.” Vaya, que el castigo no sea, en todo caso, el costo de una inversión para quiénes se involucran en actos de corrupción.
Tercero, dotar de condiciones mínimas de certidumbre, seguridad y acompañamiento a quiénes se encargan de investigar: “Además de la protección a denunciantes y alertadores de corrupción, México debe dar garantías a quienes investigan la corrupción de que no recibirán represalias o que serán amedrentados. Las fiscalías no solo deben ser independientes, sino contar con apropiados mecanismos para la protección de quienes cumplen tareas de procuración de justicia.” Ello implica un análisis del diseño actual, no solo de las fiscalías, sino también de los Órganos Internos de Control, las Secretarías o Contralorías y los Órganos Superiores de Fiscalización, así como los instrumentos, facultades y herramientas con las que actualmente cuentan, y las que requieren, para garantizar su autonomía, profesionalismo e imparcialidad.
Cuarto, la corrupción no es un fenómeno aislado de nuestra crisis de inseguridad y violencia, por el contrario, cada vez es más evidente su entrelazamiento, causal y consecuencial: “La agenda anticorrupción converge cada vez más con la operación del crimen organizado, especialmente en temas como el lavado de dinero, la elusión y la evasión fiscales. “
Y quinto, la corrupción, siendo un fenómeno global, exige de nuestro país acciones que obedezcan y se integren en dicha lógica: “Es especialmente delicada la actuación de las autoridades mexicanas en casos de corrupción transnacional: mientras que otros países investigan y sancionan la corrupción ocurrida en México, las autoridades locales siguen sin obtener sentencias firmes por los mismos casos.”
Finalmente, Transparencia Internacional en su capítulo México, apunta con precisión al objetivo para incidir en el análisis, la discusión, atención y mejora de estas y otras recomendaciones que pueden y deben surgir: las campañas políticas, de las que emergerán los tomadores de decisiones de los próximos 3 y 6 años en el país, que tendrán, sin lugar a dudas, como lo tuvieron sus antecesores, un desafío bien conocido: la corrupción como adversaria de sus mejores y más bienintencionadas propuestas de desarrollo para México.
@CarlosETorres_
