A principios de este año, el empresario favorecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) José Alfredo Hernández Casillas recurrió a la protección de la justicia federal ante el temor de ser arrestado, luego de que el 21 de enero presuntos agentes de la Policía Federal Ministerial acudieron a su domicilio para cumplimentar una orden de aprehensión que supuestamente libraron jueces de la CDMX y el estado de México.
El expediente señala que una juez de distrito sobreseyó el juicio de amparo, porque de acuerdo con los informes de las autoridades no existía orden de captura en su contra; además, Hernández Casillas no impugnó el fallo.
El empresario promovió el recurso el 10 de febrero ante la posible existencia de una orden de aprehensión o de comparecencia en su contra. Al día siguiente de presentar la demanda, la juzgadora le concedió la suspensión provisional y le fijó el pago de una garantía de 6 mil 500 pesos.
El empresario está vinculado con la ex consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, por la firma de contratos por más de 12.4 millones de pesos para la compra de artículos electorales utilizados en la elección de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y en la consulta de presupuesto participativo, según documentos de la Plataforma Nacional de Transparencia.
En su demanda, Hernández Casillas negó haber cometido delitos, aseguró que se conducía bajo la ley y solicitó a juzgados federales y otras dependencias informar si existía alguna carpeta de investigación en su contra.
Una semana después, el 17 de febrero, la togada le negó la suspensión definitiva, y fue hasta el 27 de ese mes cuando emitió la resolución, mediante la cual anuló el juicio, debido a la inexistencia de la orden de captura.
“No son ciertos los actos que se atribuyeron a las restantes autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba que desvirtúe tal negativa. Por tanto, debido a la inexistencia de las referidas autoridades y de los actos reclamados de las restantes responsables, se sobresee en el juicio de amparo”, señala el resolutivo de la juez.
Al respecto, el 21 de mayo, la impartidora de justicia ordenó archivar el expediente, el cual quedó formalmente concluido el 3 de julio.
Hernández Casillas es señalado como propietario o representante legal de las empresas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Formas Finas Fernando Fernández, Comercializadora Grupo Selati y Seriplast de México, las cuales son investigadas por la Auditoría Superior de la Federación.
