Fuentes judiciales confirmaron que Omar “N”, quien se ha venido desempeñando como asesor del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso Local, al menos en las últimas tres legislaturas, se encuentra imputado, es decir con pruebas suficientes para ser llevado ante el juez, por el delito de extorsión como lo confirma la carpeta de investigación con el número 10539/2023 abierta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).
Omar “N”, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia, tiene en el Poder Legislativo del Estado el nivel de puesto AE3, cuya denominación del cargo es “Secretario de Diputado (A)”, por el que obtiene una remuneración mensual en bruto de más de 26 mil pesos asesorando a legisladores y legisladoras del PAN, así como a coordinadores de las fracciones parlamentarias como en esta 64 Legislatura al diputado José Guadalupe Correa Valdez, de quien el hoy imputado compartió las posturas del legislador en sus redes sociales en torno a la situación de inseguridad, así como fotografías con la candidata presidencial Xóchitl Gálvez Ruiz, quien, en su visita a la entidad en 2023, señaló que en Zacatecas se ha agudizado la inseguridad, la violencia, las desapariciones forzadas.
De comprobarse tal delito, que es considerado como “de alto impacto”, el Artículo 261 del Código Penal del Estado de Zacatecas establece que podría imponérsele de dos a 10 años de prisión y multa de cincuenta a cien cuotas. No obstante, señala que las penas aumentarán en dos terceras partes cuando el delito se realice por un servidor público, integrante o ex integrante de una corporación de seguridad pública o privada. Además, se impondrá, en estos casos, la destitución del empleo o cargo público y se le inhabilitará de cinco a diez años para desempeñar cargo o comisión públicos.
Sin embargo, en julio pasado, el gobernador del estado, David Monreal Ávila, en su búsqueda de la paz, envió a la 64 Legislatura una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas normas del Código Penal para el Estado de Zacatecas, a fin incrementar las penas e incluir nuevas agravantes para el delito de extorsión, el que, reconoce en el documento, ha aumentado de manera exponencial y lacera a las familias y su medio de subsistencia, pero también tiene un impacto negativo en la economía en general.
Por ello, el mandatario estatal propuso reformas al Artículo 261 y las adiciones de los Artículos 261 Bis y 261 Ter, todos del Código Penal para el Estado de Zacatecas, para establecer que al que cometa el delito de extorsión se le impondrá de ocho a 16 años de prisión y multa de cien a doscientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento en que se cometió el delito, además de la agravante para aquellos que sean servidores públicos, como el caso de Omar “N”.
