Fernando Escalante Gonzalbo, sociólogo y autor, compiló en 2023 varios ensayos suyos en un libro tan breve como extraordinario titulado “México: el peso del pasado. Ensayo de interpretación, donde se reúnen sus textos “Ayer y hoy”: “Ruinas de San Garabato. Arqueología mínima del PRI”; “El Ejército no es El Pueblo”; “Nuestra violencia”; y “Esas cosas pasan”. Desde sus renglones nos invitan no solo a la pensar, como lo dice Héctor Aguilar Camín en el prólogo, sino, sobre todo, a preguntarnos más sobre el conjunto de circunstancias que nos trajeron hasta donde estamos, quizá con ello, encontremos nuevas respuestas que, a su vez, nos coloquen en el camino de salida de la crisis que enfrentamos.

Hace algunos meses apareció en Nexos el texto “Ayer y hoy” en el que describe con excepcional claridad las reglas, bases y causas del sistema político mexicano que gobernó el país en la etapa posrevolucionaria, hasta su agotamiento y sustitución por lo que él mismo llama “el régimen de la transición”, en el que, las reglas del pasado no pudieron ser superadas por la legítima aspiración del pueblo mexicano a un Estado de derecho al estilo de las democracias modernas.  Escribe el autor sobre el mencionado régimen de la transición: “tuvo éxito en muchas cosas: en la reorganización de la economía mediante el TLC, la autonomía del Banco de México, la liberalización de los mercados, y des luego en la organización de las elecciones por parte del IFE, que era el buque insignia. No obstante, como es obvio, y no podía ser de otra manera, hubo también problemas que lastraron su evolución. Lo más evidente, la desigualdad económica, que se inscribía además en el territorio, en la distancia entre un país urbano, industrial, vinculado a Estados Unidos, sobre todo en el norte y el occidente, y un país mucho más rural, más pobre, mal comunicado, en el sur.” Fin de la cita.

También identifica Escalante Gonzalbo el 2006 como el punto en el que las expectativas hicieron agua. Entre la crisis de seguridad, la económica y la de la democracia electoral del consenso, también cesó lo que él mismo llama paréntesis civilista, pues a partir de ese año el empoderamiento del ejército se vuelve gradual hasta llegar al punto culminante en el que hoy nos encontramos. 

Es el acuerdo de la clase gobernante, sus reglas y arreglos, así como la violencia, nuestra violencia, el par de hilos conductores que nos permiten recorrer los escritos que podrán encontrarse en el libro que recomiendo. Nos permite volver sobre nuestros pasos para recuperar, con análisis crítico, al pasado, sus éxitos, sus logros, pero también sus pendientes, sus insolencias e indolencias. El país que pasó de una revolución social que trastocó el injusto régimen porfirista a uno de incipientes instituciones que permitieron progresos innegables a la luz de la estabilidad política. El país que superó ese sistema para fracasar en su intento de consolidar uno que le cumpliera la promesa del futuro que sigue pendiente, quizá más que nunca, en su vertiente liberal-democrática y constitucional, con la mirada puesta en otra asignatura siempre latente: nuestra añoranza de igualdad y justicia social.

