Geovanna Bañuelos llamó a las Secretarías de Seguridad Pública y Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las 32 entidades federativas a consolidar sus unidades especializadas y mejorar el intercambio de información con las autoridades federales para intensificar las acciones de prevención, investigación y persecución del delito de extorsión en todas sus modalidades.
La legisladora zacatecana destaca que las diversas modalidades de extorsión se han diversificado, pues a las extorsiones presenciales y al llamado cobro de piso se suman aquellas realizadas mediante llamadas telefónicas, mensajes, aplicaciones digitales y redes sociales.
De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, retomada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, durante el primer semestre de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas de extorsión en el país, un incremento de 9.17% respecto del mismo periodo de 2025 y la cifra más alta par un primer semestre en los últimos 11 años.
Entre enero y junio de 2026, 19 entidades federativas registraron un aumento en el número de víctimas respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que 12 alcanzaron su máximo histórico para un primer semestre en los últimos 11 años. Morelos, Querétaro, Zacatecas, Ciudad de México y Baja California Sur presentaron las mayores tasas de víctimas por cada 100 mil habitantes.
Geovanna Bañuelos sostuvo que Zacatecas requiere especial atención, debido a que las víctimas de extorsión aumentaron de 35 a 228 entre los primeros semestres de 2025 y 2026, lo que representa un crecimiento de 551.4%. Con una tasa de 13.2 víctimas por cada 100 mil habitantes, la entidad ocupó el tercer lugar nacional en este indicador.
Señaló que el carácter nacional del delito exige coordinación, pero también que cada entidad federativa asuma plenamente las responsabilidades que le corresponden y diseñe estrategias locales con objetivos, plazos, indicadores y mecanismos de evaluación verificables.
Por ello plantea intensificar la supervisión y evaluación permanente de los sistemas de inhibición de señales de telefonía celular, radiocomunicación y transmisión de datos en los centros penitenciarios estatales, además de investigar y sancionar cualquier acto de corrupción, omisión o complicidad que permita la comisión de extorsiones desde su interior.
Finalmente, Geovanna Bañuelos reiteró que combatir la extorsión exige coordinación, instituciones locales con mayores capacidades y autoridades que respondan con oportunidad y eficacia.
