La reciente información de que, por unanimidad, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un presupuesto de 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de los partidos políticos y candidatos independientes de cara a las elecciones del próximo año, que será el más alto de la historia que el Estado mexicano destinará a financiar la política, ha reforzado la inconformidad, y de poco ha servido que el consejero presidente del INE diga que “este proyecto de acuerdo no es una determinación arbitraria del INE, sino la aplicación de una fórmula de cálculo de la bolsa de dinero público que ha generado un consenso político y que se ha plasmado en la Constitución”. Y que ese presupuesto “genera y es la base para propiciar condiciones de equidad, autonomía de la política frente a los intereses privados o eventualmente ilegales”. Para contextualizar las palabras de Lorenzo Córdova es necesario traer a la memoria que en la doctrina electoral mexicana, el financiamiento público a los partidos tiene tres objetivos centrales: Garantizar que tanto partidos como candidatos cuenten con los recursos necesarios para funcionar y realizar sus campañas bajo cierta igualdad de condiciones; complementar y fomentar la recaudación de ingresos de otras fuentes en condiciones de transparencia y bajo ciertas restricciones que impidan la influencia desmedida de grupos con poder económico y; fomentar la participación ciudadana y su inclusión en los órganos del poder público.
Durante el lapso que va de la reforma electoral de 1977, que permitió el registro legal de los partidos de izquierda en México, hasta la alternancia en la presidencia de la república en el año 2000, ocurrió un avance gradual hacia elecciones cada vez más competitivas y transparentes, y la integración de un sistema de tres partidos competitivos, dos medianos y otros tres francamente pequeños. Pero en lo que va del presente siglo sólo podemos registrar retrocesos importantes, casi todos ellos relacionados con los recursos económicos crecientes, legales e ilegales, que se destinan a financiar las campañas políticas. Junto con una serie de reformas electorales, el financiamiento público permitió el surgimiento y consolidación de corrientes electorales importantes de oposición real al PRI, así como la creación y sostenimiento de un sistema plural de partidos; sin embargo, también es cierto que la reforma que permitió la asignación gratuita a los partidos de tiempos en la radio y la televisión, no fue acompañada de las necesarias para incrementar la participación ciudadana, disminuir en cantidad equivalente el financiamiento en dinero, ni para crear las instituciones para fiscalizar en serio los gastos de campaña, ni el financiamiento ilegal de los gobiernos, de algunos empresarios, y hasta de grupos criminales. De manera que hoy existe una gran inconformidad con la calidad de la democracia que vivimos, con el costo de los procesos electorales en su conjunto, el financiamiento abusivo al sistema de partidos, pero también con el desempeño de los árbitros electorales que han sido incapaces de contener la compra de votos y de proponer las reformas que, a su juicio, son indispensables para lograrlo. Los procesos electorales de este año crearon la peor de las atmosferas para la elección del 2018.
Desde mi punto de vista, la reacción de indignación frente a los montos aprobados para los partidos políticos es más que justificada, pero también se justifica cuidar que el remedio no sea peor que la enfermedad, supuesto en el que caeríamos si se elimina por completo el financiamiento público. No creo que muchos mexicanos deseen en serio que la normatividad electoral entregue el monopolio en el acceso al poder público solo a las personas que aseguren subordinación a los empresarios mexicanos que aparecen en los primeros lugares de la lista de los más ricos del mundo ni, mucho menos, de los grandes capos del crimen organizado, de manera que una solución podría ser la que contenga los siguientes elementos:
Hacer obligatorio el voto de los ciudadanos.
Prohibir a los partidos gastar más dinero que el que reciben del Estado mexicano. La sanción a la violación de esta regla debe ser la pérdida del registro. Los partidos no deben ser cómplices de gobernantes venales ni instrumentos para el lavado de dinero. En los tiempos que vivimos en México, permitir las aportaciones privadas es la vía más segura para el involucramiento de las redes de corrupción y del crimen organizado.
Disminuir el financiamiento público en un monto equivalente al que reciben en especie en tiempo-aire y espacios en el sistema de medios de comunicación. Transformar los spots de 30 segundos en capsulas entre 3 y 5 minutos para levantar la calidad del debate de ideas.
Sancionar con rigor a las cúpulas partidarias que concentren el gasto público y no rindan cuentas a la autoridad y a sus bases.
Elevar a 5 % de la votación valida el umbral para que los partidos reciban financiamiento público.
Eliminar algunos de los procedimientos más costosos incluidos en la normatividad electoral, y que su inclusión se debió a circunstancias que han cambiado, como la capacitación de millones de personas antes de cada proceso electoral, para integrar las mesas directivas de las casillas. A estas alturas ya existen millones de mexicanos capacitados para esa labor.
