A lo largo de dos semanas y especialmente el fin de semana pasado, en las señales de televisión abierta de los canales 2, 5 y 9, concesionados a Televisa, se han difundido anuncios de la campaña intimidatoria y racista emprendida por el gobierno de Donald Trump en contra de los migrantes indocumentados que llegan a su país. En uno de ellos, protagonizado por la secretaria de Seguridad Interior de Trump, Kristi Noem, se advierte: “Si eres un criminal extranjero considerando entrar en Estados Unidos ilegalmente, ni siquiera lo pienses”. Y reitera: “Si vienes a nuestro país y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir. Los criminales no son bienvenidos en Estados Unidos”.
El mensaje criminaliza en forma grosera a millones de trabajadores que se encuentran en el país vecino de manera irregular. Buena parte de ellos son mexicanos que, pese a su carencia de documentos migratorios, realizan sustanciales aportes a las economías de ambos países y enfrentan, sin embargo, una implacable persecución policial al margen de derechos humanos y garantías individuales. Esa clase de propaganda apunta a legitimar las ilegales cacerías humanas que llevan a cabo las autoridades federales estadunidenses por instrucciones del magnate neoyorquino, violando incluso fallos judiciales que ordenan suspender esas acciones.
En tales circunstancias, resulta obligado preguntarse hasta dónde se debe tolerar la explotación comercial de frecuencias propiedad de la nación, cuando se realiza a contrapelo de la verdad, de los derechos humanos, del más elemental sentido de país y de las leyes nacionales.
En efecto, la Ley Federal de Telecomunicaciones advierte que la publicidad comercial que se difunda en los canales concesionados “deberá evitar transmisiones contrarias a los principios de paz, no discriminación y de respeto a la dignidad de todas las personas”, una norma que resulta claramente violentada por la transmisión de los anuncios intimidatorios de Noem. Asimismo, éstos contravienen el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión, que señala que se permitirá la difusión de materiales grabados en el extranjero siempre y cuando no discriminen, transmitan información que cause alarma o pánico en el público o efectúen transmisiones contrarias a la seguridad del Estado, a la integridad nacional y a la paz.
Con estos elementos en mente, es claro que debe investigarse y sancionarse la transmisión de esas piezas de xenofobia, odio y racismo, dirigidas en buena medida a intimidar y crear pánico entre las comunidades mexicanas que residen en Estados Unidos y a reforzar un falso arquetipo de nuestros connacionales en ese país como “criminales”, por el simple hecho de carecer de documentación migratoria.
El propósito de lucro debe tener límites, sobre todo cuando se sirve de bienes de la nación, como lo son las bandas del espectro radioeléctrico de la televisión abierta. Es por demás lamentable que, en momentos en que la unidad nacional resulta imperativa para sortear los agresivos disparates de la administración trumpista, Televisa y otras más haya decidido convertirse, por cálculos mercantiles inescrupulosos, en megáfono de las agresivas y racistas intimidaciones que la Casa Blanca lanza contra todo el mundo y, particularmente, contra México y Zacatecas cuyo historial migrante nos ha hecho decir que somos un estado binacional.
