Con motivo de las protestas por agua limpia desarrolladas el pasado 11 de octubre en Guadalajara, se dio a conocer el caso de Samuel, un joven de 24 años que trabaja como repartidor en una plataforma, quien fue víctima de una injustificable reacción a la manifestación que se llevaba a cabo en ese momento por donde él realizaba su trabajo. Su caso se volvió rápidamente emblemático del uso excesivo de la fuerza, no solo por lo que captaron las cámaras y pronto se hizo viral en redes, sino también porque, una vez centrada la atención en él, se conoció la difícil circunstancia que atraviesa su familia: su madre, Claudia, es paciente de cáncer de mama y, como millones de familias, ella y Samuel se enfrentan al abandono de las instituciones que debieran acompañar y brindar atención no solo a la cuestión médica de una enfermedad tan desgastante, sino a los desafíos económicos, familiares y personales que implica. Es decir, más allá de las deficiencias que en la atención de la salud enfrentan, en general, las personas con estas afecciones, se suma la insuficiencia de un sistema de cuidados y, por tanto, la ausencia del Estado. Aunque la noticia se detonó por las imágenes de Samuel siendo violentado por las fuerzas de seguridad, en esta historia lo primero que sucedió fue el abandono del Estado, tanto en la situación que originó la protesta (haya participado o no Samuel, hay una demanda legítima) como, a nivel muy particular, en la precariedad que lo obligó a buscar ese trabajo para contribuir a los gastos de su familia ante la penosa situación que atraviesa su mamá, Claudia.
El Estado, sin embargo, hizo gala de existencia en la vida de Samuel y Claudia ese día, no solo en la violencia física que sufrió el joven, sino en la desesperación e incertidumbre de su madre, en la búsqueda de su hijo ante la insolencia de las autoridades, que, en una detención de esta naturaleza, es la regla; y luego, en el extravío de sus pertenencias, entre ellas su motocicleta, instrumento inherente de su labor.
Lo que tenemos en la historia de Samuel y Claudia es el reflejo de las peores facetas del Estado en nuestro país: la ausencia para dotar de servicios de calidad y su presencia como expresión de violencia e injusticia. Pero hay que ser muy cuidadosos con el simplismo que puede desprenderse de lo anterior: lo dicho no es exclusivo, en absoluto, de Jalisco y su actual gobierno; se trata más bien de una constante en la historia de México y su insuficiente desarrollo de capacidades institucionales y de plena instauración de los derechos y garantías que son característicos de un Estado de derecho propiamente dicho. Inclusive, cabe la nota al margen, tanto la actitud del Gobernador de dicha entidad, Pablo Lemus, como la del dirigente nacional de su partido, Jorge Álvarez Máynez, fueron decentes y más aún, destacables en los antecedentes que existen de casos similares como el sucedido.
No obstante, este lamentable caso es una oportunidad para volver al punto: el Estado mexicano no ha sabido responder en dos siglos a las demandas y necesidades más sentidas y próximas de las personas en nuestro país; hay, desde luego, avances, pero también zigzagueos: existe una robusta política social en lo federal, pero persisten fallas cada vez más evidentes en la prestación de servicios como el de salud y una muy limitada generación de empleos que concedan las oportunidades que requiere la juventud y, en general, la población con demanda de trabajos dignos y satisfactorios.
Este caso, que en breve pasará a ser uno más en el anecdotario de nuestra historia, debe recordarnos la exposición a la que nos encontramos permanentemente todas las personas en México: la oscilación entre el abandono y la irrupción violenta del Estado, uno que ha desarrollado pocas capacidades para prestar servicios públicos, pero que, a la hora de atropellar, aparece con instrumentos y herramientas que más vale no conocer. Y no solo hay que recordarlo: hay que sumar voluntades, creatividad, ideas, experiencias y acciones para remediarlo.
@CarlosETorres_
