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Omisiones, corrupción y privilegios, causa de la actual crisis educativa

Omisiones, corrupción y privilegios, causa de la actual crisis educativa
A la Federación pareció no interesarle demasiado la integración rápida y sólida de los subsistemas, ni a los gobiernos concluir una tarea que nunca sintieron como propia ■ foto: la jornada zacatecas

■ El detonante, Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica suscrito en 1992

■ SNTE aprovechó la oportunidad para realizar de manera particular negociaciones en cada una de las entidades al margen de la negociación nacional

■ Mediante el FONE algunos estados en situación de privilegio han hecho negociaciones que les beneficiaron al federalizar a todo su personal, pero Zacatecas no

 

La crisis financiera en el sistema educativo de Zacatecas tiene su origen en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) que, suscrito en 1992 con la Secretaría de Educación Pública (SEP), pretendió instaurar un federalismo que a final de cuentas no se implementó a plenitud y, contrario a ello, derivó en negociaciones perversas.

El ANMEB permitió a Zacatecas posibilidades de avanzar en la operación del servicio educativo, tanto en el aspecto técnico y pedagógico como en lo administrativo, pero hubo una falsa concepción del SNTE sobre la concurrencia de los estados y aprovechó la oportunidad para realizar de manera particular negociaciones en cada una de las entidades al margen de la negociación nacional.

En consecuencia, se presentaron una gran diversidad de prestaciones que trajeron consigo un caos administrativo y financiero en la mayoría de los estados, especialmente en Zacatecas donde el gobierno de la entidad cedió una quincena extra por el Día del Maestro, 90 días de aguinaldo, pago de permisos económicos no disfrutados, prerrogativas económicas a líderes por la firma de las minutas respectivas, entre otras.

Es decir, lo que en el fondo era una oportunidad de inversión estatal a través de la concurrencia para invertir en programas de mejora, de inversión o de operación, se transformó en negociaciones perversas y fuera de orden.

Dentro de este caos y desorden, el Gobierno Federal ha vuelto a tomar el control de la nómina a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), pero algunos estados en situación de privilegio han hecho negociaciones que les beneficiaron al federalizar a todo su personal, mientras que otros como Zacatecas quedaron a la deriva, sin la capacidad financiera para solventar al sistema educativo descentralizado.

El federalismo, como doctrina y sistema de organización jurídica, tiene su base en la asociación voluntaria de las partes y en la delegación de porciones de soberanía de la periferia al centro. En ese sentido, el ANMEB, de mayo de 1992, no fue un pacto federalista sino la transferencia de responsabilidades y recursos del gobierno central a los estados.

La descentralización que se instauró a partir de ese acuerdo pretendió la redistribución del poder y otorgar mayores grados de autonomía a las entidades, a fin de recuperar una legitimación erosionada, concediendo poco, transfiriendo responsabilidades y buscando descentralizar el conflicto.

Es decir, la intención fue que el Gobierno Federal mantuviera la dirección política y normativa, de manera que los gobiernos estatales no poseen los mecanismos apropiados para controlar la educación. En México, el poder delegado a las entidades es precario e, incluso, puede ser ficticio.

Han pasado 26 años desde que se firmó el ANMEB y la federalización educativa aún no concluye en la mayoría de los estados del país, lo que se debe a que el objetivo fue descentralizar parte de la educación, sobre todo lo que tiene que ver con la implementación de la política educativa.

Había que descargar a la Federación de una buena parte de esta exhaustiva tarea que es la educación, y qué mejor que los gobiernos estatales para encargarse del área operativa. Pero al mismo tiempo, otro de los propósitos de la descentralización fue que la Federación nunca perdiera el control del sistema educativo nacional, por lo que conservó para sí las principales tareas, tales como la normatividad, el financiamiento y la evaluación.

Aunado a ello, una vez que la Federación tomó la decisión de descentralizar la educación, los estados no participaron, ni mucho menos reclamaron que les asignaran tareas meramente operativas.

De esa manera, la desigual asignación de atribuciones marginó a los estados de algunas decisiones “centrales” en educación, en todo el sentido del término: decisiones geográfica y estratégicamente centrales que quedaron bajo custodia de las autoridades del centro.

Ante esas condiciones de inequidad, el motivo por el cual los estados no se han interesado en federalizar la educación es simplemente por falta de voluntad política de los gobiernos para concluirla, además que esa descentralización, ha servido como una forma de administrar el conflicto: dispersándolo y transfiriéndolo a otras instancias de gobierno.

En apariencia, el gobierno central cumplió con su parte en la federalización educativa al transferir los servicios educativos a los estados. Las autoridades centrales, en efecto, transfirieron con relativa velocidad y eficiencia la gigantesca administración educativa a las autoridades de los gobiernos estatales.

Sin embargo, una vez descentralizados los servicios de educación, la Federación, sin embargo, se desentendió de lo que correspondería a una “segunda fase de la federalización” que se refería a la integración de los subsistemas en el terreno educativo local, esto es, en el ámbito de las entidades de la República.

A partir de la conclusión de la transferencia de los servicios, correspondería, en primera instancia, a las autoridades educativas locales la conclusión de la puesta en marcha del federalismo educativo. La llamada integración de los subsistemas, entonces, era la primera tarea de las autoridades educativas locales, lo cual es más complejo que la simple transferencia de los servicios educativos de un orden de gobierno a otro.

Destaca el cambio de actitud del Gobierno Federal, primero ejerciendo una fuerte presión para firmar el ANMEB y, después, mostrando un desinterés que en la práctica se traducía en un débil apoyo para su concreción. En otras palabras, a la Federación pareció no interesarle demasiado la integración rápida y sólida de los subsistemas, ni a los gobiernos concluir una tarea que nunca sintieron como propia.

El discurso del ANMEB y su propuesta se incrusta, pues, en un complejo proceso de reordenación y reestructuración del sistema educativo y sus propuestas centrales, aumentar los recursos dedicados a la educación, alcanzar la excelencia educativa, poner en marcha la reformulación de los nuevos contenidos educativos y el establecimiento del federalismo educativo.

No obstante, las responsabilidades del Gobierno Federal, estatal, municipal y los Consejos de Participación Social, indican que el federalismo educativo no promueve una verdadera autonomía y lo único que concede el federalismo educativo a los estados y municipios es la capacidad de formular propuestas que deben ser presentadas a los organismos centrales.

Haber incluido el tema de la educación en las agendas locales de gobierno, fue el primero y más evidente de los logros de la descentralización. A partir de la firma del Acuerdo, la educación dejó de ser una preocupación casi exclusiva del gobierno central para convertirse también en una prioridad de los ejecutivos estatales.

Fue así, por medio de la federalización, como la educación pública se convirtió para algunos gobiernos estatales en banderas de negociación política frente a la Federación y al magisterio.

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