Brenda Quevedo Cruz, víctima del llamado caso Wallace y presa sin sentencia desde hace 20 años (actualmente en prisión domiciliaria) logró salir esta tarde de su departamento donde cumple arresto domiciliario y visitar a su padre, Roberto Quevedo, internado en terapia intensiva en un hospital del estado de México. El traslado se realizó en medio de un operativo de la Guardia Nacional desde el sur de la Ciudad de México luego de obtener un permiso humanitario del juez de primer distrito Carlos Rico Mondragón.
Según detalló la abogada defensora Karla Micheel Salas, la solicitud para que la procesada pudiera acudir al nosocomio, donde su padre sufrió un accidente cerebrovascular y tuvo que ser intubado, se presentó desde el 15 de julio. Ante el diagnóstico médico reservado, el permiso se solicitó con carácter de urgencia. El trámite burocrático demoró porque en un primer momento el documento, al que Brenda tiene derecho, fue emitido con una fecha equivocada.
Rico Mondragón, encargado actualmente de la carpeta judicial, había negado en dos ocasiones anteriores el permiso humanitario para que la procesada pudiera acudir a un hospital al sufrir una emergencia médica, secuela de las torturas a las que fue sometida en los penales del estado de México, Islas Marías, Nayarit y Morelos.
El convoy de la Guardia Nacional (GN), que estaba ya listo para el traslado desde las primeras horas de ayer, tuvo que esperar más de cinco horas para que el documento fuera liberado con la corrección correspondiente. Finalmente, pasadas las seis de la tarde, el operativo se puso en marcha con tres patrullas de la GN.
Brenda Quevedo, de 45 años, es la mujer que mayor tiempo ha estado presa sin sentencia en México, a pesar de que la etapa de la indagatoria cerró en 2014. Forma parte del expediente mediante el cual Isabel Miranda de Wallace acusó a seis personas del presunto secuestro y asesinato de su hijo Hugo Wallace (o Hugo León Miranda, según su primera acta de nacimiento).
Numerosas investigaciones periodísticas, de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismos no gubernamentales y la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos han denunciado las numerosas falsificaciones del caso judicial, incluyendo todo un dossier de brutales torturas cometidas contra Brenda, Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo, todos ellos señalados en 2006 por Wallace, ya fallecida.
Con el tiempo varias piezas que sustentaron la fabricación de ese caso se han derrumbado. Pero 20 años después todos, menos Juana Hilda, siguen presos. Se ha demostrado que en cada uno de sus expedientes constan declaraciones autoinculpatorias arrancadas bajo tortura.
Declaración bajo tortura
Hace dos años Juana Hilda González, cuya declaración ministerial obtenida ilegalmente después de numerosas sesiones de tortura y amenazas involucró a todos los demás detenidos, fue liberada después de que la Suprema Corte de Justicia revocó su sentencia de 43 años por comprobarse que la declaración que sostenía la acusación fue obtenida bajo tortura.
Aunque esta resolución del máximo órgano del Poder Judicial tendría que haber repercutido en todas las demás carpetas del expediente, las autoridades correspondientes no han avanzado en la revisión de estos casos.
La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, reconoció el jueves durante su conferencia mañanera a Brenda Quevedo Cruz como víctima, describió como “injusta” la situación que ha atravesado y se comprometió a promover que el caso sea revisado. Prometió tres acciones: instruir a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, analizar la situación humanitaria de la procesada, promover que los familiares y la defensa sean recibidos por la fiscal general, Ernestina Godoy, y llamó al Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial “revisar la actuación del juez”.
