Ciudad del Vaticano. Se eligió al nuevo Papa de la Iglesia católica durante el cónclave celebrado en la Capilla Sixtina del Vaticano.
Los 133 cardenales participantes emitieron su voto para nombrar al sucesor de Francisco y al menos 89 de ellos escribieron el nombre del mismo prelado elegible.
En la plaza de San Pedro la multitud gritó de emoción al ver el humo blanco salir de la chimenea instalada al exterior del templo.
Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el derrame de hidrocarburo que contaminó las costas del municipio de Paraíso causando graves daños a un área natural protegida donde hay lagunas, ríos, fauna silvestre, manglares y bancos ostrícolas, además de paralizar las actividades de mil 500 pescadores y perjudicar a prestadores de servicios turísticos, provino de sus instalaciones.
Cuatro días después de que se inició la emergencia, la empresa estatal difundió un comunicado en el que expuso que atendió dos fugas en un ducto que transporta aceite de la plataforma Akal-C a la Terminal Marítima de Dos Bocas (TMDB), con la instalación de dos abrazaderas metálicas. Actualmente se realizan los preparativos para la verificación de hermeticidad y puesta en operación del ducto
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Indicó que luego de realizar un mapeo se detectó que una parte del volumen de aceite que se fugó arribó a la costa de la Terminal Marítima Dos Bocas, en Paraíso, en una extensión de siete kilómetros. De manera inmediata, personal y equipo especializado de Pemex llevó a cabo la limpieza, la cual se espera que concluya en las próximas horas
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Pemex agregó que se ha dialogado con comunidades de pescadores para establecer medidas de prevención para que reactiven su actividad productiva a la brevedad posible.
Dijo que el evento
fue notificado a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) con el fin de implementar las acciones de remediación correspondientes.
Por su parte, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Semades) de Tabasco presentó una denuncia ante la ASEA por el derrame de hidrocarburo que perjudicó el litoral costero de Paraíso.
En un comunicado, el gobierno del estado señaló que la queja se interpuso desde el momento en que se tuvo conocimiento del hecho (el pasado sábado alrededor de las 13 horas). La instancia federal asignó el folio número PROM 00598 para dar seguimiento al caso.
Dijo que dentro del ámbito de sus atribuciones, se mantiene atento, vigilante y en coadyuvancia con para la atención de esta contingencia y garantizar que haya justicia ambiental en el marco de la ley y conforme al alcance de cada autoridad.
Al menos cinco barcazas equipadas con barreras de contención trabajaban ayer en la recolección del aceite derramado en playas de Paraíso como Brisas, Cocalito, Bruja, Dorada y Sol.
Aunque las tareas de contención y limpieza continúan mar adentro y en las costas, y la presencia de crudo ha disminuido, el olor penetrante persiste en la zona y se observa fauna muerta en la franja de arena.
El hidrocarburo alcanzó la laguna Mecoacán, que es una área natural protegida; ahí murieron jaibas, camarones, pescados; mientras, en la laguna de El Bellote, los bancos de ostión resultaron perjudicados.
La polución también afectó el río Seco, donde manglares, considerados defensa natural contra huracanes y refugio de larvas de ostiones, están contaminados por grumos de aceite. Playa del Sol fue cerrada hasta nuevo aviso. También sufrieron daños aves, principalmente pelícanos y gaviotas.
Unos mil 500 pescadores paralizaron sus actividades y sufrieron daños en sus artes de pesca, de igual manera, restauranteros del corredor turístico reportan pérdidas por baja afluencia de visitantes a la isla Andrés García, Nuevo Torno Largo y El Bellote.
El domingo las playas de Paraíso amanecieron contaminadas con manchas negras, lo que obligó al ayuntamiento a restringir el acceso al mar e izar la bandera negra en playas como Sol y Brisas del Paraíso.
Los prestadores de servicios turísticos reportaron considerables pérdidas económicas durante el reciente puente de asueto, debido al cierre obligado de los balnearios a causa de la contaminación.
Uno de cada cinco pesos que los principales bancos que operan en el país recibieron por los intereses derivados de su participación como poseedores de papeles de la deuda pública provinieron justamente de los bonos del rescate bancario de hace tres décadas, de acuerdo con información oficial.
