Imagínese usted vivir en un municipio donde el ayuntamiento no puede reparar una tubería rota, no puede iluminar una calle oscura ni garantizar que sus trabajadores recibirán a tiempo el salario que les corresponde.
Eso no es una distopía política: es la realidad cotidiana de Sombrerete, Zacatecas, un municipio atrapado desde hace más de una década en una deuda estructural que supera los 800 millones de pesos y que ha convertido a su gobierno local en una institución rehén de sus propios pasivos. Comprender por qué ocurre esto —y cómo salir de ello— es una tarea que la academia, la política y la ciudadanía ya no pueden postergar.
Los números son contundentes. Al cierre de 2024, la deuda del municipio de Sombrerete con el Instituto Mexicano del Seguro Social ascendía a 220 millones de pesos; con el Servicio de Administración Tributaria, a 254 millones; con la Comisión Federal de Electricidad, el adeudo amenazaba con dejar sin agua potable a miles de familias.
Pero más revelador que el monto total es la trayectoria del gasto: si en 2015 el funcionamiento del gobierno consumía el 36.5 por ciento del presupuesto municipal, para 2021 ese porcentaje había escalado al 89.7 por ciento. En otras palabras, de cada peso que ingresó a la tesorería ese año, casi 90 centavos se fueron en nómina, prestaciones y operación administrativa, sin que quedara margen real para la inversión pública.
En esa misma situación de deuda se encuentran 38 municipios zacatecanos. Este deterioro no es fruto del azar ni de una mala cosecha de recursos federales. Es el resultado previsible de tres patologías que se retroalimentan: la pereza fiscal, el clientelismo laboral y la dependencia estructural de las transferencias federales.
Sombrerete recibe más del 80 por ciento de sus ingresos de participaciones y aportaciones de la Federación, lo que elimina cualquier incentivo para fortalecer la recaudación propia y en esa situación se encuentra la mayoría de los municipios zacatecanos.
Entre 2013 y 2024, la plantilla municipal creció de 590 a 741 empleados y el costo quincenal de la nómina aumentó más de 40 por ciento, no porque los servicios públicos mejoraran, sino porque los compromisos políticos así lo exigían. Y sobre todo esto, se instaló una creencia paralizante: que el IMSS, el SAT y la CFE terminarían por condonar la deuda, postergando indefinidamente el momento de rendir cuentas.
El análisis de estudios de caso refuerza esta lectura. En Ensenada, Baja California, la deuda municipal se multiplicó por 13 en menos de una década. En Othón P. Blanco, Quintana Roo, el gasto en servicios personales llegó a absorber el 70 por ciento de los recursos de libre disposición, dejando al ayuntamiento sin capacidad de respuesta ante ninguna emergencia.
Sombrerete no es una anomalía zacatecana: es la expresión local de un modelo de gobernanza municipal que reproduce la precariedad fiscal como condición estructural.
Frente a este diagnóstico, la investigación que sustenta estas líneas no se detiene en la denuncia. Propone un modelo de intervención articulado en seis ejes: la reestructuración negociada de la deuda con IMSS, SAT y CFE mediante convenios de pago escalonado; una reforma del sistema local de ingresos que incluya actualizar los avalúos de las empresas mineras y elevar en al menos 30 por ciento la recaudación predial, además de una actualización de las zonas catastrales; una Ley Estatal del Servicio Civil de Carrera para los municipios de Zacatecas, con la intención de profesionalizar las oficinas de gobierno municipal; la aplicación de una austeridad real que reduzca la nómina con criterios de eficiencia, no de lealtad política; la instalación de paneles solares en el sistema de agua potable y en las oficinas de gobierno para reducir el adeudo con la CFE; y, como eje articulador de todo lo anterior, la creación de un Consejo de Gobernanza Corresponsable integrado por el gobierno municipal, el estado, las empresas mineras (proveedores y contratistas), la sociedad civil y la academia.
Ninguna de estas medidas funciona de manera aislada. Su eficacia depende de que se implementen de forma simultánea y con voluntad política sostenida más allá del ciclo electoral. La autonomía financiera de los municipios no es un tecnicismo presupuestal. Es la condición de posibilidad para que el gobierno más cercano a la ciudadanía pueda hacer lo más elemental: alumbrar las calles, entregar el agua, proporcionar los servicios básicos, sostener a sus trabajadores.
Mientras los zacatecanos sigamos tolerando que los ayuntamientos operen como administraciones cautivas de sus deudas, la promesa del federalismo seguirá siendo letra muerta. Sombrerete puede ser el principio del cambio, pero solo si sus gobernantes —y quienes los supervisan— deciden romper el laberinto en lugar de seguir caminando dentro de él.
