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martes, 19 marzo, 2024
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Sigue abierta pesquisa por presunta red de empresas fantasma: PGR

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Por: La Jornada •

Ciudad de México. Las indagatorias sobre la presunta red de empresas fachada que triangularon una suma millonaria en varios países para simular una compra-venta de una nave industrial con valor de 54 millones de pesos que benefició al candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, inició desde octubre de 2017.

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La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó que mantiene abierta una carpeta de investigación por lavado de dinero que inició el 26 de octubre de 2017, tras recibir una denuncia sobre hechos posiblemente constitutivos del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, emitió una alerta migratoria para evitar la fuga del país de Manuel Barreriro, otro de los involucrados.

“El agente del Ministerio Público de la Federación ha realizado diversas diligencias, como cateos, solicitud de alertas migratorias, así como, bajo el principio de lealtad del Sistema Penal Acusatorio, citó a diversas personas, quienes acudieron a rendir su declaración” indicó en un comunicado sin detallar el caso al que se refiere.

Sin embargo, fuentes federales confirmaron que se trata del mismo caso expuesto el martes por el abogado Xamán McGregor y en el que se involucra al candidato panista y al empresario queretano Manuel Barreiro, así como a sus clientes, Daniel N y Alberto N, en dicha triangulación.

El abogado sostuvo que la compra una empresa de Anaya compró a Barreiro un terreno en 10 millones de pesos, y y tras triangular recursos por paraísos fiscales, el mismo Barreiro le compró a Anaya el lote ahora en calidad de nave industrial en 54 millones de pesos.

La PGR informó que dos de las personas citadas a declarar solicitaron se les aplique alguna de las figuras jurídicas nuevas contempladas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Fuentes federales confirmaron que la figura que buscan Daniel N y Alberto N es el mecanismo de “criterio de oportunidad”, la cual les permite reconocer su participación en un ilícito pero resarcir el daño y no ser juzgados.

“Esta Procuraduría se encuentra realizando el análisis de la petición bajo el criterio de objetividad, sin discriminación y evaluando las circunstancias especiales del caso, para estar en condiciones de resolver si son acreedores a que les sea autorizada la aplicación de la figura jurídica solicitada, lo anterior de conformidad con los parámetros previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, agregó la dependencia.

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