Por primera vez en la historia de México se realizaron elecciones generales para conformar un nuevo Poder Judicial, no a partir de negociaciones y acuerdos en las cúpulas institucionales, sino con base en la voluntad popular. Se consumó de esa forma el llamado plan C, el conjunto de reformas constitucionales aprobadas en los últimos días del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, las cuales, junto con la candidatura presidencial de la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, fueron una bandera principal del oficialismo en los comicios del 2 de junio del año pasado.

El argumento central de la Cuarta Transformación para pedir al electorado que le concediera la mayoría calificada necesaria para reformar la Carta Magna fue la necesidad de dejar atrás una judicatura frívola, dispendiosa, distante de la sociedad, próxima a los poderes fácticos –empezando por el poder del dinero– y propicia a la corrupción y a la connivencia con estamentos delictivos. A la postre, el plan C logró salir adelante tras arduas batallas legales, movilizaciones de la burocracia judicial, cuestionadas negociaciones legislativas y una virtual insurrección de la mayoría de ministros que ha controlado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde el 2 de enero de 2023, cuando Norma Piña Hernández llegó a la presidencia de ese organismo.

Con esos antecedentes, la elección judicial celebrada ayer enfrentó la enorme dificultad que entraña el poner en juego casi 2 mil 700 cargos de todos los niveles, desde las y los ministros de la SCJN hasta juezas y jueces distritales federales y estatales, de entre una infinidad de aspirantes, y por medio de una decena de boletas, con la emisión de varios sufragios en cada una de ellas. Para los poderes Ejecutivo y Legislativo, además del propio Judicial, la selección de aspirantes significó un arduo trabajo –no siempre con resultados impecables–, para el Instituto Nacional Electoral (INE) el diseño y la organización de unos comicios como el de ayer representó un esfuerzo mayúsculo.

En tanto, para la ciudadanía estas circunstancias obligaban a un extraordinario ejercicio de búsqueda de información, reflexión y debate a fin de configurar sus listados de opciones, llamados acordeones y sujetos de sospechas no necesariamente fundadas sobre el riesgo de que fuesen utilizados como instrumentos de inducción del sufragio.

A pesar de todas estas dificultades, la elección se llevó a cabo con saldo blanco, un número bajísimo de denuncias por presuntas irregularidades y una participación escasa, como era de prever, habida cuenta que los partidos políticos, mecanismos tradicionales de movilización del voto, hubieron de mantenerse al margen del proceso.

En principio, los comicios son un ensanchamiento fundamental e histórico de la democracia, entendida como la conformación de los poderes públicos a partir de la voluntad popular. Como proceso sin precedente, cabía esperar de ellos fallas y complicaciones, pero también, y por sobre todo, aprendizaje cívico. Por añadidura, la nación se sacudirá en breve de la descompuesta casta tribunalicia que controlaba el Poder Judicial, un saldo a todas luces positivo. Es previsible, finalmente, que la inminente transición en esa rama del Estado se realice con los menores conflictos posibles y que beneficie a quienes durante décadas han visto el ámbito de juezas y jueces como un estamento ajeno, oscuro, inalcanzable y, con frecuencia, contrario a los legítimos intereses de las personas justiciables.

Incapaces de ver la luna, sino obnubilados por el dedo que la señala, se evalúa desde la superficie la elección judicial. 

La oposición celebra participación del 13% o, más alegremente abstencionismo del 87% que traducen en automático en rechazo a la elección en sí misma. Olvidan que el promedio de participación en una elección presidencial es de 60% y a nadie se le ocurre que el 40% restante prefiere una monarquía. 

En esa misma línea algunos comparan los 13 millones de votos con los 35 millones obtenidos por Morena en 2024, asumiendo que todo votante de la elección judicial lo es de Morena, aunque entre ellos se encuentran algunos gobernadores del prianismo.  

Con ese enfoque como base, la presidenta ya los dejó mal parados en la conferencia mañanera de este lunes, pues recordó que los 13 millones de participantes en la elección judicial superan los votos del PRI (5 millones) y del PAN (9.6 millones) en ese mismo año.

Pronto vendrán los análisis no desde los cuántos sino de los quiénes, y en ese tenor la 4T sale bien parada. Con los resultados disponibles hasta ahora parece que continuarán en funciones las ministras propuestas por López Obrador: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, y quizá permita la entrada de María Estela Ríos, consejera jurídica de AMLO. En el caso de los varones encabeza el mixteco Hugo Aguilar, y de cerca le siguen candidatos postulados por el poder ejecutivo. 

