El complejo desarrollo del país se caracteriza porque existen cada vez más contextos dinámicos y cambiantes, situación que va incrementando los grados de incertidumbre de gobiernos estatales, municipales, organizaciones y sociedad en general. Refiriéndose específicamente a la institución municipal como orden de gobierno, ésta enfrenta retos que requieren una mejor capacidad de entendimiento de su realidad, nuevas metodologías para hacer frente a estas situaciones y una gran capacidad de innovación, lo cual ya se tienen diversas experiencias internacionales que reflejan resultados favorables al respecto de este tema.

Por lo anterior y bajo estas nuevas perspectivas, es obligado construir nuevos escenarios para poner restricciones al futuro, situación que permitirá contar con los instrumentos tecnológicos y metodológicos para hacer frente a las nuevas realidades; en adelante se requieren de políticas públicas sustentables que además de ser guía para garantizar el desarrollo y el interés público, serán los motores que permitirán ejercer recursos sociales sin comprometer a las generaciones futuras.

Es aquí donde aplicamos la acepción y puesta en marcha de la gobernanza municipal, término que se utiliza para designar la eficacia, calidad y buena orientación de la intervención del gobierno que proporciona a éste buena parte de su legitimidad, característica que requiere para instalarse y funcionar en el marco de la normatividad que a su ley orgánica le concierne.

Por lo tanto, desde la perspectiva municipal como organismo social, requiere de trabajar y construir herramientas para este proceso de gobernanza, valorar de qué manera puede pasar de ser un gobierno incipiente a uno eficaz, capaz de implementar acciones para garantizar una estabilidad y participación ciudadana y que esta última se la más beneficiada y no se imponga un quinto poder fáctico, donde la comunidad no se sienta vetada ante las acciones del propio gobierno. Por lo tanto, durante los primeros 90 días de gobierno se deben desarrollar acciones para la declaración de un gobierno legítimo y eficaz y tener elementos para ir construyendo el legado que la sociedad valorará al término del periodo administrativo.

Es necesario comprender que actualmente existen problemas al interior de los municipios que no son fáciles de enfrentar, es decir, hay muchas necesidades y pocas posibilidades de respuesta, ya que desafortunadamente los problemas nacionales y estatales por lo general recaen en los gobiernos municipales; por lo que se debe impulsar una política eficiente de organización y profesionalización, en este caso, de los actores de la administración municipal para encontrar estrategias que permitan la solución de los mismos.

El desarrollo de estrategias implica que dentro de la gobernanza municipal y con una nueva forma de gobierno, se aprovechen todas las condiciones que les son favorables para el manejo de las áreas de oportunidad de que se gozan y que en el periodo de mil 95 días que se tienen para trabajar, se construya una competitividad íntegra que dé muestra de que se tiene capacidad para dejar un legado que permita un mejor desarrollo social con liderazgo en el manejo de los recursos municipales que haya lugar.

Es por ello que en el marco de la política municipal el trabajo en equipo es de gran ayuda; se requiere una gran capacidad del equipo administrativo para tener un trabajo ordenado y limpio, donde se construya una agenda de cambio con visión de futuro, donde sea de gran ayuda el respeto al trabajo y acuerdos del cabildo con conciencia de cambio y dando viabilidad al espacio de discusión política siempre para desarrollar un pensamiento con capacidad de tomar decisiones por parte de los actores administrativos y que éstas sean eficaces y legítimas que permitan concretar el cambio en el municipio.

Todo lo anterior permitirá contar con un buen gobierno. Aquel que dé transparencia, estabilidad política, participación y rendición de cuentas, apego a la ley, calidad regulatoria y efectividad en él mismo, instrumentar coaliciones amplias, organizar foros estratégicos para establecer siempre prioridades, promover la deliberación pública sobre temas prioritarios, allegarse de información para tomar decisiones, etc. Estas características deben tenerse siempre presentes y para ello deben tomarse las decisiones que sean necesarias.

Para lograr lo anterior, se requiere reconocer que pueden existir problemas naturales como en todo proceso de cambio, los cuales se orientan a ámbitos como lo político, lo estratégico, lo complejo y lo espinoso que puede representar, sin embargo, se pueden implementar acciones como la comunicación, el compromiso, el cálculo estratégico, la construcción de la viabilidad política y la propia capacidad técnico-política.

Por todo lo anterior, se concluye que se debe tener en cuenta que el cambio y la transformación deben ser los ejes políticos que regirán una buena gobernanza. Esto garantizaría en gran medida un juicio social positivo, mismo que se reconocerá al día siguiente que se deje el mandato. ■

*Secretario de gobierno municipal de Zacatecas

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@AlfredoSdS

La correlación de fuerzas actual, desatada a partir del programa de reestructuración del andamiaje jurídico mediante reformas de “gran calado”, evidencia las relaciones de poder y el nivel de cohesión o desgaste que mantienen dentro del sistema político mexicano.

