■ No afectará derechos laborales; sí tendrá consecuencias para ingreso al servicio magisterial
■ La mayor fortaleza del INEE, su facultad para emitir directrices de política didáctica, explica
La evaluación al desempeño docente que se aplicará como parte de la Reforma Educativa, permitirá obtener evidencias y no ocurrencias sobre lo que acontece en la realidad educativa, a la vez que generará directrices para la elaboración de políticas mediante las cuales sea posible lograr la equidad y calidad, principales problemas en el sistema educativo, afirmó Sylvia Schmelkes del Valle, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
Durante una conferencia impartida en la capital del estado, reiteró que la evaluación no afectará los derechos laborales de los docentes, pero sí tendrá consecuencias para el ingreso al servicio docente y para la permanencia en el trabajo frente a grupo, en caso de que no aprueben tres evaluaciones a las que serán sometidos.
Esas consecuencias se van a presentar en dos casos: en el ingreso al servicio profesional docente, donde los maestros, después de aprobar el examen de ingreso, deberán pasar una evaluación que se aplicará después de dos años, a fin de determinar si se mantiene o no en la labor docente.
Otro impacto será en el desempeño docente, pues si el maestro no aprueba la evaluación en tres ocasiones, será trasladado a actividades administrativas y dejará de impartir clases frente a grupo, sin afectar sus derechos laborales.
Comentó que la legislación educativa le asigna muchas y diversas responsabilidades al INEE, entre ellas la evaluación de todo el sistema educativo nacional, es decir, el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los docentes y directivos, el funcionamiento de las instituciones educativas y de los programas educativos, además de las políticas como el financiamiento, la formación y actualización docente, la inclusión educativa, etc.
Aunque el INEE es el responsable de evaluar el sistema educativo, Schmelkes del Valle precisó que no es la única instancia evaluadora, puesto que hay otros organismos que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación, aunque estos serán coordinados por el propio INEE.
De acuerdo con la ley, las autoridades educativas y otras instancias realizarán las evaluaciones “que tienen consecuencias sobre los individuos, es decir, no es el INEE el que realiza la evaluación que acaba de pasar para el ingreso a la docencia, porque ésta tiene consecuencias sobre los individuos. Entonces son las autoridades federales y estatales que, siguiendo los lineamientos que proporciona el INEE, aplican estas evaluaciones”.
Al INEE le corresponde, según expuso, realizar las evaluaciones con base en las muestras de los diferentes aspectos del sistema educativo nacional, pero que no tengan consecuencias sobre los maestros, directivos o escuelas.
Es decir, el instituto definirá la validez de la prueba y su aplicación, el uso que se le puede dar a cada evaluación y sus consecuencias, asegurar que no tengan sesgo cultural, evitar duplicidades, entre otros lineamientos.
La mayor fortaleza del INEE, dijo, es su facultad para emitir directrices de política educativa basadas en las evidencias que resultan de las evaluaciones, las cuales se traducirán en recomendaciones, ya sea para mejorar el servicio docente e incluso para reorientar el gasto y lograr propósitos de equidad.
Sin embargo, Schmelkes del Valle indicó que esas directrices “no tienen que ser obligadamente seguidas por las autoridades educativas, porque el INEE no es la Secretaría de Hacienda y entonces no sabe si existen las condiciones para que las autoridades puedan seguir estas recomendaciones, pero a pesar de ello estas directrices se hacen públicas y deben ser respondidas públicamente en un plazo no mayor de 60 días”.
Afirmó entonces que en México, la evaluación nunca se había utilizado para mejorar la calidad y equidad en la educación, pues la prueba Enlace o de Carrera Magisterial, por ejemplo, tenían un propósito “de pedir cuentas pero no de mejorar la calidad en la educación”.
Respecto a la situación actual de la educación en México, señaló que ella se relaciona con otros problemas sociales que se reflejan en la existencia de 3 millones de niños entre los 5 y 17 años de edad que trabajan y la mitad de ellos no estudia.
Aunado a ello, informó que en las escuelas del Consejo Nacional de Fomento Educativo el costo promedio de un alumno era de 7 mil pesos por año, mientras que el costo promedio de un alumno en una escuela primaria es de 37 mil pesos por año, lo que evidencia la inequidad entre niños que cursan el mismo nivel educativo.
En la última evaluación de PISA, recordó, se obtuvo que en Lectura 41 por ciento, en Matemáticas 55 por ciento y en Ciencias 47 por ciento; los alumnos están por debajo del nivel 2, que es el nivel mínimo necesario para responder a las necesidades de la sociedad moderna, evidenciando que no se ha logrado brindar de una educación de calidad a los niños.
Además, 31 millones de personas de 15 años y más, no han concluido su educación básica en el país, y 21 por ciento de los alumnos que ingresan a secundaria, no concluyen con su educación; en nivel medio superior la cifra llega a 42 por ciento.
Entre las causas de los problemas que padece la educación, están las históricas, entre ellas, el crecimiento de la población, la fragmentación de comunidades (hay comunidades muy pequeñas con menos de 100 habitantes a las que es imposible ofrecer algún tipo de educación), y las estructurales, propias del sistema educativo.
