■ El funcionario sostiene que en Zacatecas hay gobernabilidad y estabilidad política
El fracaso en las negociaciones entre ejidatarios, transportistas y empresarios de la mina Peñasquito y la falta de diálogo y acuerdos con los habitantes de Jiménez del Teul en torno al proyecto de la presa Milpillas fueron los señalamientos que más se repitieron este lunes por parte de los diputados locales.
Durante la comparecencia del secretario general de Gobierno, Jehú Eduí Salas Dávila, ante la 63 Legislatura fueron constantes las declaraciones que advertían ausencia de oficio político del funcionario, lo que provocó, según algunos legisladores, que se viera rebasado por estos dos conflictos.
Este acto con el que iniciaron las glosas del Tercer Informe de Gobierno no tuvo lugar en el recinto legislativo debido a que estas instalaciones fueron bloqueadas por un grupo de trabajadores del Gobierno estatal, integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado (SITEZ), quienes buscaban reunirse con el secretario de Gobierno ante incumplimientos de otros servidores públicos de esta dependencia.
No obstante, tras no llegar a acuerdos y desde una sede alterna que fue el auditorio del Palacio de Justicia, el secretario Salas Dávila compareció ante los diputados locales y sostuvo que en Zacatecas hay gobernabilidad y estabilidad política.
Aun así, en la ronda de preguntas de los legisladores fue cuestionada su actuación al frente de la Secretaría General de Gobierno principalmente por los dos conflictos que durante meses no han sido solucionados y que son el de la ‘toma’ de Peñasquito y la oposición al proyecto de la presa Milpillas.
Javier Calzada, por ejemplo, señaló que en Peñasquito “no ha podido con su responsabilidad. El único avance que ha habido es, después de más de tres meses, tuvo que ir el gobernador personalmente”, al igual que en el conflicto Milpillas en el que el mandatario estatal pudo gestionar recursos federales “pero usted ha sido incapaz de encontrar una solución con los ejidatarios”.
Los diputados Héctor Menchaca y Omar Carrera apuntaron que en el caos de Milpillas el gobierno falló desde el inicio del proyecto ya que no se le dio la atención que se requería “y se les salió de las manos”.
Al respecto, el secretario general de Gobierno reconoció que este conflicto se dio “por la ausencia del gobierno en la primera etapa del proyecto, donde un tercero se dedicó a la elaboración y obtención de los convenios de ocupación previa”.
No obstante, dijo que desde hace un año, cuando él pasó a encabezar esta secretaría, hay funcionarios que viven de manera permanente en Jiménez del Teul y cada día buscan avanzar hacia una resolución.
Insistió en que la oposición al proyecto actualmente la ejercen un grupo de 25 o 26 ejidatarios. Ante esta cifra, la diputada Gabriela Pinedo sostuvo que cuando acudió a la zona se encontraron con una oposición mucho mayor, con cerca de 300 personas que les expresaron su rechazo a la presa Milpillas.
El secretario confirmó esta situación. Dijo que “hace prácticamente un año, en el primer acercamiento con las comunidades, nos dimos cuenta del gran rechazo que había de los habitantes; era realmente una oposición muy ferviente al inicio de los trabajos”.
No obstante, consideró que actualmente “esta posición se fue serenando” con la presencia permanente de las autoridades en el lugar y ahora es reducido el número de ejidatarios y vecinos que no quieren las obras.
En el caso de Peñasquito, expuso que el bloqueo que ahora hay en las instalaciones de la mina es el número 25 en el tiempo que la empresa lleva operando en el municipio de Mazapil.
En los 24 anteriores, señaló, el Gobierno del Estado fue quien encabezó las negociaciones y se pudo levantar la protesta alcanzando acuerdos.
Por ello, y ante los señalamientos de incapacidad, el funcionario refirió que ha sido en esta última ocasión, “en la mesa de Gobernación del Gobierno de la República donde se volvió a romper la mesa y donde la capacidad de articular el entendimiento entre las partes quizá también se vio rebasada”.
Otro de los temas que con mayor frecuencia cuestionaron los legisladores fue el de los resultados que se han tenido con la declaratoria de alerta de violencia de género.
En este sentido, la diputada Perla Martínez destacó que hay la Secretaría de Gobierno debía trabajar para coordinar estas acciones, involucrando también a los municipios; no obstante, resaltó que 18 ayuntamientos no entregaron ni siquiera un plan de trabajo.
Al respecto, el secretario aseguró que de las 16 recomendaciones que se emitieron dentro de la alerta se han cumplido 12 al 100 por ciento, haciendo un promedio de 82 por ciento de avance.
Ante esto, la diputada aseguró que si bien los datos oficiales arrojan este porcentaje de cumplimiento lo conveniente sería tener indicadores de resultados y no de procesos como en este caso.
“Es trascendental articular esas acciones con los distintos niveles de gobierno porque en el área municipal es donde las deficiencias en la alerta son constantes”, concluyó.