@CarlosETorres_

El 15 de marzo de 2025 la Dra. Jenny González Arenas, secretaria general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) denunció que “el gobierno del Estado le debe 265 millones de pesos a la UAZ y el rector no hace nada para recuperarlos”. Y añadió que fue el proceso de huelga lo que permitió al sindicato conocer esa información. Tal adeudo corresponde, al parecer, al apoyo del cierre del año 2022 y debieron entregarse en 2023 (“SPAUAZ revela la deuda estatal a la UAZ y cuestiona el silencio del rector” El Sol de Zacatecas, 15/03/25). No deja de ser importante el énfasis que coloca la líder del SPAUAZ en que fue la huelga lo que permitió el acceso a esa información. Resulta revelador que, en diciembre del año 2021, el entonces secretario general del SPAUAZ, Ing. Juan José Martínez Pardo realizó una denuncia similar, pues tras una consulta a la plataforma de transparencia de la Dirección General de Educación Universitaria e Intercultural quedaba claro que el gobierno del Estado debía 272 millones por concepto de subsidio ordinario (“El gobierno del Estado de Zacatecas debe 284 millones a la UAZ” La Jornada Zacatecas, 10/12/25). No hubo necesidad de huelga para lograr esa información y hacer el reclamo. Tampoco fue necesario, como lo hicieron los asesores de González, referirse a las “agallas del rector”. De hecho, González ya conocía esa información desde antes de la huelga pues la leyó, o se la leyeron sus asesores, en los “convenios de apoyo financiero” que son públicos y están en las plataformas de la secretaria de educación del gobierno federal. Si se leen con detenimiento, en esos convenios queda claro que los rectores se comprometen a lleva a cabo acciones que a veces cumplen y a veces no. Por ejemplo, el Dr. Antonio Guzmán Fernández se comprometió a despidos, modificación del contrato y desaparición de plazas. Como es bien sabido el programa de despidos no funcionó muy bien, la modificación del contrato la hizo, pero tan mal que tuvo que retractarse y en cuanto a la desaparición de plazas, por más que hoy pretenda recuperarlas, pues ya las “desapareció”. Sin embargo, las declaraciones contra el gobierno del Estado conllevan una intención: el conflicto. La pretensión era que el rector encabezará esa reyerta, pero con sagacidad decidió omitir esas querellas. Los que parecen ensimismados en sacar adelante ese conflicto son los oscuros contadores del SPAUAZ que “descubren” dineros adeudados en documentos que obtienen por medio de la lucha. Esto son fantasías, los leen en las plataformas de transparencia, los solicitan a rectoría y a través de otros medios y dicen haber descubierto algo. Aparece una nota el miércoles 19 de marzo “Gobierno de Zacatecas niega adeudos a la Universidad” (El Sol de Zacatecas, 19/03/25) en la que el secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza negó que el Gobierno del Estado tenga adeudos con la Universidad, y resaltó que para el año de 2024 la suma acordada fue de 739 millones de pesos y se entregaron 746 millones de pesos. Por supuesto, la dirigencia del SPAUAZ no acepta tales declaraciones y la Dra. González comentó que, de acuerdo al convenio de apoyo financiero para el año de 2025, el gobierno del Estado se compromete a pagar adeudos anteriores, en este caso, los 265 millones del año 2022 (“SPAUAZ exige pruebas del pago del adeudo estatal a la UAZ” El Sol de Zacatecas, 21/03/25). Como ya se mencionó, desde diciembre de 2021 se debían 272 millones, más los del año 2022 suman 537 millones. Hay aquí un problema muy grave. La propaganda del sindicato en relación a los logros de la huelga asegura que se obtuvo un incremento salarial neto de 4.6%. Pero esto no está en ningún documento. En el convenio de levantamiento de huelga el incremento es de 4 % directo al salario y 1% en un bono distribuido a lo largo del año. Los bonos no son incremento salarial, eso debería ser claro. ¿Es ese el tipo de “contabilidad” que utilizan los asesores de la Dra. González? ¿Atizan un conflicto con gobierno del Estado con datos ambiguos o mal leídos? Al contrario, el intento consiste en llevar a la rectoría a un agotamiento en vísperas del proceso electoral. No pudieron, pero se mantienen en ese asunto y la disputa se les revierte pues es su candidata la que, por mantenerse en lucha, se agota. De la misma manera, al no lograr demostrar que se superó con la huelga lo ofrecido antes de la misma, se agotan en discusiones perdidas que abusan de la ignorancia de los docentes. Un punto a debate es si el sindicato debe actuar como “contralor” de la administración central, pues debido a la perniciosa influencia de algunos asesores, la dirigencia del SPAUAZ enfatiza la transformación de la lucha gremial en un asunto de administración de dineros. Sus acólitos lo han dicho: se debe arrebatar a la rectoría el control del presupuesto. Pero esto es una batalla desplazada, pues lo que ellos pretenden es la rectoría de la UAZ y utilizan al sindicato como instrumento. A esto se deben oponer los auténticos sindicalistas.

