Una de las cosas más difíciles de lograr respecto de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) es pensar la “geometría” de sus grupos políticos. Las relaciones de cercanía o distancia, el modo cómo se fusionan o separan y la manera en la que desde sus diferentes configuraciones pretenden influir en la correlación de fuerzas.
El 21 de agosto de 2026 apareció en diferentes medios un documento muy curioso. Va dirigido a la Rectoría de la UAZ, a la Comisión para la Reforma Integral Universitaria, a la “sociedad zacatecana” y a la “comunidad universitaria”. Toda una pléyade de entidades metafísicas más o menos indistinguibles.
Está firmado por otra entidad misteriosa: el “colectivo rojo”. En los primeros párrafos del texto ya no menciona a la rectoría, sino al rector y la serie de eventos en los que postula está inmiscuido. Al parecer, acude a las Unidades Académicas a informar y proponer (¿a quién?) un conjunto de medidas para afrontar la “crisis universitaria”, entre las que destacan: un ajuste de prima de antigüedad, a la baja, a los funcionarios, que las Unidades Académicas paguen de sus recursos propios el personal por honorarios y permitir que se incrementen las cuotas por servicios en cada Unidad.
Y añaden, sin citar fuente, que ese “colectivo” (¿todos juntos?, ¿uno?, ¿varios?) se enteró por la prensa de que las jubilaciones dinámicas cuestan 400 millones de pesos anuales. Tras lo dicho, el tal “colectivo” se declara libre de cualquier responsabilidad ante la crisis de la UAZ (¿quién los culpa?, ¿quiénes son?). Consideran que el “rescate de la UAZ” no debe pesar sobre las espaldas de los trabajadores, los estudiantes y los jubilados. Aquí cabe una aclaración. No explican quiénes son “los trabajadores” a los que aluden. ¿Son los docentes?, ¿son los trabajadores del STUAZ?
Tampoco es claro por qué los jubilados cargarían con ese “rescate”, pues las propuestas del rector solo involucran a los funcionarios, al personal por honorarios y a los estudiantes. Son medidas que incumben a esos tres grupos de personas. A continuación, pasan a la parte propositiva, pues ya ofrecieron un rápido diagnóstico.
Aquellas propuestas numeradas del 1 al 4 involucran a los funcionarios; el punto 6, a quienes vendieron prestaciones; el 7, al personal del STUAZ; el 8, al personal por honorarios; el 9 y 10 reiteran la manía del Grupo Plural por solicitar informes; el 11 es una petición contra los docentes y el 12, una proclama vacía (que se respete el contrato). Si se analiza de cerca, y este tipo de documentos no toleran ningún escrutinio, no hay propuesta, sino presión política para tratar de minar la base electoral de la alianza de grupos que derrotaron al Grupo Plural en las elecciones por la rectoría y el sindicato, en un intento por reorganizar las alianzas.
Vamos a las explicaciones. Una es evidente: proponen que el “rescate de la UAZ” recaiga sobre funcionarios (propuesta del rector), honorarios (propuesta del rector), quitan a los estudiantes y añaden al personal del STUAZ (no contemplado en la propuesta del rector que adujeron) y a quienes vendieron prestaciones (tampoco se mencionó como propuesta del rector). Es decir, consideran injusta la propuesta del rector y la retoman para añadir, en lugar de los estudiantes, al STUAZ y a los vendedores de prestaciones. Incluso son mucho más agresivos contra el personal por honorarios.
Esto no es casualidad y tiene un significado político claro. El personal por honorarios no responde al Grupo Plural/Rojo, la mayoría de los funcionarios tampoco y el STUAZ, por supuesto que no. La solicitud es que el rector se deslegitime ante quienes lo llevaron a la rectoría. La tal propuesta no es seria, porque incluso quien con toda seguridad la redactó (E. Viramontes) se la autoenvía, pues es miembro de la Comisión para la reforma. Por otro lado, el colectivo Plural/Rojo desconoce el contrato colectivo y la política federal, o simula hacerlo para ganar en fuerza retórica, pues no existe asignado, en los subsidios federal o estatal, ni un peso para jubilaciones.
Y el contrato colectivo establece, en su artículo 113, que el pago de las diferencias entre la jubilación otorgada por el ISSSTE y la UAZ se pagará de un fideicomiso al que los derechohabientes debieron haber aportado. Exigir que se cumpla el contrato es exigir que se haga ese fideicomiso y que quienes tienen derecho a esa jubilación aporten. Cumplir esa cláusula requiere gestión, pero constituiría un alivio a las finanzas universitarias. Esto es un hecho.
Incrementar las cuotas hacia los estudiantes tampoco es mala idea y se puede hacer sin dejar fuera a ningún estudiante que en verdad quiera cursar una carrera; requiere de planeación, no de retórica inefectiva. Sin embargo, no es la “crisis” de la universidad lo que está en juego, pues ninguna reorganización del gasto de la universidad puede resolverla en el corto plazo, pero tampoco es necesario. ¿Qué se arriesga con esas propuestas ridículas y “colectivos” de colores? La próxima rectoría, si es que la correlación de fuerzas cambia. Lo que se ve difícil, pues el Grupo Universidad del Dr. Guzmán desapareció y el Grupo Plural está en proceso de desintegración.
