Durante los últimos meses, México ha experimentado un cambio institucional sin precedentes a través de diferentes reformas legales y constitucionales, tanto por su alcance como por el lapso en el que estas han sido discutidas, aprobadas y posteriormente implementadas.
Este rediseño del Estado en la modificación de sus instituciones, a través de la reforma sustancial, eliminación, fusión o hasta el inmovilismo práctico al que se ha llevado a varias, exige un análisis estratégico, jurídicamente serio y políticamente responsable para permitir que cada operador de la norma y las decisiones públicas cumpla con su rol. Comienzan a tropezarse entre ellas diferentes instancias, por lagunas, antinomias, incompatibilidades o simple incapacidad institucional para enfrentar los desafíos que no esperan.
La eliminación de distintos órganos constitucionales autónomos, la falta de actualización de mucha de la norma que correspondía a sus áreas atender, así como las consecuencias de la reforma judicial, no solo provocarán vacíos para los agentes económicos preponderantes, sino también potenciales violaciones a los derechos humanos, principalmente de las personas más vulnerables.
El desafío atraviesa a toda la administración pública en todos sus ámbitos y niveles. Los gobiernos, desde el federal hasta los municipales, pasando por las entidades federativas, se enfrentan a nuevos procedimientos y nuevos actores en los mismos, siendo el permanente, expectante, beneficiario o afectado común, el ciudadano.
La determinación de haber realizado (y seguir realizando) reformas trascendentes contra la opinión de expertos, ello a costa de análisis rigurosos y exhaustivos, conlleva no solo el abandono del prudente gradualismo, sino que la celeridad encuentre estructuras burocráticas y legales sin instrumentos para realizar sus funciones, de tal forma que queden garantizadas la seguridad jurídica y certidumbre que debiera existir en todo acto de gobierno.
Por ello, más allá de pronunciamientos sobre dichas reformas, lo urgente es un ejercicio de deliberación amplio y profundo sobre los ajustes que las normas secundarias, e incluso la reglamentación administrativa, requieran para que tales modificaciones tengan oportunidad de implementarse en la lógica sistémica que es inherente a la acción gubernamental, y más allá, a la esencia del Estado.
Este debate con amplia participación de expertos en todas las materias a tratar no solo es necesario para adecuar lo que ya se ha reformado, sino también para diseñar y definir las reformas que se anuncian, un día sí y otro también, en distintos ámbitos.
En un contexto de transformación institucional y legal tan acelerado, con un Poder Judicial en plena transición a un modelo nunca antes ensayado en el mundo, así como con la curva de aprendizaje que todo cambio conlleva, la acción en la primera capa de la ley, que son justamente la Constitución y las leyes reglamentarias, sin atender al resto de las normas que hacen posible la aplicación de dichas disposiciones, provocará más temprano que tarde una deriva a la anarquía, pasando por la desconfianza y la injusticia.
En esa inmerecida anarquía (haciendo eco de Borges), el primer afectado será, sin duda, el gobernado, pero el que vendrá inmediatamente después será el propio Estado, su legitimidad y la eficiencia, de por sí históricamente limitada.
@CarlosETorres_