Sin embargo, los quiénes eran cosa ganada porque antes de la reforma el mecanismo consistía en que la presidenta propusiera ternas al Senado (también dominado por la 4T), y en caso de ser rechazadas, Sheinbaum hubiera podido designar directamente a sus favoritos. 

Si la legitimidad que pretenden regatear se basa en el terreno de los cuántos, su lucha está perdida. Casi cualquier cifra sería superior a los 128 integrantes del Senado y ni se diga a lo ocurrido en 1995 con Zedillo dando un manotazo a la Suprema Corte de Justicia de aquella época. 

Todo parece imposible hasta que se hace (Mandela dixit). Es esa la luna que no vislumbran; el cambio de paradigma, la materialización de lo que hasta hace un par de años sonaba imposible: llevar el poder judicial a las urnas; tan imposible como parecían los gabinetes paritarios en el 2000 (cuando López Obrador integró el primero en CDMX), tan imposible como dar pensión universal a adultos mayores hace veinte años, o tan imposible como establecer mecanismos de participación ciudadana como la consulta, el plebiscito y la revocación de mandato, este último reivindicado hace unos meses hasta por sus iniciales detractores. 

Lo imposible está hecho: los togados bajaron del pedestal, abrieron redes sociales, explicaron sus funciones y actuaciones, conocimos sus nombres y sus rostros. 

Ciertamente los valientes que se atrevieron a someterse a las urnas fueron abandonados por aquellos que decían confiar en el poder judicial como estaba antes de la reforma. No los apoyaron, no los defendieron. También dejaron solos a los postulados por el poder judicial. ¿Suponen más dignidad en el default que en la goliza?

Justifican en neolengua orweliana: “Los verdaderos demócratas no votan” dicen algunos; otros reeditan los argumentos históricos para negar el voto a la mujer, o para defender a la monarquía: el derecho divino (académico en la versión contemporánea), el orden y la continuidad, la herencia histórica, y sobre todo la supuesta ineptitud del pueblo para gobernarse. 

Casi se les escapa: “¿Acaso un campesino analfabeto puede decidir el destino de Francia?” en las discusiones en redes. 

Algunos interiorizan la infatilización ciudadana de la que son víctimas. “No sé elegir los aguacates, qué voy a andar eligiendo jueces y magistrados” admiten orgullosos. Otros repiten el mantra vacuo de la “farsa” sin más argumento. 

Cierto es que la gente no lo sabe todo. Sí, hay sectores aprendiendo a distinguir ministros de magistrados, a entender qué hacen los jueces, pero ser conscientes de esa ignorancia es empezar a combatirla. Es justamente lo que nos acerca a la democracia, y no lo que nos aleja de ella. Lo contrario es equivalente a la ilusión de un niño que tapa sus ojos para esconderse. 

El poder judicial ya estaba ahí antes de la reforma, y aunque no sabíamos sus nombres ni trayectorias, ya estaban ahí obligando a Fresnillo a regresar el predial a las mineras, permitiendo a Salinas Pliego “patear el bote” en el pago de impuestos, determinando que las pensiones se fijen en UMAs y no en salarios mínimos. 

Está lejos de haberse logrado todo, pero ante las fallas de la democracia la salida no es menos democracia, sino el doble. No lo van a ver, porque aún piensan manipulados y acarreados a todo el que no piensa como ellos. Siguen sin ver la luna porque se pierden en el dedo. 

Este domingo 01 de junio se realizó con éxito la polémica elección de 9 ministros y ministras, 486 magistrados y magistradas, 386 juezas y jueces federales; así como magistrados (as) y juezas y jueces estatales en 19 entidades del país, incluido Zacatecas, fue una jornada electoral ejemplar, se instalaron el 99.9 % de las casillas y no hubo incidentes mayores.