Estos títulos son conocidos como bonos de protección al ahorro o BPA, los instrumentos financieros que se emiten para refinanciar los pasivos que se arrastran desde el rescate bancario iniciado en 1995 por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo por medio del Fobaproa y después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
De acuerdo con los informes financieros de los principales bancos que operan en el país, y que se consideran de tal importancia para el sistema que una quiebra en ellos podría generar una crisis en el sector, el año pasado aproximadamente uno de cada cinco pesos en intereses devengados de sus inversiones en deuda gubernamental provienen de los pasivos IPAB.
Como parte de sus inversiones financieras, los bancos de importancia sistémica –BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, HSBC, Inbursa, y de manera más reciente Citi, cuyos informes no se revisaron para el propósito de este texto– realizan inversiones en deuda gubernamental, no sólo en la mexicana. Sus tenencias incluyen eurobonos y papeles del Tesoro estadunidense.
En el mercado mexicano hay una serie de instrumentos en los que los bancos invierten, como los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), los certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), los bonos de desarrollo del gobierno federal (Bondes), los bonos de desarrollo del gobierno federal en Udi (Udibonos) y los mismos BPAS que emite el IPAB como parte de los refinanciamientos de la deuda pública.
El grado de detalle con el que los principales bancos del sistema financiero reportan en sus informes anuales varía. Sin embargo, hasta el cierre del año pasado, los principales bancos tenían en conjunto al menos un billón 882 mil millones de pesos en inversiones de la deuda gubernamental mexicana, adicionales a las tenencias que reportaron en eurobos, papeles del Tesoro e instrumentos de regulación monetaria del Banco de México.
Entre los intereses devengados de sus inversiones, los principales bancos informaron que al menos habían generado 21 mil 884 millones de pesos de ellos, 4 mil 649 millones serían exclusivamente por las tenencias en bonos de protección al ahorro, o bonos IPAB. Esta cifra podría ser mayor, si se toma en cuenta la disparidad con la que algunos de los principales bancos reportan y que no son las únicas instituciones financieras que adquieren este tipo de deuda.
Cada año el gobierno federal se endeuda para pagar los pasivos del IPAB. Este año emitirá 254 mil 400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del sucesor del Fobaproa. Sólo en el primer trimestre del año, como parte de esas amortizaciones, el IPAB pagó 107 mil 4 millones de pesos, de los cuales, 80 mil 407 millones fueron a capital y 26 mil 597 millones a intereses, el llamado costo financiero de la deuda.
Ese costo financiero de la deuda va en parte a los balances de los bancos, que se han beneficiado no sólo de las altas tasas de interés por los créditos que ponen en el público consumidor, sino también como inversionistas gubernamentales.
Desde diciembre de 1995 hasta la fecha se han pagado más de 2 billones en intereses –actualizados a precios de marzo de este año–, y aún se adeuda más de un billón por el rescate.
Al cierre de la campaña por la Rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), el secretario general con licencia Ángel Román Gutiérrez aseguró que su propuesta de “Inclusión universitaria” es una apuesta por la gobernabilidad, el diálogo y la transformación con base en la experiencia acumulada por su equipo. A lo largo de su recorrido por las unidades académicas y espacios de la UAZ, dijo haber recogido nuevas inquietudes de la comunidad que reforzarán su plan de desarrollo, y convertirá en políticas institucionales.
Entre las demandas recurrentes, mencionó la necesidad de garantizar una mejor conectividad a internet en todos los espacios universitarios, así como el fortalecimiento del sistema de transporte, comedores y capacitaciones para el uso de la inteligencia artificial. Destacó que la salud mental se ha vuelto una de las principales exigencias estudiantiles tras los cambios que dejó la pandemia.
Añadió que se han presentado conflictos cuando los docentes exigen reponer contenidos perdidos por interrupciones académicas, lo que somete al estudiantado a una presión.
Román Gutiérrez se propone ampliar el número de universitarios adscritos al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), pasando de 500 a 750 u 800, y brindar mejores condiciones laborales tanto a docentes como administrativos. Para estos últimos, mencionó que trabajadores de laboratorios han solicitado equipo para proteger su salud al manejar sustancias potencialmente peligrosas.
En cuanto a la reforma universitaria, aseguró que su administración la impulsará desde el Consejo Universitario con un enfoque integral y participativo. Criticó los intentos anteriores por haber sido “reformas abstractas” y mal canalizadas. En su propuesta, participarán estudiantes, docentes, trabajadores, padres de familia y actores externos como el sector empresarial. La reforma −dijo− abarcará aspectos académicos, administrativos y normativos.
