La mayoría de los mexicanos rechaza que los cargos de elección popular puedan convertirse en espacios de sucesión familiar, de acuerdo con la Serie Nacional de Parametría correspondiente a agosto de 2026, cuyos resultados muestran que 74 por ciento de los entrevistados está en desacuerdo con que un familiar suceda a quien ocupa un cargo de elección popular, mientras sólo 16 por ciento se pronunció a favor.
Los resultados, difundidos por el director de Parametría, Francisco Abundis, muestran una amplia coincidencia entre la opinión pública y la reforma constitucional aprobada en abril de 2025 para establecer límites al llamado nepotismo electoral.
La reforma impide que familiares de quien ocupa un cargo de elección popular se postulen inmediatamente para sucederlo en el mismo puesto. La restricción comprende, entre otros vínculos, cónyuges, concubinarios, familiares en línea directa y parientes colaterales hasta el cuarto grado, además de familiares por afinidad hasta el segundo grado.
La prohibición alcanzará a la Presidencia de la República, gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, diputaciones federales y locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, alcaldías y concejalías. Su aplicación comenzará en los procesos electorales federales y locales de 2030.
Parametría advierte, no obstante, que existe una diferencia entre la percepción ciudadana y el alcance preciso de la legislación: la encuesta plantea el nepotismo en términos generales y no pregunta sobre la fecha de entrada en vigor de las restricciones.
El rechazo ciudadano también es mayoritario frente a la reelección. 64 por ciento de los entrevistados se manifestó en contra de permitir la reelección de autoridades y legisladores, frente a 25 por ciento que la respalda. Además, 64 por ciento considera que la reelección no ha contribuido a contar con representantes más capaces y profesionales; sólo 24 por ciento percibe algún beneficio.
El respaldo a la reelección, señala Abundis, disminuyó de 33 por ciento en febrero de 2025 a 25 por ciento en agosto de 2026. Desde 2002, la oposición a esta figura se ha mantenido alrededor de seis de cada 10 entrevistados o por encima de ese nivel.
En este contexto, la reforma establece que a partir de 2030 quedará prohibida la reelección consecutiva de legisladores federales y locales, así como de presidentes municipales, regidores, síndicos, alcaldes y concejales. La prohibición no impide volver a competir después de dejar transcurrir un periodo, salvo en la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno, donde la restricción es definitiva.
Para Abundis, los datos sugieren que la ciudadanía evalúa estas figuras menos por sus beneficios teóricos —como continuidad, experiencia o rendición de cuentas— que por su experiencia concreta con partidos, legisladores y gobiernos, marcada por la desconfianza y una percepción limitada de resultados.
La medición también permite anticipar, plantea el especialista, que la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a quienes aspiren a la Presidencia, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México podría encontrar un respaldo similar.
La iniciativa plantea que quienes tengan otra nacionalidad deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidatos y, durante el ejercicio del cargo, no podrán utilizar pasaportes extranjeros, invocar protección diplomática de otro país ni ejercer derechos políticos en el extranjero.
Los resultados de Parametría colocan así el rechazo al nepotismo y a la reelección como expresiones de una demanda ciudadana más amplia: establecer límites a la concentración y permanencia del poder político y evitar que los cargos de elección popular sean utilizados como patrimonio de grupos o familias.
