Hay hechos que no deberían pasar de largo. El ataque ocurrido el pasado 1 de octubre en una secundaria de Torreón, Coahuila, donde dos hermanos de 18 años, exalumnos del plantel, irrumpieron con machetes y otras armas blancas, provocaron la muerte de la subdirectora y dejaron cuatro personas heridas, no puede entenderse únicamente como un hecho aislado de violencia escolar. Debe obligarnos a mirar aquello que ocurre antes de que la violencia llegue a una escuela.
Una de las declaraciones que más llaman la atención en torno al caso es la de la madre de los jóvenes, quien relató que sus hijos pasaban largos periodos encerrados en su habitación utilizando el teléfono celular y que prácticamente sólo salían de casa cuando decían que iban a buscar trabajo. El dato, por sí mismo, no explica una tragedia de esta magnitud y sería irresponsable establecer una relación automática entre aislamiento, uso intensivo de dispositivos y violencia. Pero sí abre una pregunta que ya no podemos aplazar: ¿Qué está ocurriendo con nuestros jóvenes cuando una parte creciente de su vida social, emocional y cultural sucede detrás de un dispositivo?
El problema no es el teléfono. Tampoco las redes sociales por sí mismas. El verdadero desafío aparece cuando el mundo digital se convierte en un espacio fundamental de pertenencia, reconocimiento y construcción de identidad, particularmente para adolescentes y jóvenes que atraviesan procesos de aislamiento, frustración o falta de vínculos. En el caso de Torreón, la Fiscalía investiga posibles vínculos de los agresores con comunidades digitales que promueven la admiración por autores de ataques en centros educativos. No significa que las redes expliquen por sí solas la conducta de los jóvenes, pero sí que el entorno digital forma parte de una realidad que las instituciones deben aprender a comprender.
Y aquí aparece un cuestionamiento muy recurrente entre la sociedad: ¿dónde están las estrategias para prevenirlo? Prevenir no significa solamente colocar policías en las escuelas después de una tragedia. Significa detectar a tiempo el aislamiento, fortalecer el acompañamiento psicológico, recuperar espacios comunitarios y deportivos, involucrar a las familias y preparar a docentes para identificar señales de riesgo. La seguridad también se construye antes de que aparezca una amenaza, cuando las instituciones son capaces de entender los cambios sociales y actuar sobre ellos.
Lo ocurrido en Torreón adquirió todavía mayor significado en Zacatecas. Este domingo 4 de octubre circuló en redes sociales una presunta amenaza de tiroteo relacionada con la Preparatoria III de la Universidad Autónoma de Zacatecas, en Fresnillo. Ante ello, la universidad estableció comunicación con autoridades del plantel y corporaciones de seguridad estatales y municipales, mientras se activaban protocolos preventivos. La amenaza no se concretó, pero el miedo sí llegó a la comunidad escolar: la asistencia disminuyó considerablemente y hubo presencia de distintas corporaciones de seguridad en las inmediaciones del plantel.
Hay algo profundamente revelador en ello: hoy, una amenaza difundida a través de las redes sociales puede generar miedo, alterar la vida de una comunidad escolar y movilizar a las instituciones de seguridad en cuestión de minutos. No fue necesario que ocurriera un ataque para que cientos de estudiantes, maestros y familias modificaran su comportamiento frente a un riesgo que, hasta ese momento, no estaba confirmado.
Lo ocurrido también obliga a mirar hacia otro lugar: el de la responsabilidad pública. Porque cuando una amenaza altera la vida de una comunidad escolar, la respuesta no termina con la presencia de las corporaciones de seguridad. Detrás de cada protocolo, de cada estrategia de prevención y de cada decisión institucional existe una definición de prioridades públicas. Ahí es donde la política debería demostrar para qué sirve: no solamente para administrar el poder, sino para anticiparse a los problemas que están transformando la vida cotidiana de la sociedad.
Sin embargo, mientras las familias enfrentan problemas tan concretos como la violencia, el aislamiento juvenil, la salud mental, la desinformación y el miedo que llega hasta las escuelas, en Zacatecas una parte de la conversación de la clase política parece concentrarse en discusiones cada vez más pequeñas: quién tiene o no un título universitario, quién cuenta con una cédula de profesión, acuden al debate barato. La discusión por el poder corre el riesgo de reducirse, una vez más, a la disputa solo por espacios, mientras los problemas de fondo siguen esperando respuestas.
No se trata de negar la importancia de la preparación profesional ni de las credenciales. Se trata de recordar que la sociedad espera de quienes participan en la vida pública algo mucho más grande: capacidad para comprender sus transformaciones y convertir sus problemas en decisiones públicas. El poder no debería ser únicamente una posición que se disputa; también es una responsabilidad frente a los problemas que la sociedad no puede resolver por sí sola.
Mientras un mensaje difundido en redes puede vaciar un salón, movilizar a las corporaciones de seguridad y provocar temor entre cientos de familias; mientras en Torreón una tragedia nos recuerda que hay jóvenes construyendo parte de su mundo lejos de la mirada de los adultos, la política tampoco debería permanecer encerrada en sí misma.
Porque mientras nuestros jóvenes están aprendiendo a vivir en un mundo que cambia a una velocidad vertiginosa, quienes toman decisiones públicas tienen la responsabilidad de mirar ese mundo de frente, entenderlo y actuar antes de que sus problemas se conviertan en tragedias.
Quizá ha llegado el momento de que la clase política también salga de su diminuto mundo. No para observar sus propias banalidades, sino para mirar lo que está ocurriendo afuera en el mundo real. Porque ahí, afuera, es donde está la sociedad. Y ahí es donde debería comenzar la política.