Consultado sobre las críticas de que su equipo representa una continuidad del poder universitario, respondió que la experiencia acumulada es una fortaleza. Aunque reconoció que en ambas planillas hay perfiles que han ocupado cargos, defendió que la suya es la que “más conoce la universidad, ha dejado huella y tiene respaldo”. Afirmó que su paso por la administración (como exdirector de la Unidad Académica de Historia, coordinador de personal y secretario general) le brinda una posición privilegiada para ejercer la rectoría.
Sobre las acusaciones de encubrimiento de casos de violencia de género dentro de la universidad, Román sostuvo que está “totalmente en contra de cualquier manifestación de violencia”.
Aseguró haber impulsado el protocolo de cultura de paz desde la Secretaría General y afirmó que está por publicarse el nuevo protocolo institucional contra el acoso y hostigamiento, elaborado por la Oficina de Equidad de Género. Añadió que ese instrumento debe generar normativas con equidad y derivar acciones concretas como la creación de espacios sin violencia para las mujeres.
Reconoció que aún no existe una cultura sólida de denuncia en la universidad, pero defendió que su proyecto contempla fortalecer la Defensoría, el Tribunal Universitario y los Consejos de Unidad para que se sancione a quien se tenga que sancionar.
Subrayó que la persona agresora debe ser retirada, no la víctima, y sostuvo: “Se sanciona y también puede ser liquidado quien se tenga que liquidar”, en referencia a las consecuencias para quienes ejerzan violencia”.
Concluyó que su proyecto se basa en el conocimiento acumulado dentro de la Universidad, pues quienes integran su equipo “vienen de las direcciones de unidades académicas grandes, importantes, de peso, con tradición e identidad universitaria”. Al llamar a los universitarios al voto, afirmó que “Inclusión Universitaria será una administración de puertas abiertas y del diálogo”, y advirtió que “una institución compulsa, inestable, pues no avanza”.
Ayer, en el Vestíbulo del Congreso, durante la mesa de trabajo entre campesinos, legisladores y autoridades estatales, se acordó gestionar una reunión en la Ciudad de México con representantes de la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Agricultura y la Comisión Federal de Electricidad, con el fin de buscar una salida a la problemática de las concesiones vencidas y el acceso a la cuota energética.
Asimismo, se comprometieron a presentar un punto de acuerdo en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para exigir que se detengan las cancelaciones de concesiones en Zacatecas.
En el encuentro, el diputado federal Ulises Mejía Haro enfatizó que los esfuerzos deben concentrarse en construir un plan hídrico para el estado y promover una reunión de alto nivel que incluya a las tres dependencias federales involucradas.
Por su parte, la diputada Noemí Luna reprochó la ausencia del resto de los legisladores federales y subrayó la urgencia del tema, mientras que la senadora Claudia Anaya pidió a los productores elaborar un diagnóstico claro que sustente sus demandas y facilite la interlocución institucional.
Este último planteamiento generó fricción cuando algunos representantes rechazaron tajantemente la idea de presentar una lista específica de pozos afectados, al considerar que la lucha es para todos los productores del estado. La priísta coincidió en que hay que ayudar a todos, pero resaltó que es necesario contar con un diagnóstico que identifique los pozos colapsados, a fin de poder interpelar a las autoridades federales.
Ulises Mejía propuso una ruta de trabajo en tres niveles: atender de inmediato a los productores que han quedado fuera de la cuota energética, desarrollar un Plan Hídrico Estatal articulado con el nacional, y crear un Centro Nacional de Gestión de Sequías con sede en Zacatecas, inspirado en el modelo del estado de Nebraska.
Señaló que actualmente solo se mitigan los efectos de la sequía y no se planea con base científica. “No hay un centro que analice acciones previas, durante y posteriores… eso lo tiene que hacer la ciencia, la academia, de la mano de ustedes”, explicó.
Por su parte, el perredista Eleuterio Ramos planteó sustituir los apoyos individuales por la instalación de paneles solares en pozos agrícolas, para reducir el gasto mensual de energía de hasta 100 mil pesos a solo mil, y pidió eliminar la tramitología: “el productor se dedica a abrir el surco, a cosechar, no a hacer trámites. Para eso estamos nosotros”.
