La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el gobierno federal revisa los sistemas de pensiones de las universidades públicas estatales, debido al peso que representan en sus finanzas y ante la existencia de esquemas que calificó de “muy, muy, muy excesivos”.
Durante la conferencia matutina, la mandataria señaló que, en promedio, los sistemas de pensiones representan alrededor de 40 por ciento de la nómina de las universidades públicas estatales y que se han identificado casos de personas que reciben doble pensión, así como trabajadores que obtuvieron beneficios pensionarios sin haber realizado aportaciones.
Sheinbaum explicó que Ricardo Villanueva, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), mantiene conversaciones con rectoras, rectores y académicos para analizar alternativas que permitan construir sistemas “sustentables y justos”, sin afectar derechos adquiridos.
“Si hay un contrato colectivo que establece esas condiciones hay que revisarlo”, señaló, al tiempo que subrayó que cualquier modificación deberá resolverse mediante el diálogo con sindicatos y comunidades universitarias.
La presidenta adelantó que Villanueva podría ampliar posteriormente la información sobre la revisión de los sistemas pensionarios en una conferencia matutina.
El planteamiento adquiere particular relevancia para la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), cuya situación financiera se encuentra estrechamente vinculada con el costo de sus jubilaciones.
Información difundida durante las discusiones sobre la crisis financiera de la institución ubica en alrededor de 400 millones de pesos anuales el costo de las llamadas jubilaciones dinámicas. Sin embargo, el académico universitario Rolando Alvarado Flores señaló que en el presupuesto actual se contemplan 450 millones de pesos para jubilaciones, sin que exista una aportación específica para cubrirlas.
La diferencia entre ambas cifras corresponde a ejercicios y referencias presupuestales distintas, pero ambas dimensionan la magnitud de una obligación que se ha convertido en uno de los principales componentes de la presión financiera de la Universidad.
El costo resulta significativo frente al subsidio público ordinario asignado a la UAZ para 2026, de 2 mil 600.7 millones de pesos: tomando como referencia los 400 millones anuales, las jubilaciones representan aproximadamente 15.4 por ciento de esos recursos.
Documentos oficiales del gobierno estatal identificaron al cierre de 2023 pasivos contingentes relacionados con pensiones y jubilaciones por alrededor de 500 millones de pesos. Además, la propia Universidad ha reconocido que el fideicomiso para financiar las jubilaciones previsto desde 1991 en el contrato colectivo de trabajo nunca llegó a constituirse.
La evolución histórica da cuenta del crecimiento de la carga. En 2000 existían 305 jubilados y pensionados, con un costo de 32.7 millones de pesos; para 2017, la cifra había aumentado a mil 707 personas y el gasto alcanzaba 242 millones.
Alvarado Flores advirtió que la magnitud del problema impide reducir la discusión financiera de la UAZ a medidas administrativas o a la eliminación de plazas u horas. “Ya no hay tiempo para el autoengaño”, sostuvo, y señaló como factores de presión la ausencia de aportaciones, las jubilaciones elevadas y la existencia de casos de doble percepción.
La discusión planteada ahora por el gobierno federal coloca nuevamente sobre la mesa uno de los problemas estructurales de las universidades públicas: cómo garantizar los derechos laborales adquiridos sin que el crecimiento de las obligaciones pensionarias termine absorbiendo recursos indispensables para la docencia, investigación, infraestructura y demás funciones sustantivas.
En el caso de la BUAZ, el desafío se vuelve más apremiante ante la necesidad de recursos adicionales para concluir el ejercicio de 2026. El rector Ángel Román Gutiérrez ha estimado en alrededor de 700 millones de pesos las necesidades adicionales de la institución para cerrar el año.
La revisión anunciada por el gobierno federal abre así la posibilidad de abordar el problema pensionario desde la Reforma Universitaria con una perspectiva de largo plazo, donde participen universitarios, trabajadores y autoridades.
