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jueves, 28 marzo, 2024
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Rosario Robles, vinculada a proceso y en prisión preventiva por la “Estafa Maestra”

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Por: La Jornada Zacatecas •

■ El caso se derivó de una investigación de Animal Político y Mexicanos contra la corrupción

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■ Desde febrero de 2017 comenzaron a salir a la luz los primeros indicios de esta trama a nivel local en el reportaje difundido en La Jornada Zacatecas

■ La investigación se tituló “La UAZ, envuelta en entramado de compras amañadas”

■ Se documentó que la BUAZ contrató servicios en empresas fachada por 90 mdp, un recurso que recibieron tras la firma de convenios con la entonces Sedesol y Conade

 

La denominada “Estafa Maestra”, por la que fue vinculada a proceso y se dictó prisión preventiva en contra de Rosario Robles Berlanga, es un entramado de corrupción para desviar recursos públicos en el que estuvo involucrada, entre otras instituciones, la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ).

La investigación periodística que reveló esta red, elaborada por Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y Animal Político, fue publicada en septiembre de 2017 pero ya desde febrero de ese año comenzaron a salir a la luz los primeros indicios de esta trama a nivel local en el reportaje difundido en La Jornada Zacatecas y titulado “La UAZ, envuelta en entramado de compras amañadas”.

Concretamente se documentó que la BUAZ contrató servicios en empresas fachada por 90 millones de pesos; un recurso que recibieron tras la firma de convenios con dos dependencias federales: Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Comisión Nacional del Deporte (Conade).

La Máxima Casa de Estudios del estado compró, supuestamente, papelería, insumos de computación e impresiones, además de que arrendó presuntamente equipos de cómputo para realizar los trabajos que se establecían en los convenios.

Las empresas beneficiadas, en procesos de “adjudicación directa previa tres cotizaciones”, fueron Comercializadora Osemun, domiciliada en la Ciudad de México, y Sistema Editor Láser, ubicada en Puebla.

Con Sedesol, el convenio se firmó por 70 millones de pesos con el objetivo de desarrollar el proyecto llamado “Integración de programas sociales estatales al Sistema de Información Social Integral (SISI)”, mientras que con Conade el monto fue de 20 millones de pesos para el proyecto “Análisis de áreas de oportunidad para potencializar la cultura del deporte y actividad física a nivel nacional”.

La Jornada Zacatecas acudió, en aquel momento, a los domicilios fiscales de las dos empresas y no se pudo localizar a ninguna de ellas en las instalaciones desde las que se emitieron las facturas.
Tras la publicación del reportaje, quien era responsable del Área de Proyectos Estratégicos y Secretario Administrativo de la Universidad, Edmundo Guerrero y quien aparece involucrado en la firma de los convenios, sostuvo que la BUAZ participó en este tipo de proyectos a solicitud de las propias dependencias federales.

Y es que meses después de este trabajo periodístico se dio a conocer a nivel nacional el entramado de corrupción encabezado por estas dependencias federales, que usaban a las universidades públicas para firmar estos convenios y subcontratar a empresas por trabajos cuyos resultados nunca fueron demostrados.

En la “Estafa Maestra” se señala que el Gobierno Federal, a través de 11 dependencias, utilizó este esquema para desviar miles de millones de pesos. Tan sólo en 2013 y 2014 se detectaron contratos ilegales, de acuerdo a la investigación, por 7 mil 670 millones de pesos de los que se desconoce el destino de 3 mil 433 millones.

Señalaron como responsables principales a tres instancias que son la Secretaría de Desarrollo Social, en ese entonces encabezada por Rosario Robles Berlanga y quien ahora fue vinculada a proceso por esto hechos y se le dictó prisión preventiva. También mencionan al Banco Nacional de Obras que estaba liderado por Alfredo del Mazo y Petróleos Mexicanos con Emilio Lozoya.

Explican que en esta red el Gobierno Federal no contrató directamente a las empresas, sino que firmó los convenios con las universidades públicas como la de Zacatecas para que fueran éstas las que subcontrataran los trabajos a otras compañías.

Por esta triangulación de recursos, las ocho instituciones educativas de las que se comprobaron estas prácticas se quedaban con un porcentaje del presupuesto del convenio.

Inclusive en el caso de la BUAZ, Edmundo Guerrero, mencionó ya en febrero de 2017 que por ejemplo en el convenio firmado con Sedesol, de los 70 millones, en la Universidad se quedaron 4 millones de pesos ya que entre la Universidad y la dependencia se acordó que la institución educativa se quedaría con el 6 por ciento.

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