Los rectores de las universidades públicas estatales solicitaron una ampliación presupuestal de 36 mil 800 millones de pesos para 2027, de los cuales 23 mil 700 millones se destinarían a constituir el fondo para garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación superior.
Durante una reunión con legisladores en la Cámara de Diputados, el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Ángel Román Gutiérrez, advirtió que la falta de este mecanismo financiero ha provocado la judicialización del derecho a la educación, con decenas de amparos promovidos por estudiantes que, señaló, ya escalaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“No queremos litigar contra nuestros estudiantes. No se trata de combatir en los tribunales el sueño legítimo de los jóvenes mexicanos; nuestra vocación es abrirles las puertas y dar cumplimiento pleno a lo que marca la Constitución”, sostuvo.
El rector subrayó que las universidades no pueden garantizar la gratuidad sin contar con recursos suficientes para compensar los ingresos propios que dejarían de percibir. De lo contrario, advirtió, el cumplimiento del mandato constitucional podría comprometer la operación de las instituciones.
“Sin un presupuesto adecuado (…) es materialmente imposible acatar el mandato constitucional de garantizar la gratuidad de la educación superior sin llevar a nuestras instituciones a la quiebra operativa”, expuso.
Román Gutiérrez recordó que en 2019 se reformó el artículo tercero constitucional para establecer la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, y que el fondo destinado a hacer viable esa disposición debía constituirse a partir de 2022.
Sin embargo, lamentó que, en el contexto de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, ese compromiso continúe pendiente.
El rector también alertó sobre las consecuencias sociales de la falta de financiamiento: casi 6 millones de jóvenes de entre 18 y 22 años no cursan estudios superiores en México, mientras que alrededor de 211 mil universitarios abandonan sus estudios cada año; de estos últimos, 70 por ciento lo hace por motivos económicos.
Por su parte, el secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Luis Armando González Placencia, detalló otros componentes de la propuesta presupuestal: 3 mil 200 millones de pesos para política salarial, 3 mil 300 millones para atender el impacto de los incrementos a los salarios mínimos y mil millones para enfrentar problemas estructurales, incluido el sistema de pensiones.
Asimismo, planteó la creación de un fondo solidario con una asignación de 2 mil millones de pesos para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento universitarios.
En sus redes sociales, Ángel Román informó que la propuesta fue presentada ante las comisiones de Educación y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Reiteró la necesidad de establecer un financiamiento suficiente, justo, sostenible y oportuno que fortalezca la educación superior pública y permita preservar la viabilidad financiera de las universidades.
El rector enfatizó la importancia de atender particularmente a las instituciones que enfrentan dificultades económicas, entre ellas la BUAZ, para garantizar la continuidad de sus funciones educativas y el acceso de los jóvenes a la educación superior.
