“Persiste el despojo de los grandes corporativos mineros a los pueblos”

“Persiste el despojo de los grandes corporativos mineros a los pueblos”
Una forma de creerle al presidente es si se regula el funcionamiento o cancelan algunas concesiones, además de prohibir las explotaciones mineras a cielo abierto, señaló el docente ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ En su proyecto de gobierno, AMLO ha dado pasos hacia una opción de neoextractivismo

■ Necesaria, reforma integral al Artículo 27 constitucional y la Ley Minera: Guzmán López

 

A pesar de que el Gobierno Federal no ha otorgado concesiones mineras, según lo afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita reciente a Zacatecas, “el problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades”, afirmó Federico Guzmán López, egresado del doctorado en Estudios del Desarrollo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

El presidente, “en su proyecto de gobierno, ha dado apenas unos pasos hacia una opción de neoextractivismo, porque hace referencia a una mejor distribución de la renta minera en beneficio de las comunidades. Sin embargo, su postura antineoliberal de la Cuarta Transformación, que dio a conocer el 17 de marzo de 2019 en aquella declaratoria de fin de la política neoliberal en México, en el rubro minero no se ha dejado ver de manera contundente en lo legal, programático, institucional y presupuestal”, dijo.

Aunado a ello, “otro problema que persiste es que no ha detenido el despojo de los grandes corporativos a los pueblos y comunidades para sus proyectos mineros, cuando vemos que una de las tendencias en la forma de explotación de la industria minera es transitar de minería subterránea de alta ley de minerales hacia minería a cielo abierto, ello para volver rentable las vetas de baja ley de metales preciosos”.

EN MÉXICO SE TIENEN REGISTRADOS 98 CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES DE LOS 2 MIL 856 QUE EXISTEN A NIVEL GLOBAL

Expuso que en su visita al municipio de Concepción del Oro, el presidente señaló que no habrá más concesiones de minería ya que gobiernos anteriores concesionaron 80 millones de hectáreas del territorio nacional.

No obstante, indicó que la cifra que mencionó sobre las 80 millones de hectáreas (equivalentes a 40 por ciento del territorio mexicano) que fueron concesionadas a la industria minera durante los gobiernos de Salinas de Gortari hasta la actualidad, es equivocada.

Guzmán López comentó que, de acuerdo a información de la Semarnat de 2012 y de la Secretaría de Economía de 2016, además de solicitudes de acceso a la información pública de 2018 y 2019, “hay una cifra acumulada que indica que durante los años de 1982 a 2018 se concesionaron 114.8 millones de hectáreas, que representan 58.5 por ciento de la superficie del territorio mexicano”.

Incluso refirió que ese indicador se puede medir de manera desglosada por partido político en el poder, y se concluye que en tres periodos del Partido Revolucionario Institucional se concesionaron 52.5 millones de hectáreas, de las cuales 8.6 fueron con Carlos Salinas (1989-1994); con Ernesto Zedillo (1995-2000) 34.5 millones de hectáreas, y con Enrique Peña (2013-2018) 9.4 millones de hectáreas.

En las dos administraciones del Partido Acción Nacional se concesionaron 59.4 millones de hectáreas, de las cuales 25.1 fueron con Vicente Fox (2001-2006), y 34.3 millones de hectáreas con Felipe Calderón (2007-2012).

Respecto a la afirmación de López Obrador de que durante su gobierno en México no habrá concesiones de minería, dijo que en los primeros seis meses de gobierno lo cumplió, ello de acuerdo a datos obtenidos en junio pasado a través de una solicitud de acceso a información pública con folio 0001000149119.

Según expuso Guzmán López, la respuesta mencionó lo siguiente: “Al respecto, la Dirección General de Minas a través de la Dirección de Cartografía y Concesiones Mineras, manifiesta que NO SE OTORGARON CONCESIONES MINERAS en el periodo de 01 al 31 de diciembre de 2018, así como en el periodo de 01 de enero al 31 de mayo de 2019”.