El pasado 18 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en palacio nacional con los integrantes de la comisión única de negociación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE, donde se comprometió a retirar la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE que había enviado el mes anterior al congreso de la unión. Esa decisión, deja mal parado al “senador morenista” y dirigente del SNTE a nivel nacional Alfonso Cepeda Salas, quien, en cuanto supo de la propuesta del ley, rápido y presuroso se deshizo en halagos, elogios y hasta porras hacia dicha iniciativa enviada por la presidenta. Al hacer retroceder al gobierno de la república, la CNTE, además de anotarse un triunfo inobjetable, también consigue frenar la intención de aumentar las cotizaciones que aportan los trabajadores al ISSSTE.

Ese pequeño, pero trascendental detalle, no hace más que dibujar de cuerpo entero las dos posturas políticas, ideológicas y programáticas al interior del sindicato nacional de trabajadores de la educación, mientras que por un lado está la combativa CNTE que históricamente ha tenido su bastión principal en los estados del sureste mexicano aunque en las últimas décadas su presencia se ha extendido a todo el territorio nacional, consolidando contingentes importantes en el norte del país; en el lado opuesto se encuentra la cúpula que administra al SNTE, quienes poseen la representación legal del magisterio nacional, y que “por la buena o por la mala”, mantienen el control de la gran mayoría de las secciones sindicales del país.

La CNTE surge en 1979 como una propuesta alterna de sindicalismo a raíz del hartazgo de los trabajadores de la educación ante la actitud servil, corporativa, corrupta y represora que ejercía (hasta la fecha) el SNTE. Su postura política ha  sido muy clara, defender a ultranza los derechos colectivos de los agremiados por medio de una táctica y estrategia que se resume en 3 palabras “movilización, negociación, movilización”.

En contraste, aunque no lo definan en sus estatutos, ni en ningún documento oficial, queda muy claro, y la historia así lo demuestra, que la estrategia y táctica del SNTE es negociación, subordinación, negociación. Así es, aunque parezca chiste no lo es, las cúpulas del sindicato, primero negocian espacios de poder para unos cuantos, posteriormente se subordinan a los gobiernos en turno y producto de ese servilismo, vuelven a negociar puestos, candidaturas, bienes materiales o impunidad. Aunque usted no lo crea, esa estrategia les ha dado resultado por muchísimos años y con ello han mantenido un férreo control del magisterio nacional.

La CNTE es una organización política-ideológica al interior del SNTE que se ha caracterizado por oponerse a los atentados que han diseñado los gobiernos nacionales y locales en los que el gran perdedor siempre es el trabajador de “a pie”, mediante la movilización de las bases y la lucha permanente, se han logrado detener muchos embates de corte neoliberal contra la educación pública y gratuita. Fue la CNTE y nadie más, la que puso la sangre, los presos e incluso hasta los muertos, cuando los gobiernos neoliberales se ensañaron con mayor fuerza contra el magisterio nacional, me refiero a la ley del ISSSTE del 2007 y la reforma educativa del 2013.

El SNTE por el contrario, nació al cobijo del estado en 1943, con la clara intención de corporativizar y manejar al magisterio nacional en función de los intereses de las cúpulas gubernamentales y sindicales.  Incontables han sido las veces que los dirigentes del SNTE han usado a los agremiados como monedas de cambio para acceder a diputaciones, gubernaturas, senadurías y secretarias de estado. Los trabajadores de la educación son un simple número que sirve para que sus dirigentes exijan cuotas de poder y jugosas recompensas a cambio de sumisión y servilismo. El ejemplo más reciente de esa desfachatez sucedió hace menos de 2 meses cuando Alfonso Cepeda Salas, con las palmas de las manos todavía rojas de tanto aplaudir la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE salió a comprometer la afiliación de un millón y medio de trabajadores de la educación al partido MORENA, como si los docentes fueran de su propiedad y no tuvieran criterio ni voluntad propia.

La CNTE por el contrario, ha mantenido históricamente una posición apartidista, lo cual le ha permitido estar libre de ataduras para luchar contra cualquier gobierno, sea del color que sea. Su programa político suscribe como principales objetivos la democratización del SNTE, la educación y el país. 