La participación ciudadana estimada por el INE fue de aproximadamente 13% de la lista nominal, la cual está dentro de los márgenes esperados 10 a 18%, al ser una elección extraordinaria, no concurrente con elecciones constitucionales ordinarias, las cuales despiertan más interés de la ciudadanía como son las presidenciales, estatales y municipales (excepto Durango y Veracruz, donde hubo elección a las alcaldías); además por lo complejo para sufragar por el número de boletas (10) y la lista extensa de candidatas y candidatos; así como, por las prohibiciones de los lineamientos del INE, al no permitir reuniones abiertas, mítines, carteles, publicidad pagada en redes sociales; ni se dio la exposición de las y los candidatos en la radio y televisión mediante el uso de los tiempos oficiales para que la ciudadanía conociera sus trayectorias y propuestas;  sin financiamiento público y privado, solo se permitió los trípticos en papel reciclable para entregarse en las calles, plazas y lugares públicos, aunado a un periodo corto de 60 días de campaña. La limitada campaña se dio en gran medida a través de las redes sociales, con la limitante de que un 25% de las y los mexicanos carecen del Internet.

Otro factor que limitó la participación ciudadana fue la costosa y exagerada campaña mediática orquestada por la oligarquía y grandes monopolios en la radio, televisión, prensa y redes sociales para llamar a no votar por parte de comentaristas, intelectuales orgánicos, personajes del medio artístico, expresidentes de México (Zedillo, Fox, Calderón), legisladores, líderes y dirigentes políticos de la oposición, entre otros, que faltando a lo dispuesto en la Constitución, malinformaron y tergiversaron la información con mentiras, calumnias y argumentos falsos, como “ si votas es validar la reforma judicial”, “si votas es votar por el fraude  y por una elección de Estado”, “si votas afecta el estado de derecho, la división de poderes, la democracia y la legalidad”, “ la reforma judicial es una venganza de López Obrador” contra el poder judicial; el propósito de los opositores era confundir y engañar a la ciudadanía para que no ejercieran su derecho ciudadano constitucional de votar por los juzgadores, lo cual lograron al menos con sus seguidores. 

Los opositores a la reforma y a la elección judicial, intentan regresar al pasado, donde una oligarquía dorada decidía el rumbo del país a conveniencia de sus intereses económicos y políticos sobre los intereses del pueblo, de unos cuantos acostumbrados a los grandes privilegios, a las condonaciones de impuestos, al trafico de influencias y a los grandes negocios con el gobierno en obras públicas, servicios y compras gubernamentales, amasar grandes fortunas con las concesiones y privatizaciones de bienes públicos, a los contratos millonarios con los grandes medios de comunicación.

Sus argumentos se derrumban por si solos: ¿Validar la reforma judicial?, la reforma ya fue validada por mayoría calificada en las Cámaras de Diputados y Senadores y por la mayoría de los congresos locales, ya está en la Constitución. ¿Fraude y elección de Estado?, la elección judicial no fue decidida por los partidos políticos ni por los gobernantes o por las altas esferas del Poder Judicial, como sucedía antes de esta elección; hoy los juzgadores fueron electos por el pueblo en una elección directa en las urnas, y, la organización eficiente y el recuento de votos lo realiza con transparencia el INE, ese que defendía la oposición y decía “el INE no se toca”. ¿Afecta el estado de derecho, la división de poderes, la democracia y la legalidad? Todo lo contrario, la elección judicial tiene como propósito una justicia pronta, expedita, imparcial y gratuita para todas y todos, sin injerencias políticas, económicas y de los poderes fácticos; situación contraria, a lo que sucede actualmente, en casos donde se interpreta y se tuerce la ley en beneficio de los poderosos e influyentes y en contra de los que menos tienen; hoy con el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), se vigilará que las resoluciones de los juzgadores sean conforme al estado de derecho, de lo contrario, serán sancionados o removidos. Tampoco se afectan la democracia y la legalidad; al contrario, se democratiza al Poder Judicial al ser electos los juzgadores por el pueblo y no por la presidenta o presidente de México como sucedía anteriormente, habiendo casos bochornosos como el de Ernesto Zedillo, que removió a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nombró una nueva Corte a su contentillo. Asimismo, la elección judicial es legal desde el momento que está en la letra de la Constitución.    

Repito, la participación en la elección judicial tuvo un buen comienzo, si consideramos que fue una elección extraordinaria no concurrente con elecciones constitucionales ordinarias, fue exitosa, si consideramos que es un primer ejercicio, seguramente en el 2027 la participación será mayor, porque la gente podrá ver sus beneficios en la impartición de justicia y tendrá más interés en participar en este tipo de elecciones, las cuales se irán poco a poco normalizando en la ciudadanía;  además en lo sucesivo serán concurrentes con las elecciones ordinarias para renovar congresos federales y locales, gubernaturas y ayuntamientos municipales, lo que incrementará la participación.