Marco Vinicio Flores Guerrero advirtió que hasta marzo de 2025 solo se han revisado 162 mil de las más de 580 mil concesiones de agua en el país, y propuso una mesa técnica entre la Secretaría del Campo y Conagua para identificar los casos, pozo por pozo, y resolverlos con base en un diagnóstico.
“Hay irregularidades, concentración de recursos en pocos usuarios, falta de supervisión. Hay que revisar, pero también actualizar la legislación federal en materia de aguas”, dijo.
La panista Noemí Luna señaló que el presupuesto federal al campo se redujo 4.7 por ciento en términos reales y los subsidios para Zacatecas cayeron 3.4 por ciento.
“Habiendo 13 diputados federales por Zacatecas, no nos hayamos podido poner de acuerdo para apoyar al estado”, reclamó. La crítica a esa ausencia se repitió en varios momentos de la jornada.
Los campesinos exigieron que la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal de Electricidad detengan las denuncias penales contra productores agrícolas por el presunto uso indebido de energía en pozos con concesiones vencidas.
“La Fiscalía nos trata de delincuentes y no se vale. Aquí varios compañeros han dicho: el producir es pecado, es delito” expresó uno de los asistentes.
Ante esta exigencia, el diputado local Jesús Padilla aclaró que los legisladores no tienen injerencia directa sobre las acciones de la Fiscalía, pero se comprometió a hacer llegar la preocupación al fiscal de la República y a intervenir de inmediato en caso de que se pretendiera privar de la libertad a algún productor.
Durante conferencia de prensa, el consejero presidente del IEEZ, Juan Manuel Frausto Ruedas, respondió a las críticas del gobernador del estado, quien sugirió su renuncia, señalando que no toma dichas declaraciones como personales ni políticas, y defendió su trayectoria de más de 30 años en materia electoral. Reiteró que su gestión está abierta al escrutinio público y a auditorías.
En cuanto al presupuesto, explicó que el instituto solicitó un presupuesto de 145.9 millones de pesos para el proceso electoral extraordinario, pero inicialmente solo se autorizaron 45 millones, lo que obligó a recortes y ajustes operativos. Posteriormente, se gestionó una ampliación, aunque no se garantizó su entrega. Frausto admitió que no está satisfecho con los 60 millones finalmente aprobados, aunque reconoció que al menos se lograron destinar 15 millones para la impresión de boletas, proceso clave que debió resolverse “sobre el tiempo”.
Señaló que la falta de recursos impidió contratar a 778 figuras de capacitación como en procesos anteriores, por lo que el IEEZ implementó un “plan B” con personal técnico de menor salario y apoyo de consejos municipales.
Frausto Ruedas destacó que el instituto ha cumplido en tiempo y forma con los preparativos. “Hemos instalado los 29 consejos municipales los días 16 y 17 de abril y aprobado los lineamientos y manuales para los cómputos municipales, además del cuadernillo de votos válidos y nulos”, informó. También subrayó que han sostenido reuniones virtuales con todos los consejos municipales para afinar detalles logísticos y operativos.
Respecto al material electoral, señaló que ya se han recibido las boletas para las elecciones del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Disciplina Policial. Se espera que entre el 10 y el 12 de mayo lleguen las restantes, correspondientes a jueces penales y jueces de distrito.
Ante esto, resaltó que el IEEZ está llevando a cabo sus propias actividades y ejerciendo su propio presupuesto en el marco del proceso electoral concurrente. Aclaró que el Instituto Nacional Electoral (INE) no proporciona recursos para dicho proceso en el ámbito local, por lo que el presupuesto utilizado proviene exclusivamente de sus propios recursos.
El tema presupuestario fue central en la conferencia. Frausto Ruedas expuso que para el año 2025 se solicitó un presupuesto ordinario de 88 millones 279 mil pesos, mientras que en 2024 y 2023 se contó con un presupuesto de 89 millones 700 mil pesos en cada año. En 2022, la solicitud fue de 89 millones de pesos. No obstante, el Congreso Local aprobó sólo 30 millones 900 mil pesos para este año, lo que representa una reducción del 66 por ciento con respecto a lo solicitado.
Asimismo, señaló que durante el Proceso Electoral Ordinario 2024 se ejerció un gasto de 169 millones 451 mil pesos, cifra que supera en 25 millones al presupuesto originalmente solicitado para 2025, que fue de 145 millones de pesos.