Puede haber quienes, por ingenuidad o por conveniencia, consideren que la actitud domesticada y aduladora del SNTE es más efectiva para lograr conquistas en beneficio de los trabajadores, pero basta con voltear un poco a la historia de nuestro país para darnos cuenta de que todos los derechos sociales, políticos y laborales que hoy tenemos, son producto de procesos de luchas armadas como la revolución mexicana, de la resistencia civil pacífica o de movilizaciones populares y gremiales. Por lo tanto, con  la retirada de la propuesta de reforma a la ley del ISSSTE, una vez más, la historia (y la presidenta) le dan la razón a la combativa CNTE.

La semana pasada presenté un breve recuento de los múltiples agravios cometidos en contra el pueblo de Zacatecas durante el sexenio de Miguel Alonso quien, además, fue acusado de desviar 307 millones de pesos entre 2012 y 2016; tal como lo mencionamos, la deuda pública reconocida por el propio Alonso al término de su corrupta gestión fue de 7 mil 400 millones de pesos, lo cual, se traduce en un 208% de incremento. Sin duda, un sexenio priista muy desafortunado para todos, pues no se generó desarrollo, aumentó la pobreza, la migración, la inseguridad y el saqueo de nuestra riqueza natural, aunado al pisoteo de los Derechos Humanos Fundamentales de las comunidades que tienen la maldición de la abundancia mineral como en Salaverna, Mazapil. Por su parte, el sexenio de Alejandro Tello (Secretario de Finanzas y amigo de la infancia de Miguel Alonso) nunca brilló en estrategias para promover el progreso pues más de la mitad de los zacatecanos estaban sumidos en la pobreza y la desesperanza, Tello reconoció que el estado vivía una de las peores crisis de violencia en la historia reciente, por lo que solicitó el apoyo de la federación para superar el gran reto. Personalmente creo que el adeudo y la inconmensurable corrupción cometida por Alonso, no permitió que el periodo de Tello pudiera consolidar avances importantes en Zacatecas, por el contrario, fue un rotundo fiasco desde su origen; para empezar su Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 se integraba por los siguientes ejes rectores: 1. Gobierno Abierto y de Resultados; 2. Seguridad Humana; 3. Competitividad y prosperidad y 4. Medio Ambiente y Desarrollo Territorial; ejes enmarcados según Tello, en las políticas de austeridad, honestidad, eficiencia y eficacia. Por si esto no fuera poco, el citado plan, se alineó a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, lo cual se anunció con bombo y platillo, siendo que a la postre, Tello y sus corbatas rojas fracasaron contundentemente en los siguientes rubros: 1. Fin a la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e Infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsable. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 17. Alianzas para lograr los objetivos. Ya con puntualidad, el 25 de Julio de 2019 le escribía personalmente al Sr. Lorenzo Jiménez de Luis, en ese tiempo representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) una misiva en donde le expresé, entre otras cosas, que ya no teníamos tiempo para simulaciones y políticas públicas absurdas o desvinculadas de la participación ciudadana; que hacerlo de esa manera, era romper con los parámetros de la gobernanza ambiental y poner en riesgo a las presentes y futuras generaciones, por lo que en el caso de Zacatecas, era urgente una evaluación objetiva de lo que hasta entonces se había hecho en materia de desarrollo, pues la población seguía incrementando las cifras de la pobreza y la marginación en comunidades ausentes de calidad de vida, con niños y ancianos que bebían agua de charcos como en el África Subsahariana, con altos niveles de migración, desempleo y falta de oportunidades en general. En el tema ambiental comenté que las autoridades adornan los espacios públicos con pasto sintético; que prevalecía el interés económico de la industria minera que por siglos ha menoscabado el patrimonio natural de los zacatecanos. Otro descalabro más en materia de recursos hídricos era el referente a la presa “Milpillas” cuyo proyecto original, afectaría los intereses de otros municipios como Jiménez del Teúl y decenas de comunidades que hoy todavía se defienden heroicamente. Finalmente, concluyo que los dos sexenios priistas a los que me he referido, han sido un rotundo fracaso, las estadísticas y los hechos están ahí a la vista de todos, solo que entonces la estrategia de la oposición no era como ahora: manipular y domesticar a ciertos sectores de la población para que criticaran a ultranza lo que hacía o no hacían los gobernadores priistas en turno, así que me sorprende que antes no decía nada, adulaban la corrupción o formaban parte de ella por lo que muchos no tienen la entereza moral ni ética de ser los salvadores de Zacatecas.

Álvaro García Hernández

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