El pasado 7 de octubre, el Senado aprobó una reforma a la Ley General de Turismo para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes frente al abuso y la explotación. La modificación establece que los prestadores de servicios turísticos deberán aplicar de manera obligada protocolos preventivos y solicitar documentos que acrediten el parentesco, la patria potestad, tutela, guarda o custodia de quienes los acompañan; cuando no se acrediten los supuestos previstos, deberán negar el servicio y avisar a las autoridades.
Durante el Mundial de Futbol, mi esposo viajó con uno de nuestros hijos a Guadalajara. Al llegar al hotel, le solicitaron documentos de identificación de los niños. Meses después, al conocer la reforma federal sobre la verificación de la relación entre las personas adultas y los menores que acompañan.
Jalisco había preparado medidas de protección para el Mundial. UNICEF México y el Gobierno estatal desarrollaron un protocolo, publicado en enero de 2026, para detectar, atender y derivar situaciones de desprotección, incluidas desaparición, trata, explotación sexual y trabajo infantil.
En el ámbito nacional también existían herramientas previas. La Secretaría de Turismo promovía el Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y su Protocolo de Acción. La adhesión al Código es voluntaria y busca involucrar a las empresas en la prevención, detección y denuncia de la explotación sexual y laboral.
Según REDIM, con base en registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero de 2015 y diciembre de 2025 se registraron 3,092 víctimas de trata: 2,306 niñas y 786 niños. Las niñas y adolescentes representaron el 74.6 por ciento.
“En Zacatecas, se reportaron en 2021 apenas
siete reconocimientos a establecimientos
que recibieron capacitación para detectar y
prevenir la trata. Como comparación ilustrativa,
esos siete equivalen a sólo el 2.24 por ciento
de los 312 establecimientos de alojamiento
reportados en febrero de 2026”
En Zacatecas, la Secretaría de Turismo estatal promovió desde noviembre de 2020 la adopción del Código de Conducta Nacional para proteger a niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, en septiembre de 2021 se reportaron apenas siete reconocimientos a establecimientos que recibieron capacitación para detectar y prevenir la trata. Como comparación ilustrativa, esos siete equivalen a sólo el 2.24 por ciento de los 312 establecimientos de alojamiento reportados en febrero de 2026. A ello se suman alrededor de 700 ofertas de Airbnb en la capital y su zona conurbada, cuyo alcance en capacitación y protección también debe transparentarse.
La reforma de octubre ya tuvo difusión en medios locales, ya existe un antecedente público de discusión; al cierre de esta revisión, no localicé un comunicado específico de la Secretaría de Turismo de Zacatecas que explique cómo preparará al sector para las nuevas obligaciones, tales como notificaciones a establecimientos, protocolos de actuación, calendario de capacitaciones o convocatoria a hoteles y anfitriones de alojamientos contratados mediante plataformas digitales. Esto no demuestra que no existan acciones internas, pero deja pendiente una comunicación pública que permita conocerlas y evaluar sus alcances.
Urge que la Secretaría de Turismo de Zacatecas se pronuncie y presente una ruta de preparación e implementación, con fechas, responsables y coordinación con la Fiscalía y las autoridades de protección de la infancia. La difusión de una aprobación legislativa debe acompañarse de acciones que lleguen a quienes reciben, alojan y transportan a niñas, niños y adolescentes.
Los automoteles requieren especial atención cuando el ingreso conduce directamente a una cochera privada, sin pasar por una recepción; debemos exigir mecanismos de verificación antes del acceso que permitan detectar si viajan niñas, niños o adolescentes y activar la protección correspondiente. La privacidad del servicio no puede convertirse en una zona sin supervisión. Corresponde a las autoridades establecer controles verificables, inspeccionar su cumplimiento y asegurar que el personal sepa reconocer y reportar señales de riesgo. Ningún procedimiento garantiza por sí solo que no habrá explotación, pero permitir el ingreso sin controles deja una brecha que es urgente cerrar.
La necesidad de seguimiento tiene respaldo en los registros oficiales. El reporte de incidencia delictiva de Zacatecas de 2025 contabiliza 29 presuntos delitos de trata registrados en carpetas de investigación. En Guadalupe, la Fiscalía informó que tres mujeres fueron condenadas, cada una, a 25 años y tres meses por explotar sexualmente a una adolescente, por hechos ocurridos entre 2020 y 2022.
En septiembre de 2026, se difundió información atribuida a la Fiscalía sobre una condena de 11 años por trata en la modalidad de trabajos forzados y asociación delictuosa.
La revisión debe alcanzar también a los alojamientos contratados mediante plataformas como Airbnb. Allí debemos examinar cómo se distribuyen las responsabilidades entre la empresa que intermedia la reservación y quien recibe a los huéspedes. De primera mano, les puedo decir que la compañía no ha emitido ningún comunicado para México en la plataforma o mediante correo electrónico a los anfitriones para tener conocimiento sobre el tema.
Como ciudadanos, atendamos señales concretas, tales como amenazas, miedo hacia la persona acompañante, restricciones para hablar o desplazarse y solicitudes de auxilio. Para aportar información anónima sobre posibles delitos de trata, utilicemos el 089 o 911. Describamos la ubicación y lo observado con precisión, sin confrontar al posible agresor ni publicar imágenes de la infancia.
La calidad de un destino turístico también se mide por su capacidad para prevenir y atender esta lamentable situación.