Hemos visto ya el cese del poder que había acumulado unipersonalmente la líder sindical Elba Esther Gordillo (quien hace unos días obtuvo un amparo para efectos, sin que ello implique su libertad) por parte de la Procuraduría General de la República. El movimiento magisterial del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, se vio paralizado a partir de la decapitación del mando monopólico de la profesora chiapaneca.

El ala disidente de profesores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también ha visto mermado el potencial de la estrategia de asfixia de vialidades en la ciudad capital, una vez que los líderes del movimiento prefirieron no regresar a la plancha del Zócalo, resguardada por policías del gobierno del Distrito Federal, federales y del Estado Mayor Presidencial después de la recuperación de dicho espacio el pasado viernes 13 de septiembre.

La reacción de las bases de la CNTE fue de abierto cuestionamiento a quienes encabezan el repliegue táctico del magisterio disidente. A partir de ese momento, la legitimidad del mismo movimiento se disolvió, y el empuje que habían logrado, apenas alcanzó para la negociación de salarios caídos, y la negativa de iniciar procedimientos administrativos en contra de los profesores que siguieran ausentes en sus respectivas aulas de trabajo.

La cohesión de los grupos de interés en el Pacto por México ha obtenido la victoria en estos frentes de batalla. No someto a discusión si lo que se busca con el programa de reformas es romper las inercias de un régimen político anquilosado por prácticas de corrupción y autoritarismo. Lo que interesa en este análisis es reconocer la correlación de fuerzas presente, y cómo el Pacto por México resulta de palanca para la transformación de las relaciones de poder.

En los próximos días toca el turno a las mismas instituciones de gobierno de la sociedad, que aunque autónomas, no han logrado el cometido democrático de la ciudadanización en la rectoría de los procesos electorales.

La lógica de cooptación de espacios al interior de los consejos generales de los institutos y/o comisiones electorales locales, obedece directamente a los intereses de los grupos de poder, que encuentran auspicio en los partidos políticos también regionales. Es por ello que la “ciudadanización” se ha mantenido como un concepto ajeno al trabajo de las instituciones encargadas de organizar y calificar las elecciones en los estados. Al final depende de las relaciones de poder al interior de las legislaturas estatales, para conocer la dinámica de poder con que las autoridades electorales estatales trabajaran su divergencia de criterios.

Lo mismo aplica en el razonamiento que algunas presidencias de los organismos autónomos utilizan para defender la no desaparición de las instituciones locales. Se habla de que el federalismo corre peligro con la centralización de la toma de decisiones; sin tomar en cuenta lo que en política se conoce como la lectura del momento y la coyuntura.

Los abogados no se encuentran del todo ajenos de la influencia de la correlación de fuerzas frente a las leyes, pues en sí toda interpretación de la ley es política, y para ejemplo tan sólo basta revisar el concepto de “jurisprudencia”. Esto es, los criterios de interpretación se encuentran condicionados por las relaciones de poder mismas.

Hablar de la defensa del Federalismo es una toma de postura, más que el resguardo de uno de los ejes constitucionales mexicanos. Para quienes encabezan las instituciones locales es natural dicha posición, ya que de lo contrario afirmarían los argumentos con que se pretende poner en dicha reforma política. Y con ello aceptarían, por sí mismos, la parcialidad de la que se les acusa.

Sin embargo, fuera de la toma de posturas políticas, las condiciones que rodean el debate son endebles. El caso Zacatecas ejemplifica la complejidad de la correlación de fuerzas, que va más allá de suponer que la lucha de poder institucional representa, someramente, que está en peligro el federalismo.

Basta decir que distintas decisiones sustanciales (algunas coyunturales) tomadas en el seno del Consejo General en la elección 2013, fueron tuteladas por los tribunales federales. Las constantes impugnaciones a las candidaturas independientes, el registro de la coalición PAN-PRD, la impugnación a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, la calificación de la elección en el municipio de Sombrerete, revelaban un equilibrio de fuerzas trastocado por la influencia de intereses endógenos, pero que encontraban resonancia y respaldo en el mismo consejo general.