El consejero presidente también defendió la transparencia y austeridad en el manejo de los recursos del instituto. “Desde 2022, la Auditoría Superior de la Federación ha auditado nuestros ejercicios fiscales y no se nos ha hecho ninguna observación por mal uso de recursos”, afirmó. Explicó que todos los gastos del capítulo mil (nómina), 2 mil (insumos) y 3 mil (servicios) son revisados por comités internos y el Órgano Interno de Control.
Asimismo, expuso con detalle los esfuerzos de austeridad y racionalidad en el gasto que ha implementado el instituto en el contexto del proceso electoral extraordinario del 2025.
Respecto a las observaciones del órgano interno de control, aclaró que han sido menores y de carácter técnico-contable, como la actualización de inventarios o la depreciación de bienes, y no por mal uso de recursos. Aseguró que el instituto está abierto a cualquier revisión, ya sea por parte del gobierno del estado o de la Auditoría Superior, y recordó que hasta la fecha no se han detectado irregularidades en las auditorías practicadas a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.
Uno de los principales retos financieros fue la imposibilidad de contratar a las figuras de capacitación electoral como asistentes y supervisores, figuras esenciales en los procesos concurrentes y cuya contratación fue negada debido a falta de recursos. Ante esto se planteó una alternativa, que contempla la contratación de 250 personas con un salario menor al de los capacitadores oficiales y apoyarse también en los consejos municipales, especialmente los cercanos a Guadalupe, para realizar el conteo y sellado de boletas. Este ajuste, señaló, prolongará los tiempos del proceso: lo que antes se hacía en 6 días ahora tomará hasta 11.
Cuestionado sobre si la elección se encuentra en riesgo por estas limitaciones, Frausto fue enfático: “No está en riesgo la elección”. Rechazó los encabezados que han sugerido lo contrario y reafirmó que el proceso sigue en marcha con un equipo técnico capaz y con experiencia.
CALERA. El Gobierno de Zacatecas, a través de la Comisión Local de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y la Fiscalía General de Justicia del Estado, en colaboración con la Comisión Nacional de Búsqueda, llevaron a cabo, en este municipio, una exploración individualizada, con la finalidad de localizar a cuatro personas reportadas como desaparecidas.
El secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, aseguró que estas acciones se enmarcan en las actividades que, desde la administración estatal, que encabeza el gobernador David Monreal Ávila, se impulsan, con la finalidad de dar tranquilidad y certidumbre a las familias, además de garantizarles justicia.
El comisionado local de Búsqueda de personas Desaparecidas, Everardo Ramírez Aguayo, dijo que la búsqueda individualizada se realizó en vida y en campo y en atención a las solicitudes planteadas por los familiares.
En esta acción participó personal de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas, la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como familiares de víctimas.
Con el objetivo de que la Inteligencia Artificial (IA) en México se desarrolle bajo principios de legalidad, justicia social y soberanía tecnológica, un grupo plural de diputadas y diputados federales presentó ante la Cámara de Diputados la Ley Federal para el Desarrollo Ético, Soberano e Inclusivo de la Inteligencia Artificial.
La propuesta legislativa, impulsada por el diputado federal Ulises Mejía Haro, responde a la necesidad urgente de contar con un marco normativo integral que regule el uso y la implementación de sistemas de IA, los cuales ya inciden en áreas fundamentales como la salud, la educación, la justicia, la seguridad, el trabajo y los servicios financieros.
Entre sus principales componentes destacan:
Reconocimiento de derechos para las personas usuarias y afectadas, incluyendo el derecho a ser informadas cuando interactúan con sistemas de IA, a impugnar decisiones automatizadas y a recibir reparación por daños.
Prohibición de sistemas de IA que representen un riesgo inaceptable para los derechos humanos, como mecanismos de puntuación social, vigilancia biométrica masiva sin orden judicial, manipulación de la conducta sin consentimiento o generación de contenido falso.
Creación del Registro Nacional de Sistemas de Inteligencia Artificial (RENSIA) y un Sistema de Semáforo de Riesgos, que clasifica los sistemas por niveles (mínimo, limitado, alto o prohibido), con mecanismos de supervisión diferenciada.
Conformación del Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, como organismo descentralizado encargado de coordinar la política pública en la materia, garantizar la rendición de cuentas algorítmica y fortalecer la participación de todos los sectores.
Impulso a la soberanía tecnológica nacional, promoviendo el desarrollo de infraestructura propia, el uso de software libre y priorizando soluciones tecnológicas mexicanas en las contrataciones públicas.
