Inicio este artículo con una definición muy general: El Estado es un conjunto de instituciones y de relaciones sociales (contenidas en el sistema legal de ese estado) que ejercen su dominio sobre un territorio y sus habitantes. Esas instituciones tienen como último recurso para hacer efectivas las decisiones que toman, el monopolio del control de los medios de coerción física, y de la autorización de su utilización legítima dentro del territorio que dominan. En una de sus dimensiones el Estado es un conjunto de burocracias, entendidas como organizaciones complejas y jerárquicamente estructuradas que tienen legalmente asignadas responsabilidades orientadas a lograr o proteger algún aspecto del interés común, como la educación o la salud. La medida en que sus burocracias cumplen esas responsabilidades marca el grado de eficacia del Estado. El Estado es también un sistema legal cuyas reglas penetran y codeterminan numerosas relaciones sociales. En los Estados democráticos la conexión entre las burocracias del estado y el sistema legal es íntima: las primeras solo deben actuar de acuerdo con las facultades y responsabilidades que les son asignadas en el sistema legal. Esta es la medida de la efectividad del sistema legal del Estado. Juntos, las burocracias del Estado y la legalidad sólo se entienden si generan, para los habitantes de su territorio, el gran bien público del orden general y la previsibilidad de una amplia gama de relaciones sociales. Cuando las burocracias se desempeñan razonablemente bien, el Estado cumple su crucial papel de articulador y ordenador de la diversidad y pluralidad de las relaciones sociales en su territorio. Facilita la organización de los sectores sociales, orienta los conflictos hacia su pacífica resolución, provee valiosos bienes públicos como la seguridad y la justicia para todos, y resuelve o ayuda a resolver numerosos problemas de la acción colectiva. La dirección de las burocracias corresponde a los gobiernos.
Ahora bien, si entendemos por régimen los patrones, formales e informales, explícitos e implícitos, que determinan los canales de acceso a las principales posiciones de gobierno, las características de los actores que son admitidos y excluidos de tal acceso, los recursos y las estrategias permitidos para lograrlo, y las instituciones a través de las cuales ese acceso ocurre y, una vez logrado, son tomadas las decisiones gubernamentales, un régimen democrático será aquel donde el acceso a las principales posiciones de gobierno se logra mediante elecciones que son competitivas e institucionalizadas y en el que existen, durante y entre esas elecciones, diversas libertades políticas, tales como las de asociación, expresión, movimiento y disponibilidad de información no monopolizada por el Estado o por agentes privados. De acuerdo con esta definición, el régimen es una mediación entre el Estado y la sociedad que consiste de un conjunto de instituciones, reglas y prácticas que regula el acceso de los ciudadanos a las más altas posiciones en el Estado. En un régimen democrático el principal canal institucional está integrado por partidos políticos que compiten libre y equitativamente por ganar ese acceso. Bajo este régimen el resultado de esa competencia determina quiénes ocupan por un tiempo determinado las posiciones gubernamentales.
Si en un Estado determinado el sistema legal sanciona y respalda los derechos y libertades del régimen democrático, y las instituciones pertinentes actúan orientadas a hacer efectivos e implementar cada vez más derechos, implicados por una democracia más plena, va dejando de ser un Estado que sólo alberga un régimen democrático pero que puede conservar numerosos bolsones autoritarios. Tiende entonces a convertirse en un estado realmente consonante con la democracia, en un estado de y para ella o, más simplemente, un Estado democrático.
Lamentablemente, el Estado mexicano ha venido deteriorándose a un ritmo creciente en todas sus dimensiones y tiende a convertirse en un futuro cercano en un Estado fallido. Ya no garantiza la seguridad y la justicia para todos ni ejerce el monopolio de la violencia legítima en porciones crecientes del territorio nacional. Las burocracias ya no consideran su principal responsabilidad la vigencia efectiva de cada vez más derechos para todos los habitantes, sino que han sido deformadas por sucesivas autoridades políticas en instrumentos para la reproducción del poder político del grupo en el poder o, lo que es peor, en maquinarias capturadas por intereses ilegítimos de muy diverso tipo, lo que está produciendo una desafección masiva de la población. El ejemplo más grave es el de la convicción de que de nada sirve denunciar delitos por la impunidad rampante que padecemos, pero en general la población no percibe que las muy diversas burocracias entienden que su función es procurar el bienestar común.
Si a ello le agregamos el tremendo deterioro del régimen político en todas sus etapas y componentes: descomposición del sistema de partidos hasta la actual falta de representación, la compra venta masiva de votos, la actuación facciosa de autoridades electorales y medios de comunicación y, lo peor, la tremenda corrupción en el ejercicio del poder, entenderemos que la situación es muy grave, y que es la explicación de la facilidad con la que muchas personas, la mayoría jóvenes, están transitando hacia las organizaciones criminales de muy diverso tipo. Hay que detener ya la degradación hacia el Estado fallido, e iniciar la construcción de un verdadero Estado democrático. ■