La defensa de los intereses locales se reviste de la exigencia de respeto al Federalismo. ¿Será suficiente para luchar contra el Centralismo? ■

*Lic. Ciencias Políticas y Administración Pública (UNAM)

A 45 años de la masacre, se conmemora el 2 de octubre entre múltiples manifestaciones y con distintos contingentes en pie de lucha por demandas y reclamos insatisfechos por un autoritarismo institucional, negado a ceder su lugar al debate democrático para resolver las controversias políticas ocasionadas por decisiones autoritarias como el compendio de leyes secundarias con las que deberá operar la reforma educativa auspiciada por Mexicanos Primero, ente parainstitucional al que Peña Nieto presta obediencia por encima de los maestros, próximos afectados en su perspectiva laboral y de vida. Ya se verá si el viaje a Suecia de Peña Nieto fue para afianzar la idea de que ella es el prototipo ¿político y educativo? a seguir por los mexicanos. Obligado está a precisar sus próximas acciones, respecto a la educación en México. ¿Qué tanto se va a preparar y constituir en esa vieja novedad como actores educativos a padres de familia, maestros y a las respectivas autoridades nacionales y locales en el entorno escolar? Iniciar a cambiar hacia un modelo educativo como ése implica preparar a los actores educativos para reconocer y garantizar la autonomía y autoridad académica, pedagógica y política, requeridas. Como reforma educativa será un proceso de formación que consume tiempo, (paciencia,) ciencia y dinero, para facilitar el tránsito a todos los involucrados por ser una novedad en casi todo México, salvo alguna particular excepción.

El modelo sueco en educación hace tiempo operó de manera exitosa para conseguir lo que deseaba aquel pueblo: una educación pública, gratuita y de calidad. Suecia fue el país europeo que más presupuesto destinaba a las familias. En 2008, el destinar 966 euros persona/año a políticas familiares se llevó casi un 30 por ciento del PIB. Situación hoy difícil de sostener por la erosión de las estructuras tradicionales de apoyo, a las que faltan recursos y por el avance de la individualización, según parece.

En México, sentar las bases para alcanzar una educación con esas características conlleva una compleja transformación política en la que el autoritarismo y el centralismo se reviertan al quedar sujeto el proceso social y económico mediante unas auténticas, democracia y educación, a obtener si circula el poder de abajo hacia arriba y no al revés, como hoy ocurre, a pesar de la eventual faramalla montada para legitimar leyes o políticas, mediante los H. Congresos estatales, de los cuales, el recién concluido en el estado de Zacatecas dejó una lección ¿cleptócrata?, a la que mediante un emprendimiento jurídico – ciudadano se tratará de anular y recuperar el dinero enviado y entregado a algunos diputados, según notas de prensa, no como despedida o agradecimiento por servicios legislativos prestados a Gobierno del Estado en bien de los zacatecanos, sino para ¿inducir a aprobar? el actual presupuesto de egresos. Asunto impulsado y en dilucidación, según parece, de manera oficial o por actores privados, quienes como ciudadanos dicen buscar esclarecerlo y que la justicia actúe, si se requiere.

A 10 meses de su sexenio, Peña Nieto viajó a Suecia, al regresar aseguró que los frutos de la reforma educativa se verán en seis o siete años e indicó: “Es fundamental hacer ajustes en distintos ámbitos, como los que hemos venido haciendo” en materia de enseñanza y telecomunicaciones. Mientras lo anterior da fruto, el mandatario dijo confiar en que desde ahora habrá mexicanos mejor capacitados para incorporarse a la planta productiva. ¿De qué educación habla? Educación y formación para el trabajo se pueden complementar, aunque el fin de la educación no puede ser sólo formar para un trabajo por lo regular inexistente, sino para la vida; generar y multiplicar el trabajo no es un fin educativo, per se, aunque para ello, ahora cada vez más se incluye la incubación de empresas como asignatura – taller que coadyuve mediante el autoempleo a crear ocupación por y para los jóvenes egresados. Nuestro mercado de trabajo es deficitario en crear empleo y un dispositivo voraz para acumular capital. Por fortuna, Peña Nieto no se la quiebra, recurre a Keynes para lanzar su garbanzo de a libra: “los frutos de la reforma educativa se verán en seis o siete años.” El famoso, “a largo plazo, todos estaremos muertos” e indicó: “Es fundamental hacer ajustes en distintos ámbitos, como los que hemos venido haciendo” en materia de enseñanza y telecomunicaciones. Mientras las enmiendas dan fruto, el mandatario dijo confiar en que desde ahora habrá mexicanos mejor capacitados para incorporarse a la planta productiva. ¿Qué da a entender? ¿Los maestros son prescindibles para ese tipo de “educación” y se les puede sustituir con terminales de Internet, sus respectivas máquinas y entornos? ¿En un México futuro no habrá ni maestros ni escuelas, sólo terminales de Internet y ciudadanos del mundo altamente informatizados? ¡Adiós escuelas, adiós profesores! De un plumazo desaparecerán las manifestaciones y las invasiones del Zócalo serán para degustar la modernidad con hamburguesas el Día del Grito, ante las megapantallas facilitadas patrióticamente por Televisa. ■

