■ Canal 20 TV tiene una “concesión de uso social”; mayoría de la programación es música grupera
■ Se busca que no todo sea una televisión para jodidos, opina el periodista Jenaro Villamil
Rafael Eslava Herrada, titular de la Unidad de Concesiones y Servicios del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), a quien se le puso a consideración el caso del Canal 20 TV, una “concesión de uso social” que no obstante involucra en sus contenidos mayoritariamente programación de música grupera aun cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF 24/07/2015) se define al perfil por sus “propósitos culturales, científicos, educativos” o dirigidos a la comunidad, que “si de verdad tenemos un caso como éste” se abocará a que se cumpla “el espíritu de la Ley” y que esas concesiones “no se desvíen del uso para el que fueron otorgadas”.
Ya Jenaro Villamil en noviembre de 2015 había referido como violatorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones el otorgamiento de esta concesión por involucrar a José Bonilla Robles, empresario de medios, concretamente del Grupo B-15; cuyo hijo, Adolfo Bonilla Gómez, al momento de conseguirla era senador por el estado de Zacatecas.
El colaborador de Proceso precisó que las concesiones de uso social de televisión radiodifundida digital otorgadas por el Ifetel a empresarios de medios de comunicación violaban “el espíritu y la letra de la Ley” y por tanto observaba que deberían de haberles sido retiradas.
El tema involucra en Zacatecas además, a Arnoldo Rodríguez Zermeño y José Aguirre, propietarios de Grupo Radiofónico Zer y TVZAC, respectivamente.
El periodista habló también de un acaparamiento del espectro radioeléctrico por parte de los empresarios de medios, que contraviene la figura legal de las concesiones sociales que tienen como objetivo abrir espacios a las asociaciones, sociedad civil, medios indígenas y comunitarios.
“Se busca que no todo sea una televisión para jodidos como siempre han pensado los concesionarios –privados- sino hacer una televisión que forme y comunique un punto de vista distinto, que difunda cultura y divulgue ciencia, y que muestre la agenda de los derechos sociales, ya sea ambientales, humanos, etcétera”, expuso en aquella oportunidad.
No obstante el señalamiento, Rafael Eslava Herrada aseguró en entrevista realizada en su visita reciente a la entidad, que “para el otorgamiento de concesiones hay un marco legal que establece con toda claridad los requisitos” que deben cumplirse a efecto de que alguien pueda acceder a ellas, sean de telecomunicaciones o de radiocomunicación, y que ha verificado el Ifetel para concederlas, afirmó.
Dijo asimismo que posteriormente al otorgamiento de la concesión, el Ifetel debe verificar que “realmente esté destinada” al uso para el que se concedió, en este caso, “uso social”.
El Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene esta facultad que ejerce de manera continua y recurrente, no obstante comentó, tiene una fuerza humana restringida que no le permite hacer la verificación de los cerca de 5 mil concesionarios existentes en el país, tanto de radio como de televisión.
Por esa razón el Ifetel ha establecido dos medios para realizar estos procedimientos, las denuncias anónimas en su portal web para el caso de las “estaciones pirata”, y la presentación de denuncias formales por la vía escrita ante la oficialía de partes de la institución.
“Y nosotros le daremos el cauce correspondiente para verificar su procedencia o no”, lo que tendría como consecuencia sanciones que pudieran implicar la revocación de la concesión, dijo.
Recordó además sobre las concesiones de uso social que involucran como primera disposición el que “no pueden comercializar espacios publicitarios ni lucrar con el servicio que está brindando a la población”.
“Eso no quiere decir que no pueda acceder a ingresos, pero éstos tienen que ser reinvertidos en la operación de la estación. No debe haber una ganancia de parte de los integrantes de la asociación o de la persona física que ostente la operación, ésa es la característica particularísima de las concesiones”.
