■ Sería objeto de exhaustivo análisis en comisiones; afecta decisión a 21 mil familias, señalan

■ De aprobarse, sería necesario elaborar un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo en 6 meses

Con la advertencia de un posible “albazo” legislativo en la aprobación de la iniciativa de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), ayer fue leída en el pleno de la Legislatura local la propuesta enviada por el Ejecutivo estatal la noche de este miércoles.

El llamado que hicieron en sus diferentes intervenciones los diputados de todas las fracciones parlamentarias fue el de realizar un análisis “exhaustivo” al interior de las comisiones encargadas de conformar el dictamen y que son la de Presupuesto y Cuenta Pública y la de la Función Pública, de forma que no sea una ley aprobada “al vapor” debido al impacto que tienen en cerca de 21 mil familias zacatecanas.

Entre los puntos criticados de la iniciativa se encuentra el de cambiar a los trabajadores del Estado del Apartado B al A, contemplados en el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicando esto la elaboración de un nuevo Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en un plazo máximo de 6 meses tras la aprobación del nuevo texto legal.

Ante esto, el diputado José Luis Figueroa Rangel, tanto en los asuntos generales de la sesión como en una conferencia previa, denunció que esta decisión conduciría a la precarización de las condiciones laborales. Esto, aseguró, porque el nuevo CCT se conformaría ya bajo la nueva legislación laboral del país que consideró desfavorable para los trabajadores.

Asimismo, otra de las críticas que se realizó por parte de varios legisladores fue el hecho de que no se exponen medidas concretas que permitan localizar y sancionar a las personas que llevaron a cabo “malos manejos” de los recursos del Issstezac, los cuales aseveraron que son una de las razones de la actual crisis financiera de la institución.

Al respecto, en la exposición de motivos de la iniciativa se menciona, como una acción que “sin duda” contribuirá a la rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos públicos, la “desincorporación” del director general de la Junta de Gobierno, que es el ente que se encargará de “supervisar y evaluar” el desempeño del instituto.

Además, en la iniciativa se “especifica claramente la obligación del director general consistente en rendir anualmente un informe sobre su gestión administrativa, en el que se incluyan detalladamente los estados financieros del Instituto (previamente certificados por un contador público autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público)”.

Aparte del nuevo Contrato Colectivo de Trabajo y de la necesidad de incluir apartados que se enfoquen en no dejar impunes los malos manejos que advirtieron que ha habido en el Issstezac, también se expuso en la sesión la falta en el documento de medidas que busquen solucionar de fondo el problema financiero de fondo del organismo.

Varios legisladores comentaron que, para lograr una iniciativa que garantice la solvencia económica del instituto, se debe esperar a que lleguen los resultados de las auditorías que están llevando a cabo tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como una auditoría externa acerca de la situación actual del Issstezac.

Uno de los aspectos criticados en este sentido fue el de no plantear una reducción del número de trabajadores del instituto. Cuahtémoc Calderón calificó de “absurdo” el hecho de que esta dependencia tenga el mismo número de empleados que el ayuntamiento de Zacatecas, mientras que José Luis Figueroa sostuvo, igualmente, que no hay disminución de los puestos directivos que suponen un gasto mensual en salarios de 5 millones de pesos.

Otro de los cambios propuestos por el Ejecutivo estatal es el de incrementar hasta los 65 años la edad de jubilación, así como calcular la pensión de cada trabajador con base al promedio que se obtenga con el sueldo cotizado durante los últimos 5 años de servicio.

Además, se establecen los tabuladores para el incremento gradual de las cuotas de los trabajadores hasta llegar a 12 por ciento y de 6 por ciento en el caso de los propios pensionados.

También la aportación de los municipios aumentará paulatinamente hasta 14 por ciento y gobierno del Estado llegará a aportar 24 por ciento en el año 2020, previendo ya el inicio de este esquema en 2015, aunque aún no ha sido aprobada la ley y faltan menos de dos semanas para que el concluya el plazo máximo de cierre de las actividades legislativas del actual periodo ordinario.

En este sentido, el diputado Alfredo Femat cuestionó que se contemple la participación de todos estos actores pero no de la Federación. Al respecto, sostuvo que “por qué no involucrar a Gobierno federal cuando hay experiencias exitosas de rescate de problemas estructurales” y concluyó que “si se etiquetó una cantidad de recursos y se endeudó a México para los banqueros, por qué en el caso de los trabajadores ellos tienen que cargar” con estos costos.

De igual forma fue criticado el apartado en el que se establece que “los entes públicos que voluntariamente regularicen sus adeudos con el Issstezac gozarán por única vez del beneficio de la condonación parcial de recargos” con porcentajes que oscilan entre 30 y 80 por ciento.

En este sentido, Cuauhtémoc Calderón agregó que, por una parte, “hay muchas trabas para que (el trabajador) reciba su pensión, pero no hay la misma rudeza para que (el patrón) entregue las cuotas ya retenidas”.

Otra de las preocupaciones señaladas por los diputados fue la sentencia con la que se cierra el artículo 14 de la propuesta de Gobierno del Estado y en la que se asegura que “el otorgamiento de las prestaciones estará sujeta a la capacidad financiera del Issstezac”.