El paso de los huracanes Ingrid y Manuel por nuestro país dejó muerte y destrucción en gran parte del territorio nacional, por ello la protección y atención de los damnificados, así como la reconstrucción de sus viviendas, de la infraestructura social básica, de las vías de comunicación y de sus fuentes de empleo son la prioridad, sin embargo, también es necesario aprender de la tragedia, evaluar nuestros errores y actuar en consecuencia. Además de los temas de falta de prevención, de la reacción no oportuna y de la permisividad de asentamientos en zonas de riesgo, todos ellos importantes, me concentraré en esta ocasión en el tema de la infraestructura, y particularmente, en aquella que va dirigida a los que menos tienen, la social.

Imaginen la afectación que puede tener un hogar al sufrir una inundación como las que en estos días vemos en la televisión, ahora imaginen esa misma afectación en un hogar que no tiene piso ni muro ni techo de materiales firmes o resistentes, y consideren cuánto tiempo tardará en recuperarse si además el hogar no tenía, desde antes de la afectación, agua potable, drenaje, luz, alcantarillado y, lo peor, ya se encontraba “aislada” por no contar con caminos, escuela o centro de salud, acceso a la alimentación. Pues sí, muchos hogares que en este momento están pasando por la pesadilla de la inundación tienen años viviendo ademáscon la pesadilla de no contar con una infraestructura social básica, a pesar de que los municipios y los estados cuentan con un fondo exclusivo para atender esta necesidad: El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).

El FAIS es un fondo que se integró desde hace ya 15 años con el 2.5% de la recaudación federal participable, cifra nada despreciable ya que el año pasado alcanzó los 53 mil millones de pesos, más del doble presupuestal de Zacatecas el mismo año, de los cuales 87.8% se distribuye entre los municipios y 12.12% a los estados y se distribuye de acuerdo a una fórmula que considera criterios de pobreza extrema. De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal el fondo se destinará exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien a la población que se encuentra en condiciones de rezago social y pobreza, en el caso del municipio pueden dirigir el fondo para acciones de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, mejoramiento de viviendas, caminos rurales e infraestructura productiva rural, en el caso de los estados pueden invertir en obras y acciones regionales e intermunicipales, hasta aquí todo pinta bien. El problema es cómo en campo, en la realidad, se ha venido aplicando el Fondo.

De acuerdo con revisiones efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación y estudios del Coneval, el FAIS presenta, sobre todo en su vertiente municipal, varias deficiencias: a) Subejercicios recurrentes, una apertura programática rebasada que no permite la atención de algunas demandas prioritarias de la población, b) Existe una concentración de las inversiones en obras y acciones de pavimentación (alrededor de una tercera parte se destina a estos conceptos), en detrimento de una mayor atención de los servicios más prioritarios, curiosamente otros estudios señalan que son este tipo de obras donde se presenta mayor discrecionalidad de asignación y gasto en los municipios, c) La fórmula de distribución para municipios no contiene elementos que los incentiven a ejercer los recursos con mejores resultados, ya que con más pobres tendrán más recursos, d) La mayoría de los municipios no tiene información actualizada sobre los déficits de servicios de infraestructura básica, ni disponen de estudios sobre las zonas y grupos de mayor rezago que les apoyen en la planeación, y eviten la discrecionalidad en las determinación de las obras a realizar, entre otros puntos.

En suma, tenemos graves deficiencias y deudas en la infraestructura social básica de los que menos tienen y que además, con afectaciones como la que vivimos hoy, son los que más sufren, y por otro lado tenemos un Fondo que fue diseñado para atender dicha necesidad pero que no se ha aplicado correctamente.

Bajo este contexto es necesario replantear el FAIS bajo un visión distinta que tenga tres principios básicos: 1). Premiar con más recursos a los municipios que logren cumplir metas y revertir los indicadores de la pobreza extrema de sus habitantes, y no a aquellos que tienen más pobres; 2) Que los recursos se apliquen en obras y acciones específicas que muevan los indicadores de pobreza; y 3) Generar esquemas de concurrencia de recursos de manera obligatoria.

En nuestra siguiente colaboración analizaremos cada uno de los puntos con el fin de ofrecer a nuestros amables lectores algunas reflexiones que les pueda ayudar en la evaluación de las acciones que promoverán nuestros flamantes nuevos presidentes municipales. ■

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