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jueves, 28 marzo, 2024
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Enfrentará la BUAZ en 2020 un déficit financiero de 400 mdp

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Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

■ Rector ha propuesto a la Federación que el déficit sea subsanado de forma tripartita, es decir, que la Federación, Godezac y la Universidad aporten 130 mdp cada uno

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■ Dice que hay gastos que se deben erradicar, entre ellos los recursos que les otorgan a los sindicatos para realizar fiestas o celebraciones

■ En convenio entre Rectoría y Federación hay un punto que preocupa, porque establece un “depósito ante la Junta de Conciliación de modificaciones al Contrato Colectivo”: sindicato

 

Este año, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) enfrentará un déficit financiero de 400 millones de pesos, y para sanearlo, será necesario continuar con la implementación de medidas que permitan eficientar los recursos, entre ellas, la asignación de recursos a los sindicatos para fiestas o celebraciones, informó el Rector Antonio Guzmán Fernández.

Durante la comparecencia que sostuvo este miércoles con el Comité de Huelga del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), refirió que ha propuesto al Gobierno Federal que el déficit financiero de la institución, este año, sea subsanada de manera tripartita; es decir, que la Federación, Gobierno del Estado y la institución misma aporten 130 millones de pesos cada uno.

En ese sentido, dijo que la manera en que la Universidad puede participar en ese esquema de asignación de recursos, es seguir con la implementación de medidas que permitan eficientar los recursos.

Por ejemplo, dijo que hay gastos que se deben erradicar, entre ellos los recursos que les otorgan a los sindicatos para realizar fiestas o celebraciones, lo cual ya ocurrió recientemente en la universidad de Nayarit, y que seguramente será necesario implementar en la BUAZ en un futuro cercano.

De acuerdo con Guzmán Fernández, “son cosas que nosotros también tenemos que ir desterrando. Digamos que antes se podía, hasta por la clientela política que se daba, pero hoy ya no se puede. Viene un proceso en ese sentido”.

Ese fue el caso en Nayarit, donde la Ley Orgánica de la universidad establece que el rector ya no le puede dar apoyos o recursos a los sindicatos ni tampoco a la federación de estudiantes.

Sobre el planteamiento que presentó a la SEP para subsanar el déficit financiero de la Universidad, es que el Gobierno Federal, el estatal y la propia BUAZ aporten una parte del recurso que se requiere para terminar el año.

En el caso de la Universidad, precisó que la manera en que puede aportar es eficientando aún más el gasto, y que conforme vaya aumentando el subsidio, se cierre la brecha entre el presupuesto que se le otorga y el que requiere para cumplir con todos sus compromisos contractuales.

“Ya se está trabajando de que por lo menos los gobiernos estatales incrementen su aportación a las universidades, porque ya les dimos evidencia de que sí podemos administrar bien la Universidad con el recurso público que nos dan”, dijo Guzmán Fernández.

“Entonces, si para el presupuesto de este año nos faltan 400 millones, que lo terciáramos, porque ellos saben que les vamos a ir a pedir al final del año, ellos lo saben, pero quieren ver que estamos haciendo el esfuerzo de cerrar brechas. No violentando el contrato, sino tener el recurso suficiente para atender nuestros compromisos”.

Por otra parte, ante diversos cuestionamientos que le hicieron sobre los convenios que ha suscrito con el Gobierno Federal, aseguró que no hay la intención de modificar el Contrato Colectivo, porque desde su punto de vista es el mejor esquema de protección colectiva e individual de los trabajadores e incluso es posible que ningún país socialista lo tenga.

En el caso de la universidad de Nayarit, expuso, se tuvo que modificar la Ley Orgánica y uno de los temas que se revisaron fue el de las dobles plazas, y ahora, por ley, el profesor que es tiempo completo es exclusivo de la misma.

“Es decir, ya no se puede que el Rector le diga a alguien que vaya a su otro trabajo y en la Universidad le acomodan los horarios para que pueda cumplir. Ya lo metieron por ley porque tenían muchas plazas de dobleteros”, mientras que en la BUAZ aseguró que ese tema “no se nos ha salido de control, pero nos falta dar el último paso”.

Guzmán Fernández aseguró entonces que su administración ha sido responsable respecto al ejercicio de los recursos, y aunque ha habido un “contralor carnal”, “se aventó el pleito de la contabilidad gubernamental, concentrar los ingresos, hacer el pago referenciado, poner en orden los impuestos”.

Al respecto, anunció que este año hay la intención de subir al portal de transparencia todas las compras y la nómina de todos los docentes y trabajadores pero cuidando los datos y la información de cada uno de ellos.

Reiteró que su administración ha sido responsable, pues mandató la disminución de los sueldos de los funcionarios, lo cual “es un tema que a la fecha sigue discutiéndose, no lo asimilamos porque había una inercia de pagarse muy bien”.

En ese sentido, dio a conocer que otorgó la mitad de su prima de antigüedad (110 mil pesos) a la Orquesta Sinfónica de la BUAZ, y “aunque no resuelve el problema sirve para dar muestras de otro proceso”.

Carlos Reveles Delijorge refirió que en el convenio suscrito entre la Rectoría y el Gobierno Federal señala que “cada una de las partes se obliga a responder y dejar a salvo a la otra parte por cualquier tipo de reclamación o demanda que el personal de una parte ejercite en contra de la otra alegando cualquier tipo de derechos sea cual fuera la naturaleza del conflicto”.

“Está claramente diciendo que el conflicto laboral que este documento va a provocar, Antonio, te las arreglas solo. Sí está claro y tú lo pactaste. Entonces si tú vas a pagar esto, vale la pena que el costo no lo paguemos los profesores”, puntualizó.

Ante esa situación, convocó a una discusión de la base sindical de los problemas de la institución y asumir la responsabilidad de toma de decisiones, para lo cual el Comité Ejecutivo debe cumplir con su función dirigente en los términos que establecen los estatutos y no en términos de juegos políticos.

Pedro Martínez Arteaga, secretario general del Spauaz, cuestionó que en el convenio firmado entre la Rectoría y el Gobierno Federal, hay un punto que preocupa porque establece un “depósito ante la Junta de Conciliación y Arbitraje las modificaciones al Contrato Colectivo de forma que sólo se consideren las prestaciones establecidas en el Convenio de Apoyo Financiero”.

Ante ello, advirtió que “a unos meses del relevo, no voy a firmar ninguna modificación porque hay quienes sugieren que en diciembre negocié algo del Contrato Colectivo. Para que se les quite ese pendiente, no se va a ser ninguna modificación y es bilateral, si no lleva mi firma, no es válido y no voy a suscribir nada. Sabemos cómo se las gastan en el Gobierno Federal. Si nos citan en México, no voy a ceder a las presiones y no firmaré ningún documento que comprometa lo que está plasmado en el Contrato Colectivo”.

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