Incentivos al talento nacional y a las empresas mexicanas, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), para diseñar soluciones de inteligencia artificial con impacto social y sustentable, fortaleciendo redes de innovación soberana y formación científica con enfoque de género.
Promueven buen uso de la IA con conferencia magistral
Además, como parte del compromiso permanente de Mejía Haro con la formación integral de las juventudes, se llevó a cabo la conferencia magistral titulada “Desafíos de la Juventud ante la Inteligencia Artificial y la Ciberseguridad”, a cargo de la especialista en IA por el Massachusetts Institute of Technology, María Gabriela Cordero González, quien compartió una visión crítica y humanista sobre el papel que las nuevas generaciones deben asumir frente a los avances tecnológicos.
Durante su intervención, la conferencista enfatizó que la inteligencia artificial no debe verse únicamente como un conjunto de algoritmos o herramientas automatizadas, sino como una oportunidad para ejercer ciudadanía digital responsable, ética y participativa.
Asimismo, alertó sobre los retos que implica la ciberseguridad, destacando la necesidad de construir entornos virtuales seguros que respeten los derechos humanos y promuevan la verdad, la libertad y la dignidad de las personas.
La conferencia fue un llamado a no dejarse arrastrar por la inercia tecnológica, sino a apropiarse del conocimiento y convertirlo en una herramienta de transformación social.
«La juventud tiene en sus manos no solo el futuro, sino el presente. Y es ahora cuando deben levantar la voz, prepararse y ser parte activa en la construcción de un mundo más justo y más seguro, también en lo digital”, expresó Cordero González ante un auditorio lleno de jóvenes atentos y participativos.
Posteriormente, el diputado encabezó una mesa de diálogo en la que participaron Sonia Celaya, rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID), Roberto Ortiz Delgadillo, director del Instituto Tecnológico Nacional campus Zacatecas, Roberto Cruz, titular del IPN campus Zacatecas, Fabiola Navarro, directora de la Universidad para el Desarrollo Profesional, Ulises Ferniza, titular de la Universidad Pedagógica Nacional; así como Carlos Bautista, representante de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Lizeth Soto, de la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, y Emmanuel Enciso, representante de la Universidad de la Vera-Cruz.
Todos compartieron sus puntos de vista sobre el uso de la IA y coincidieron en que debe priorizarse el desarrollo intelectual y académico de las y los jóvenes, de forma que prioricen este tipo de tecnología, ya que retrasa su avance académico.
Tras la circulación de documentos que revelan una presunta liquidación por 1.8 millones de pesos a la ex secretaria de Administración, Verónica Yvette Hernández López de Lara, dirigentes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas evitaron confirmar o desmentir la existencia de la liquidación, antes de decantarse por manifestar descrédito al periodista que expuso la información.
Horas después, en un videomensaje difundido en redes sociales, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, desmintió «tajantemente» que se haya realizado tal pago, calificando la noticia como una “falsa liquidación” impulsada por sectores conservadores.
Afirmó que la administración de David Monreal Ávila ha sostenido desde el inicio una política basada en la pacificación y la austeridad republicana, y que esta presunta filtración constituye un ataque contra “una mujer íntegra” que logró ahorros importantes en el manejo del gasto público.
Por su parte, a través de un comunicado, la secretaria de Administración, Maricarmen Salinas, también afirmó que la información que ha circulado recientemente sobre el proceso de liquidación de Verónica Yvette Hernández, es completamente falsa.
En entrevista radiofónica con Gustavo Goitia, señaló que la información esta manipulada ya que no proviene de ninguna fuente oficial, el material difundido carece de firma, sello institucional o autorización, por tal motivo su contenido es falso.
La funcionaria lamentó que, con dolo, se haya compartido un contenido manipulado que distorsiona los hechos y genera confusión pública.
De forma adicional rechazó la difusión de datos erróneos y no oficiales que buscan desinformar a la ciudadanía y afectar la imagen institucional, así como la honra de las personas involucradas. También señaló que el proceso de liquidación en cuestión se realizó conforme a la ley, con base en los procedimientos administrativos correspondientes.
Al ser cuestionada por el monto real de la liquidación de la ahora ex secretaria, Salinas mencionó que esos datos no se pueden revelar por ella, pero se pueden verificar a través de las plataformas de transparencia.
