Profepa no avisó a Semarnat sobre verificación de derrame tóxico en San Martín, Sombrerete

Profepa no avisó a Semarnat sobre verificación de derrame tóxico en San Martín, Sombrerete
Grupo México derramó 20 mil litros de agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros” a suelo natural, que terminaron en el cauce del arroyo El Salado ■ foto: cortesía de profepa

■ Minera de Grupo México vertió 20 mil litros de agua con sedimentos en arroyo El Salado

■ La empresa, propiedad de Germán Larrea, ocasionó en 2014 una de las tragedias ecológicas más grandes al arrojar metales pesados a los ríos Bacanuchi y Sonora

 

Seis días después que Grupo México derramara 20 mil litros de “agua con sedimentos de la tubería que condujo jales mineros” a suelo natural, que terminaron en el cauce del arroyo El Salado ubicado en San Martín, Sombrerete, la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un comunicado al respecto donde prácticamente reproduce lo dicho el pasado 10 de mayo sobre el hecho por la empresa, que falló en una válvula cuando se hacían trabajos de mantenimiento y rehabilitación.

La dependencia que encabeza en la entidad María del Rocío Salinas Godoy omitió en el texto el nombre de la responsable del derrame, refiriéndose a ella sólo como “una empresa minera”.

No obstante, cabe recordar que Grupo México propiedad de Germán Larrea Mota Velasco ocasionó en 2014 una de las tragedias ecológicas más grandes en la historia de la minería en el país al arrojar a los afluentes de los ríos Bacanuchi y Sonora, 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico con 700 toneladas de metales pesados procedentes de su Mina Buenavista del Cobre.

El boletín de la dependencia no informa la fecha en que la Mina San Martín de la subsidiaria de Grupo México, Industrial Minera México S.A. (IMMSA) vertió las sustancias presumiblemente tóxicas al ambiente manejando a cambio el término de “en días recientes”; y aquella en que la empresa notificó el hecho al Centro de Orientación para la Atención de Emergencias Ambientales (Coatea), así como la correspondiente a la visita de inspección que realizó la propia Profepa al lugar.

El titular de la delegación en la entidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), José Luis Rodríguez León, dio a conocer a este medio que tal visita se llevó a cabo el pasado 11 de mayo (tres días después del derrame), y que no fue notificado por Profepa del asunto, sino que se enteró en primeria instancia a través de medios periodísticos.

El reporte de Profepa sostiene que “el arroyo se encontraba seco” y los “rastros del derrame se observaron hasta la intersección donde la comunidad San Martín descarga aguas negras”.

Señala que aunque “la empresa” hizo ya limpieza en la zona, los inspectores “encontraron rastros de sedimentos en algunas partes del cauce”, y asegura que “no se observaron áreas afectadas de cultivo”.

La misma dependencia federal informó que “se inició el procedimiento administrativo mediante un reporte técnico de la visita para el emplazamiento donde se dictarán medidas de aplicación urgente como la limpieza total del derrame y la caracterización del suelo con base en la NOM-147-SEMARNAT/SSA1-2004 para determinar las concentraciones de remediación de suelos por metales pesados”.

La primera de las fuentes que informaron de este derrame fue el secretario de la Sección 201 de Sindicato Nacional de Mineros (SNTMMSySRM), José Núñez Vázquez, el 9 de mayo (un día después de ocurrido), el día 12 recuperó el tema el secretario general del gremio y actual senador de la República, Napoleón Gómez Urrutia, quien lo ventiló en ese foro instando a Profepa, Semarnat y la STPS para intervenir alertando sobre posibles daños ambientales.

Al respecto del caso sonorense que sentó un precedente histórico sobre el actuar de Grupo México, el periódico Excélsior recuperó en 2018 datos que catalogó de “escalofriantes” del informe final de un diagnóstico ambiental elaborado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y pagado por el Fideicomiso Río Sonora que habla de “la presencia de arsénico en lácteos, plomo en frutas y hortalizas y cadmio en maíz y sorgo”, lo que implicaría que un 70 por ciento de los niños del municipio San Felipe de Jesús ubicado en la cuenca de ese afluente tuvieran altos niveles de plomo en la sangre, “lo que representa un alto riesgo para su salud”.

El medio nacional señaló que este documento fue “escondido durante dos años por Grupo México” y observó la existencia de una contradicción fundamental, la elaboración de este informe por parte de la propia empresa a través del citado fideicomiso “que concluye que hay afectaciones que se tienen que remediar, y por otro lado el gobierno diciendo –que- el programa de remediación está cerrado”.

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