Los nuevos integrantes del Poder Judicial serán mejores, porque llegarán sin compromisos políticos, abatiendo con ello la corrupción, el tráfico de influencias, las omisiones, el nepotismo judicial, ya que el TDJ vigilará su desempeño para que sus sentencias estén apegadas a derecho y que la justicia sea pronta, expedita, imparcial y gratuita.

Considero que habrá que simplificar el proceso de la elección judicial, realizar reformas para reducir el numero de postulantes propuestos por los tres poderes y que estos pasen el tamiz de un órgano consultivo de ciudadanos independientes expertos y probos para reducir el numero de candidatas y candidatos a los diferentes puestos, con el propósito de que la ciudadanía conozca con oportunidad las trayectorias, experiencia y valores de las y los candidatos.    

• Diputado Federal por Zacatecas

El 28 de mayo 2025 la gobernadora de Banxico presentó su Informe trimestral enero-marzo 2025, y dicha Institución monetaria recortó su pronóstico de crecimiento económico para este año de 0.6 a 0.1%. Dijo que dicha “revisión refleja la debilidad que ha mostrado la economía por varios trimestres y que se alargó al primero de 2025, así como por el impacto por las medidas arancelarias de EUA”. El problema es que el impacto de los aranceles no estuvo presente en el primer trimestre, debido a que los aranceles se establecieron en abril, por lo que la desaceleración que la economía nacional enfrenta es resultado de las altas tasas de interés, del abaratamiento del dólar e importaciones que ello provoca, como por los recortes presupuestales que realiza Hacienda. Y al irse manifestando el impacto de los aranceles que EUA ha establecido sobre las exportaciones nacionales, así como la caída de las remesas, continuarán recortándose mes a mes los pronósticos de la economía nacional. 

La gobernadora de Banxico señaló que “aunque se prevé un crecimiento económico casi nulo para este año, el país no entrará en recesión, sino que habrá un periodo de estancamiento y contracciones moderadas” y que «estamos previendo un periodo de atonía para la actividad económica, pero no una recesión». Al respecto hay que señalar que la atonía “se refiere a la falta de tono muscular o de elasticidad en un órgano”, y efectivamente la economía nacional no tiene condiciones productivas, ni manejo de política económica para hacer frente a la desaceleración económica, y a los embates que ocasionarán los aranceles y la caída de remesas, por lo que la recesión se presentará. 

La gobernadora de Banxico dijo que se “podría reducir en 50 puntos base la tasa de referencia en cada una de las reuniones de política monetaria que se tienen programadas para lo que resta del año”. Ello es insuficiente para impulsar el crecimiento de la inversión productiva y de la economía. Se requiere una baja substancial de la tasa de interés y de incremento del gasto público para estimular la inversión pública y privada para contrarrestar la caída de exportaciones, como del consumo y poder estimular la sustitución de importaciones y la dinámica económica.

La economía nacional tiene que impulsar una estrategia de crecimiento hacia el mercado interno para así reducir la vulnerabilidad en que nos coloca el comportamiento de las exportaciones hacia la economía de Estados Unidos.

No se puede seguir apostando al T-MEC, ni a la inversión por relocalización productiva, debido a que ello no se ha traducido en mayor crecimiento de la economía nacional, solo ha beneficiado a las empresas transnacionales. Con la generalización de los aranceles y la desaceleración de la economía mundial, crecerá menos el comercio mundial y con ello el flujo de inversiones asociado a ello. Ello refleja la importancia de que el gobierno debe modificar radicalmente la política monetaria, cambiaria y fiscal para impulsar el sector productivo nacional y el empleo para priorizar el crecimiento del mercado interno, como la sustitución de importaciones y reducir nuestra dependencia de la entrada de capitales financieros, que han resultado muy costosos y que no contribuyen al crecimiento de la economía, sino que han aumentado los niveles de endeudamiento.

Es inverosímil que se mantenga la política económica causante del estancamiento económico y que nos ha llevado a depender del comportamiento de las variables externas y colocado en el contexto de alta fragilidad y vulnerabilidad en que se encuentra la economía nacional. 

No se avizoran expectativas de crecimiento, de generación de empleo formal bien remunerado. Nos encaminamos a otra década perdida, por lo que proseguirá el rezago de la economía no solo respecto a los países desarrollados, sino también en relación con otros países en desarrollo, y seguirá creciendo el desempleo, subempleo, la miseria, la creciente desigualdad del ingreso y la delincuencia.