En cuanto al periodo de aprobación, Figueroa Rangel aseveró que existe la posibilidad de que, dependiendo del voto del diputado Rafael Gutiérrez, quien es el presidente de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, la ley se apruebe antes de cerrar el año. No obstante, expuso que es necesario que no sea así pues, al igual que otros legisladores, expuso que es indispensable conocer los resultados de las auditorías y tomar en cuenta la opinión de los trabajadores mediante la realización de foros.

En este sentido, la diputada Eugenia Flores agregó que se debe analizar y votar esta iniciativa “con profesionalismo y de cara a la sociedad, no de cara al gobernador Miguel Alonso Reyes”. Por su parte, Soledad Luévano, tomando como pregunta central de su discurso “¿Cuánto cuesta el voto de un diputado?”, señaló que “el PRI quiere modificar la Ley del Issstezac en menos de 15 días, quieren aprovechar la época navideña para votar la reforma y que nadie se entere”.

Claudia Anaya indicó que se requiere hacer la revisión “sin ponernos del lado de un partido, sino del lado del instituto y de los trabajadores” y Mario Cervantes comentó que “no es una ley sencilla” por lo que debería estar aprobándose, para tener tiempo de hacer los análisis correspondientes, en los meses de marzo o abril de 2015.

■ En Zacatecas se tienen documentados 185 casos de individuos extraviados: Claudia Anaya

■ Estas situaciones no serían problema de los familiares de las víctimas, sino del Estado, afirma

La diputada Claudia Anaya Mota presentó una iniciativa de Ley Estatal sobre los derechos de las personas ausentes por desaparición, con la que se busca que no sólo aquellos que estén en paradero desconocido por secuestro o desaparición forzada puedan acceder a los apoyos contemplados en la Ley Estatal de Víctimas, sino que estos lleguen a todos quienes están “ausentes por desaparición” en el estado.

En la base de datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas que fue creado en 2011, informó la diputada, se tienen documentadas “hasta el momento” 185 personas desaparecidas o extraviadas en Zacatecas, lo que se traduce en una tasa de 12.4 “ausentes” por cada 100 mil habitantes.

Anaya Mota sostuvo, en este sentido, que la intención es establecer como norma que estas situaciones no sean un problema de los familiares de las víctimas sino del Estado. Destacó que ahora la Ley Estatal de Víctimas no contempla indemnizaciones para este tipo de desaparecidos.

Concluyó su intervención asegurando que a los 185 desaparecidos en Zacatecas “vivos se los llevaron y vivos los queremos”.

Al respecto, aseveró que actualmente “no hay mecanismos del Estado que se sumen a la búsqueda y acompañen a los familiares” de quienes están desaparecidos por razones ajenas a la autoridad o al secuestro. Expuso que ha quedado demostrado que hay otros actores, aparte del Estado, que cometen actos de desaparición forzada. Específicamente, puntualizó, “la mayoría casi absoluta de los casos de personas desaparecidas en la actualidad de nuestro Estado, se refieren a acciones del crimen”.

En ese tenor, Anaya Mota subrayó que “el secuestro, el rapto, la privación ilegal de la libertad, la sustracción con fines de homicidio, son otras causas que evidentemente conducen a la desaparición en contra de la voluntad de las personas”.

En la iniciativa presentada, se le obliga al Ministerio Público a elaborar un Registro Estatal de Personas Ausentes por Desaparición, conformado por Actas de Desaparición, que es un documento jurídico que certifica la “ausencia por desaparición” de una persona, el cual se elabora en caso de que, después de 30 días naturales desde la denuncia por desaparición, las autoridades aún no tiene información fidedigna sobre “la vida, el paradero o el fallecimiento” de la víctima.

Se precisa que estas actas “no eximen a las autoridades y al Ministerio Público de continuar con las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del hecho y la búsqueda de la persona ausente, hasta que no se concluya con su aparición con vida o el hallazgo definitivo de su fallecimiento”.

Otra medida establecida en la propuesta de Anaya Mota es la obligación del Estado de hacer uso de medios electrónicos y demás espacios publicitarios para intensificar la búsqueda de los desaparecidos.

Además, entre los puntos también destacados en la ley presentada este jueves, y que fue suscrita por todos los diputados presentes en la sesión, se encuentra el derecho de los desaparecidos “a no ser señalado como sospechosa o responsable de la comisión de hechos delictivos relacionados con su desaparición”.

La diputada concluyó, en su exposición de motivos, que esta iniciativa “es un llamado de atención y una manera de visibilizar esta abrumadora problemática. (…) Por ello, desde el trabajo legislativo, es momento de emprender acciones específicas en torno a un tema que va en incremento, ya no podemos hacer caso omiso a las desapariciones forzadas o desapariciones involuntarias”.

Las dependencias señaladas por la ley como instancias responsables de los procesos de búsqueda, de otorgamiento de seguridad, de garantía de la economía familiar y de cumplimiento de esta legislación son el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Economía y la Secretaría General de Gobierno.