México se encuentra inmerso en un intenso proceso de reformas. Suele ser una dinámica más o menos patente en cada arranque de sexenio. Sin embargo, pocas coyunturas han tenido el alcance transformador de las reformas constitucionales impulsadas desde septiembre de 2024.
No podía ser de otra forma. Cuando menos desde el sexenio encabezado por Miguel de la Madrid, en 1982, el Gobierno federal, y con ello todos los gobiernos locales, iniciaron un tránsito a un Estado en franca retirada; desde mediados de los años 90, la lógica de la liberalización política y los cambios que dieron forma a lo que se configuró como un Estado Constitucional de Derecho fueron la constante, cuando menos hasta la implementación del paquete de iniciativas que formaron parte del llamado Pacto por México.
Como consecuencia de tales cambios legales con sus consecuentes impactos, el proyecto político que conquistó el poder por primera vez en 2018 promovió un modelo alternativo que, en términos generales, respetó la estructura orgánica constitucional del Estado. Fue al refrendo de su triunfo electoral en 2024, consecuente con el Plan C impulsado en campaña, cuando se concretaron las reformas más radicales y trascendentes en décadas. Se dejó atrás el método de designación de personas juzgadoras, magistradas y ministras que históricamente se había adoptado, y se matizó la predominancia de los órganos constitucionales autónomos como mecanismo de desconcentración de funciones originariamente a cargo del Poder Ejecutivo.
Todo ello, a su vez, ha requerido importantes ajustes en la maquinaria burocrática, tanto a nivel local como a nivel de dependencias, entidades y otras instancias del Estado, y no sólo del gobierno.
Se suele suponer que la administración pública funciona como un mecanismo de engranajes que, casi automáticamente, desarrolla sus labores de manera coordinada. La realidad dista mucho de esa romántica visión teórica.
En ella abundan, cuando no predominan, impulsos propios de la condición humana de sus operadores: desde la competencia política interna hasta el celo burocrático y, cada vez más, como consecuencia de la complejidad de los tiempos que vivimos, resistencias internas por diversidad de visiones y, más importante aún, procedimientos que, de una norma a otra, en el concurso de distintas instancias, niveles y poderes del Estado, se contraponen y neutralizan hasta paralizar los procesos de toma de decisiones o, con mayor impacto en el día a día de la ciudadanía, la implementación de políticas públicas, servicios, obras o programas que son demanda cotidiana de la sociedad.
Este último fenómeno se ha agudizado a partir de las reformas más recientes, dado que la tarea de adecuar a las instituciones y sus procesos aún no ha culminado y se encuentra, en muchos casos, sin un modelo que ajuste ese engranaje ya mencionado, que, aunque nunca funcione del todo automáticamente, al menos requiere que sus piezas encajen. Falta aún, incluso, un análisis serio y profesional de muchas de estas reformas, en clave de gobernanza, con información pública veraz y confiable, sometida a la crítica, con participación social de actores interesados en las reformas y en ejercicios propios de la deliberación pública, el parlamento y el gobierno abierto, que permitan mejorarlas.
En lo local, este desafío suma al de diseñar e implementar muchas de esas reformas ya aplicadas al ámbito federal, con una perspectiva que atienda y responda a las realidades del nivel de gobierno subnacional, desde las entidades y los ayuntamientos, pero también desde las diferencias sustanciales e inherentes de cada región.
En los hechos, nos encontramos ya inmersos en la vorágine electoral de la siguiente «elección más grande de la historia», en la que, entre otras muchas decisiones, habremos de definir la conformación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y casi la totalidad de los Poderes Legislativos locales. Los partidos políticos, las coaliciones y las personas candidatas bien harían en identificar, en su radar de asuntos a atender, esta asignatura; pues si, per se, ese Leviatán complejo y laberíntico que conocemos como «gobierno» camina lento y pesado, más difícil será aún que se dirija con la premura que requiere hacia los objetivos de toda presidenta o presidente, gobernadora o gobernador, alcaldesa o alcalde. Toda necesidad, demanda y problema de la gente que requiere intervención del Estado pasa primero por permitir que ese Estado funcione como debiera.
@CarlosETorres_
