Desecha la Legislatura demanda de juicio político contra diputados

Desecha la Legislatura demanda de juicio político contra diputados

■ La queja no procedió porque los documentos presentados fueron insuficientes, afirmaron

■ Los quejosos interpondrán un amparo en contra de la resolución ante un juzgado de distrito

El pleno de la 60 Legislatura desechó la demanda de juicio político interpuesta por Santos Antonio González en contra de los integrantes de la Comisión de Planeación Patrimonio y Finanzas (PPF), a quienes acusaron de no haber pagado a un ex diputado suplente y otro en funciones las herramientas legislativas que se les otorgan cada mes, para dar apoyos de gestión y que equivalen en su conjunto a un millón de pesos para cada uno.

Gustavo Torres, después de haber ingresado al Congreso en suplencia de Benjamín Medrano y, Miguel González, en reemplazo de Gustavo Muñoz Mena, se quejaron de no recibir el dinero de las denominadas herramientas, mismas que ya se habían gastado los propietarios de la curul o se desconoce quién; es así que decidieron promover un juicio político en contra de Osvaldo Contreras, Ana María Romo, Ramiro Rosales y Geovanna Bañuelos por ser lo integrantes de la comisión que maneja las finanzas del Congreso.

Sin embargo, por mayoría los legisladores consideraron que no era procedente la queja porque los documentos presentados fueron insuficientes.

Ante eso, Gustavo Torres anunció que como inconforme, junto con González interpondrá un amparo en contra de la resolución ante un juzgado de distrito y en su caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamar lo que les corresponde.
El juicio político en contra de algunos diputados también lo habían presentado los ex suplentes, Jesús González Palacios y Fernando Galván, sin embargo se desistieron y el Congreso les dio sus alrededor de 100 mil pesos de liquidación por los meses que laboraron.

Fueron las Comisiones de Puntos Constitucionales y Jurisdiccional las encargadas de dictaminar la demanda de juicio político, misma que se discutió ayer en sesión de periodo extraordinario y que a excepción de Torres -quien se abstuvo del voto- el resto consideró que no dio a lugar la queja porque los argumentos vertidos fueron insuficientes.

Osvaldo Contreras, presidente de la PPF, declaró que los diputados inconformes llegaron al Congreso con la idea de que tendrían muchos privilegios, como un auto para cada uno. Agregó que si el dinero de las herramientas no se les dio, fue porque los titulares de las curules ya lo habían entregado en becas y gestión.

Por otro lado, en la sesión extraordinaria, por unanimidad los legisladores aprobaron algunas reformas a la Ley de Fiscalización Superior a fin de homologarla con la Ley de Contabilidad Gubernamental Federal y, por ende, Zacatecas esté acorde al Consejo Nacional de Armonización Contable.

De modo que las cuentas públicas de los municipios deberán hacerse con un mismo sistema administrativo para tener criterios contables iguales y, por ende, indicadores claros.

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