Detecta ASE irregularidades en cuenta pública 2017 de Godezac por 182.1 mdp

Detecta ASE irregularidades en cuenta pública 2017 de Godezac por 182.1 mdp
Los datos fueron dados en la sesión ordinaria de este martes en la 63 Legislatura local ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Dichas anomalías “presuntamente implican daño patrimonial”

■ En el caso de la BUAZ, la cantidad de probables perjuicios al erario asciende a 7.3 mdp

■ La Secretaría de Administración concentra casi 60% del monto considerado como probable daño patrimonial con 104.7 mdp; sigue la Secretaría de Economía con 65 mdp

 

La Auditoría Superior del Estado detectó irregularidades en la cuenta pública 2017 de Gobierno del Estado que “presuntamente implican daño patrimonial” por un monto de 182.1 millones de pesos, mientras que en el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) esta cantidad de probables perjuicios al erario asciende a 7.3 millones de pesos.

Estos datos fueron dados en la sesión ordinaria de este martes en la 63 Legislatura local, en la que los diputados leyeron y posteriormente aprobaron estas dos cuentas públicas, que fueron las primeras presentadas bajo las nuevas leyes de fiscalización.

Uno de los cambios que se advierten en el nuevo formato de presentación de las cuentas públicas es que ahora no es posible conocer por qué tipo de observaciones o irregularidades se considera que han sido causados los probables daños a la hacienda pública.

En el documento publicado en la gaceta parlamentaria únicamente se exponen los montos y el número de expedientes que tendrán que integrarse para ser revisados por el Tribunal de Justicia Administrativa.

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia, Pedro Martínez, expuso que esta modificación tiene que ver con respetar el debido proceso de forma que, en caso de que alguno de estos señalamientos sea considerado como un delito y deba ser enviado a la Fiscalía General de Justicia del Estado, no se pueda argumentar una violación al debido proceso como defensa.

Aunque no se conocen específicamente los casos que se señalan como irregularidades, sí se desglosan los montos relativos a la cuenta pública del gobierno estatal por dependencias y, en ese tenor, es la Secretaría de Administración la que encabeza la lista con un monto mayor de posibles sanciones resarcitorias que se derivan de observaciones que hasta el momento no han sido solventadas.

Concretamente en esta dependencia se concentra casi el 60 por ciento del monto considerado como probable daño patrimonial con una cantidad de 104.7 millones de pesos. Le sigue la Secretaría de Economía con 65 millones, la Secretaría del Campo con 10.3 millones, la Secretaría de Educación con un millón, la de Infraestructura con poco más de 525 mil pesos y, por último, el Instituto para la Cultura Física y el Deporte con 458 mil pesos de presuntos daños al erario.

En general, el dictamen concluye que subsisten, después del proceso de solventación, revisión y fiscalización, un total de 161 acciones que se dividen en 53 recomendaciones, 68 acciones de seguimiento en ejercicio posteriores, una promoción ante el Servicio de Administración Tributaria y la integración de 39 “expedientes de investigación” de los cuales en 22 no se presumen daños patrimoniales y en los 17 restantes, por el contrario, si se establecen probables daños al erario por 182.1 millones de pesos.

Por otra parte, en la cuenta pública 2017 de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas se presume un probable perjuicio a la hacienda pública por un monto de 7 millones 393 mil 479.46 pesos. No obstante, por el nuevo formato de dictamen, no es posible conocer por qué hechos se está realizando este señalamiento.

Ambas cuentas públicas, junto con la del Tribunal de Justicia Administrativa que también fue presentada este martes pero sin alguna observación que conlleve presuntos daños patrimoniales, fueron aprobadas por unanimidad de los diputados que estuvieron presentes en el salón de plenos.

También en la sesión de este martes, entre las iniciativas que fueron presentadas, estuvo la de la legisladora Navidad Rayas Ochoa, en la que se busca modificar el Código Penal del estado para incluir las motivaciones de odio por cuestiones como la orientación sexual y la identidad de género tanto en el delito de homicidio como en el de lesiones.

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