César Roberto Fierro pasó 40 años en el corredor de la muerte en Texas, Estados Unidos, por un crimen que policías mexicanos, coludidos con agentes estadunidenses, le obligaron a confesar bajo tortura.
Aunque sobrevivió y lleva seis años en libertad, no puede rehacer su vida. Ninguna autoridad se ha responsabilizado por los daños mentales, económicos y a su proyecto de vida que derivaron de este atropello. “Me voy a morir y nadie ha pagado los platos rotos”, expresa en entrevista con La Jornada.
La vida de César cambió cuando tenía 22 años. En 1979, policías de Ciudad Juárez, de donde es oriundo, junto con agentes estadunidenses, lo culparon de haber asesinado a un taxista en El Paso, Texas. Lo golpearon y amenazaron con torturar a su madre y padrastro si no firmaba la confesión del crimen, por el que un tribunal en Texas lo condenó a muerte en 1980.
El juarense –que ahora tiene 69 años– cuenta, como si hubiera sido en otra vida, que tuvo múltiples fechas de ejecución y en la primera de ellas estuvo a sólo cuatro horas de recibir la inyección letal. Los últimos 20 años de su condena los pasó en confinamiento solitario en el corredor de la muerte de la prisión de máxima seguridad Allan B. Polunsky, en Texas, en una celda minúscula sólo con una cama de acero y un baño.
En ese lugar, donde las luces permanecían encendidas todo el día, además de esperar la muerte, César sufrió múltiples vejaciones por parte de los custodios.
“Me echaban gas y agua cada que se les ocurría. Me quitaban todo: me dejaban desnudo en invierno y me quitaban la comida por días. Me hicieron muchas maldades, pero de alguna manera me aguanté. Solamente me quedaba callado.”
Ante la amenaza de ser ejecutado, su preocupación siempre fue su madre. “Se ponía muy mal y yo trataba de consolarla, pero no había muchas palabras para ella. A mí me calmaba ponerme a cantar, y entre más cantaba, más recordaba cuando estaba niño”.
Fierro es uno de los 52 presos a los que Estados Unidos impidió la asistencia consular y por los cuales México denunció ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en el llamado Caso Avena.
Gracias a la revisión de su expediente, en 2019 la Corte de Apelaciones Criminales de Texas constató errores en su juicio y anuló la pena de muerte.
Violencia institucional
A Fierro no se le ha reparado el daño en ningún sentido. En 2024. la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 146VG/2024 a la presidencia municipal de Ciudad Juárez por violaciones graves a sus garantías individuales y a la Comisión Estatal de Víctimas del Estado de Chihuahua por desestimar su caso.
El documento establece que el municipio debe brindarle atención sicológica y médica, indemnizarlo, realizar un acto simbólico para resarcir su honor y pedirle una disculpa pública. Nada ha ocurrido
Santiago Esteinou, creador de dos documentales sobre César, explica que durante ocho meses, Fierro recibió las medidas de emergencia brindadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua –alrededor de 11 mil pesos mensuales–, pero el apoyo terminó y el organismo no tasó la cifra con la que se debe compensarlo. Por ello, exige que se concluya el trámite o se renueve el apoyo.
César no tiene trabajo ni dinero. Pasó su vida injustamente preso. Su familia nuclear murió durante su encierro. Tiene las rodillas lastimadas por los golpes que recibió en prisión.
Necesita medicamento siquiátrico, para el colesterol y la hipertensión. Costear su manutención se ha convertido en un calvario burocrático y su único sustento es la Pensión para el Bienestar por ser adulto mayor y el apoyo de amigos.
“Se perdió todo. La gota que derramó el vaso fue mi hermano, que me estaba esperando y sabía que nos íbamos a encontrar, pero desafortunadamente murió. De toda mi familia soy el único que queda”.
En 2020, cuando lo liberaron y “aventaron” en México, sin siquiera darle aviso al consulado, lo amenazaron para que nunca regresara. Sin un peso, a pie y sin teléfono, finalmente lo deportaron.
