Sierra Coyuca de Benítez, Gro. Después de 17 días del paso de ‘Manuel’ por esta entidad comunidades como Barrio Nuevo La Laja permanecen incomunicadas, solamente atraviesan las corrientes del río en una tirolesa improvisada.

Managua. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, Alba Luz Ramos, manifestó este jueves que 18 mexicanos condenados a 17 y 18 años de prisión, por delitos de narcotráfico y lavado de dinero, podrían cumplir la pena en su país de origen.

«No es una extradición. Tenemos convenios con México de cumplimiento de la pena. Si México se los quiere llevar, puede hacerlo», declaró Ramos a la prensa, tras una actividad oficial.

La magistrada consideró que esta medida podrá cumplirse una vez que la sentencia dictada por un tribunal nicaragüense sea firme, es decir, si ellos no presentan recurso de casación.

El grupo, también condenado por el delito de asociación al crimen organizado, ingresó a Nicaragua en agosto de 2012 con la fachada de periodistas de la empresa mexicana Televisa, y entre sus pertenencias se les decomisó 9.2 millones de dólares, seis vehículos en los que se movilizaban entre México y Centroamérica.

El martes pasado, un tribunal de segunda instancia redujo de 30 a 17 y 18 años las sentencias emitidas en enero pasado a los 18 mexicanos, entre ellos Raquel Alatorre, cabecilla del grupo, tras considerar que «no tienen antecedentes» de tráfico ilegal de drogas, delito por el que recibieron la mayor pena.

Ramos manifestó que para Nicaragua «es un alivio» si se procede al traslado de estos reos a México, porque las cárceles están «bastante saturadas».

Según datos oficiales, la población de reos en Nicaragua es de 8 mil 846 en las cárceles del Sistema Penitenciario y otros mil 200 que ya tienen condenas permanecen en celdas preventivas de la Policía Nacional.

Las autoridades nicaragüenses consideran la captura y condena de la banda de mexicanos como uno de los golpes contundentes asestados en 2012 a las redes del narcotráfico internacional que operan en Centroamérica.

México, DF. Los actos de violencia ocurridos el miércoles, en la conmemoración del 45 aniversario de la matanza de Tlatelolco, fueron aprovechados por diputados del PRI, PAN y PVEM para presentar y defender una iniciativa que busca criminalizar la protesta social, endurecer las penas en contra de quienes cometan actos violentos en marchas y acotar la realización de éstas en días y horas no hábiles, no permitirlas en calles de un solo carril y sin la obstrucción de avenidas principales.

En un debate que se dio desde las curules, después de que el panista Francisco Sotomayor volvió a presentar un proyecto que ya había sido desechado en comisiones, el diputados del PRI Francisco Cepeda exclamó: “estamos a favor de la libertad de expresión y de las manifestaciones pacíficas, pero no del libertinaje político ni de los actos delincuenciales”.

La iniciativa fue turnada a la comisión del Distrito Federal y con opinión a la de presupuesto, pero el presidente en turno de la mesa directiva, José González Morfín (PAN), se negó a dar el turno, como lo solicitaron diputados de distintas fracciones, a la comisión de derechos humanos, en donde la propuesta de Sotomayor ya había sido desechada porque, se dijo en su momento, sólo buscaba justificar la represión y acotar el derecho a la libertad de expresión.

La diputada Esther Quintana (PAN) rechazó la definición que se le dio a su grupo parlamentario de fascista. “¡Lo que necesitamos es lograr coincidencias, porque para mentarnos la madres sí nos pintamos solos!”.

El coordinador y el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Moreal y Ricardo Mejía, respectivamente, lamentaron que Sotomayor insista en una reforma que no cuenta con el respaldo de la Cámara de Diputados.

Ricardo Mejía resaltó: “ayer, en la conmemoración del 2 de octubre, ya decíamos que en este recinto merodea el espíritu de (Gustavo) Díaz Ordaz. Estas descalificaciones a las marchas de ayer tienen que ver con un montaje propagandístico para general una escalada represora en el país”.

También, el presidente de la comisón de vigilancia, José Luis Muñoz Soria (PRD), afirmó que en la Cámara de Diputados “no pasarán estos intentos fascistas. No vamos a dejar que vengan los panistas a destruir la ciudad de México, como destruyeron al país. ¡Que vayan a darse sus golpes de pecho en otro lado!”. “¡Aquí no van a pasar!”.

México, DF. Las fracciones del PRD y el PAN en el Senado se confrontaron, ya que los panistas insistieron en que haya una contrarreforma que sancione severamente a manifestantes que agreden a autoridades, exigieron mano dura al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y se proclamaron defensores de los capitalinos.

En ese sentido, la senadora del PAN, Gabriela Cuevas, tiene lista una iniciativa –publicada en la Gaceta– para regular las movilizaciones sociales que da facultades a la autoridad de disolver aquellas manifestaciones contrarias “a las buenas costumbres”, a las normas de orden público, así como aquellas en que los manifestantes “profieran insultos o amenazas” o emplean violencia contra las personas o autoridades”.

Se trata de una reforma propia de la derecha más retrasada, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, quién advirtió que los panistas tratan de capitalizar los sucesos de un día antes, en que un grupo de jóvenes agredió a policías y provocó hechos violentos en el Distrito Federal, para figurar políticamente en la capital del país donde los blanquiazules no existen.

En relación a señalamientos de la senadora Mariana Gómez del Campo, quién insistió en que ante la falta de actuación del jefe de Gobierno, Barbosa dijo que no tienen ninguna autoridad moral, si provienen de un gobierno que permitió los excesos y corruptelas de la ex procuradora Marisela Morales y quien se desempeñó como responsable de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En tanto, la panista Gabriela Cuevas agendó una iniciativa, que quedó pendiente de presentar para la próxima sesión, en la que parte de la interpretación de que al no ser una facultad expresamente concedida a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la de regular las manifestaciones públicas, esta materia está reservada al Congreso de la Unión.

Bajo ese supuesto, pretende que se expida una ley que establece la facultad de la autoridad, en sentido amplio, para disolver las manifestaciones “contrarias a las buenas costumbres” o a las normas de orden público, así como aquellas en las que se profieran insultos o amenazas, se emplee violencia contra las personas y sus bienes.

Asimismo, establece los requisitos previos que deberán cumplir los ciudadanos que deseen realizar una manifestación entre los que se encuentra dar aviso con 72 horas de anticipación, señalando, entre otras cosas, el lugar de la movilización, ruta de recorrido, día y hora de celebración, objeto de la reunión, número de participantes, medidas de seguridad previstas y las demandas sociales o de carácter político que motivan su realización.

Establece que las manifestaciones sólo podrán celebrarse entre las 11 y las 18 horas. Señala, además, que cuando una manifestación altere el funcionamiento de instituciones públicas, la Secretaría de Seguridad Pública deberá disolverla y garantizar el libre acceso de los servidores públicos a las instalaciones.

Establece también que la autoridad sancionará a los manifestantes ante el inexacto cumplimiento de la ley propuesta, mismas que pueden ser multa de hasta 30 días de salario mínimo y arresto de hasta 36 horas.