Por otra parte, el especialista manifestó la necesidad de una reforma integral al artículo 27 constitucional y la Ley Minera vigente desde 1992 reformada en el año 2014, sobre todo para quitarle el carácter de actividad pública preferente que tiene la minería establecido en el artículo 6, así como el periodo de 50 años para las concesiones mineras con posibilidad de prórroga por otros 50 años como señala el artículo 15 de dicha ley.

Explicó que en el discurso del presidente, presentado el primero de diciembre de 2018 en el Zócalo de la Ciudad de México, uno de los puntos refería que “se transferirá a las comunidades mineras el impuesto que se cobra a las empresas por la extracción del mineral”.

Por el contrario, “cuando se revisa el texto del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, disponible en el Diario Oficial de la Federación, lo único que aparece es que las Universidades para el Bienestar Benito Juárez tendrán como parte de su oferta educativa la carrera de ingeniería en Minas”.

En el tema institucional, Guzmán López comentó que es importante vigilar cómo evolucionan los datos de los pasivos ambientales por temas mineros, los procedimientos administrativos, multas y sanciones impuestas, y sobre todo cuántas y cuáles empresas mineras que han contaminado les suspenden de manera temporal o definitiva las explotaciones mineras. Asimismo, será importante revisar los alcances, los rubros y montos asignados al fondo minero en los próximos ejercicios fiscales.

Sobre la relación megaminería y desarrollo nacional que ha manifestado el presidente, señaló que, “si bien pareciera algo esperanzador por detener el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, mencionar la homologación salarial de los trabajadores mineros en México, Canadá y Estados Unidos, repartir de manera más justa los recursos de la renta minera y que las empresas exploten los minerales cumpliendo con las normas ambientales como en los países desarrollados, todos estos planteamientos en este momento son solamente enunciativos y pretenden acercarse a una postura basada en modelo de desarrollo que pone en el centro el neoextractivismo. Sin embargo, es insuficiente, y se aparta muy poco del credo neoliberal”.

“Quizá una forma de creerle al presidente López Obrador sería que aparte de la declaratoria de moratoria minera, se impulsara una reforma integral al Artículo 27 constitucional y a la Ley Minera, para regular el funcionamiento o cancelar algunas de las concesiones mineras vigentes en México, prohibir las explotaciones mineras a cielo abierto que implican el desplazamiento forzado interno de las comunidades”, expresó.

Guzmán López informó que hay organizaciones ambientalistas mundiales como el Atlas de Justicia Ambiental, coordinado por Joan Martínez Alier, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y existen altas expectativas sobre el desempeño de Víctor Toledo al frente de la Semarnat, ya que “no queremos que México siga figurando entre los seis países con más conflictos socioambientales, pues en nuestro país se tienen registrados 98 conflictos socioambientales de los 2 mil 856 que existen a nivel global”.

“Tampoco queremos que se sigan repitiendo las historias de saqueo de los minerales, de desplazamiento forzado de las comunidades y de violación de los derechos humanos como ocurrió recientemente en Mazapil, Noria de Ángeles, Chalchihuites, Sombrerete, Vetagrande, y otros municipios zacatecanos.

Tampoco queremos que se sigan repitiendo historias de extractivismo legal, donde las empresas mineras promueven contra gobiernos nacionales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial, cuyos litigios han acumulado 4 mil 40 millones de dólares que deberá pagar el gobierno de México si los resolutivos son a favor de empresas mineras”.

Por último, exhortó a los actores políticos y de instituciones académicas posturas y propuestas sobre este tema, entre ellos de la presidenta de la Comisión de Minería y Desarrollo Regional en el Senado de la República, Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; del rector de la Universidad Autónoma Chapingo, José Solís Ramírez, y del mismo Rector de la BUAZ, Antonio Guzmán Fernández.

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