■ Denuncian que convocatoria vulnera derechos de trabajadores
La asociación Maestros por México (MxM) interpuso un amparo, ante el Juzgado Tercero de Distrito, contra el proceso de cambios de adscripción de docentes del nivel básico que realiza la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) y la sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El documento establece que la convocatoria de cambios que se destina a personal docente, técnico-docente, asesor técnico-pedagógico, dirección, supervisión , y de apoyo y asistencia a la educación básica, vulnera los derechos de los trabajadores.
En ese sentido, el amparo exige la publicación de una nueva convocatoria de tal manera que reúna los requisitos que establece la ley y evite aspectos que atenten contra los derechos de los trabajadores de la educación.
Al ser derogada la Reforma Educativa del Gobierno Federal anterior, MxM señala que la convocatoria de cambios resulta ilegal en su aplicación y condicionamiento para que los docentes ejerzan el derecho en ese proceso.
Exigen publicación de una nueva convocatoria que reúna los requisitos que establece la ley
En lo que respecta a los criterios de asignación, se expone que hay puntos adicionales para quienes hayan obtenido un nivel de desempeño en la evaluación del servicio profesional docente, lo que deja en desigualdad de condiciones a 60 por ciento de los maestros que no participaron en dicha evaluación.
La demanda señala entonces que los criterios que debe contener la convocatoria deben ser equitativos e imparciales, públicos y fundados en las leyes vigentes, y no así en una ley derogada como es la Ley del Servicio Profesional Docente, por lo que no deberá aplicarse bajo ningún concepto o circunstancia.
Otra irregularidad tiene que ver con los criterios de desempate porque se impone a los trabajadores de la educación que participen en dicha convocatoria, lo cual es una medida subjetiva porque da voto de calidad a la autoridad educativa comunitaria o sindical al establecer que se deberá de mostrar de manera documental el reconocimiento de las autoridades educativas o sindicales mediante cartas de recomendación.
Con esa disposición, agrega el amparo, se violan los derechos humanos de igualdad a los trabajadores de la educación, sujetándolos a una evaluación subjetiva al requerirles una recomendación de las autoridades pese a que no deben ser juez y parte en el proceso de cambios.