Los dirigentes morenistas Rubén Flores Márquez y Mariano Casas Valadez, consultados sobre si este pago contradice el principio de austeridad del partido, evitaron posicionar de forma explícita.
Casas Valadez señaló que la Secretaría de la Función Pública es la instancia competente para aclarar si hubo o no una compensación indebida, y llamaron a “esperar” antes de emitir juicios.
Por su parte, Flores Márquez descalificó al periodista Gabriel Contreras Velázquez, quien hizo públicos los documentos que darían cuenta de la transacción, acusándolo de “chayotero de primera” y asegurando que “no es una fuente confiable”.
“Creo que hay que esperar a que la Secretaría de la Función Pública aclare esta condición, si sí se dio el depósito, no se dio el depósito. […] La parte que nos toca a nosotros es la parte moral, y si esto es lo que nos da solidez al movimiento”, respondió Mariano Casas antes de concluir que el pueblo es quien observa y exige, y que Morena no es la “ventanilla adecuada” para resolver este tipo de señalamientos.
La Secretaría de la Función Pública no ha emitido aún un comunicado o postura sobre esta denuncia.
En un reciente artículo publicado en The New York Times por Amanda Taub, se realiza un interesante análisis sobre el riesgo que corre la democracia angloamericana de caer en la dinámica de lo que algunos especialistas llaman como el “Estado dual”, un contexto en el que, aún existiendo las garantías de un Estado de Derecho para amplios sectores sociales, inclusive, para una mayoría que apenas y se entera del otro Estado, uno de excepción, éste último existe y se extiende, sea por una estrategia deliberada (en contra de grupos minoritarios, etnias, u otras), o por mero infortunio de individuos a los que les toca enfrentarse a un Estado sin reglas para procesarles y perseguirles. El ejemplo que detona el análisis no podría ser otro que la política migratoria del presidente norteamericano Donald Trump. A partir de ahí, el texto explora los antecedentes de este análisis en casos como la Alemania nazi, la Sudáfrica del apartheid, o más actuales, la diferenciación que realiza el régimen chino respecto del capitalismo de Estado y Singapur, entre el régimen jurídico de garantías y debido proceso que predomina en su ámbito económico y comercial, y el estado, claramente autoritario, en relación a los derechos políticos en dicho país. El Salvador de Bukele, que la autora utiliza como referencia para iniciar su análisis no podría quedar fuera. Para no equivocar la paráfrasis, permitámonos una cita (traducida el original por Google Traductor): “Desarrollada inicialmente por el abogado alemán Ernst Fraenkel en la década de 1930, la teoría del Estado dual postula que el autoritarismo puede arraigarse en pequeños sectores, incluso mientras el sistema legal en general parece funcionar con relativa normalidad.”
En tanto nos acercamos a la implementación del sistema de justicia resultante de la reforma judicial realizada el año pasado, y cuya primera fase de implementación estamos por atestiguar, cabe anotar los riesgos que nos permite vislumbrar el concepto y las descripciones que se realizan del mismo. Sin embargo, hay que ser responsables, la situación de “estado dual”, ha estado presente durante toda la historia en nuestra región, y me refiero a Latinoamérica, y particularmente en nuestro país. Tanto por las características del régimen hegemónico en cuanto a lo que Fernando Escalante atinadamente ha llamado el “arreglo político revolucionario”, que más que justicia, administraba impunidad, como prerrogativa para la gestión del conflicto político y social, como por la imperante desigualdad que ha ocasionado, cómo negarlo, impedir el acceso a la justicia y más aún, al Estado de Derecho en general, a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad durante toda la historia nacional.
Más aún: el riesgo de retorno a un arreglo político como el que prevaleció durante la etapa posrevolucionaria del siglo pasado se antoja imposible dadas las condiciones sociales, culturales y económicas actuales. No obstante, nuestra crisis de civilización, la presión del propio mandatario republicano y un Estado en pleno reajuste, a partir de las reformas y cambios políticos recientes, podrían provocar que, para sectores o individuos en particular, un estado de excepción se imponga, aún con el aval popular, como de los tribunales y juzgadores; mientras que, para una mayoría el (precario, como siempre ha sido) Estado de derecho, se mantenga. Pero no solo esto, la excepcionalidad puede operar, tanto a favor, como ya sabemos, en contra, por privilegios del poder político, estatus económico o… la fortuna.
Advertirlo nos permitirá identificarlo y denunciarlo.
@CarlosETorres_
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