Académicos, activistas, trabajadores, líderes sindicales y afectados por la minería evidenciaron que esta industria no ha generado desarrollo en México y, por el contrario, ha acentuado la pobreza y el despojo, lo que implica la necesidad de un nuevo proyecto en donde el extractivismo se subordine a los intereses de la sociedad y de la soberanía nacional.
Durante el Seminario Nacional “La voz de las comunidades, los trabajadores y la academia frente a la Reunión Internacional de Minería”, organizado por la Unidad Académica de Economía de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), los participantes hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al Congreso de la Unión y a los gobiernos estatales a fortalecer la regulación de la industria minera en un contexto en el que su actividad despoja a las comunidades y daña el medio ambiente.
En su intervención, Rodolfo García Zamora, investigador de la Unidad Académica de Estudios del Desarrollo de la BUAZ, expuso que el modelo económico en el estado de Zacatecas, históricamente vinculado a la explotación minera a gran escala, requiere una transformación radical e inmediata.
Frente a un escenario en el que prevalece la pobreza y el daño al medio ambiente, manifestó la necesidad de una propuesta alternativa de desarrollo mediante la cual se subordine la actividad extractiva a los intereses de la soberanía nacional y el bienestar social.
Para tal efecto, detalló que se debe diseñar un proyecto minero regulado que priorice el beneficio común, de manera que se rompa con el esquema tradicional y supere las limitaciones del modelo vigente.
«En el proyecto diferente de país planteamos que tiene que haber un proyecto de minería diferente, una minería regulada, una minería subordinada a los intereses del país, a los intereses del bien común», expresó.
De acuerdo con García Zamora, esta visión busca contrarrestar el modelo actual de la Cuarta Transformación al que denomina «Neoliberalismo asistencialista corporativo», una estructura que mantiene al sector subordinado a intereses extranjeros, particularmente a los de Estados Unidos, sin generar un encadenamiento productivo real en las regiones donde operan las empresas extractivas.
Es necesario un proyecto alternativo por la
desproporción económica entre las riquezas
obtenidas por corporaciones y los recursos
que se quedan en el territorio zacatecano
Un proyecto alternativo de desarrollo, dijo, es necesario por la desproporción económica entre las riquezas obtenidas por las corporaciones y los recursos que efectivamente se quedan en el territorio zacatecano, ya que “por cada mil dólares que se llevan de Zacatecas las empresas mineras, sólo se quedan ocho centavos».
Al respecto, detalló que este monto de 8 centavos por cada mil dólares evidencia la escasa fiscalidad y el desequilibrio de un modelo que deja al estado únicamente el 0.04 por ciento de las utilidades totales, lo que representa solamente 418 millones de pesos de impuestos frente a una producción que supera los 14 mil 700 millones de dólares.
Expuso que Zacatecas cuenta con una población en situación de pobreza de 725 mil personas (el 41 por ciento de los habitantes) y en 32 de los 58 municipios la pobreza afecta a más de la mitad de la población, a la vez de que municipios con un historial minero como Mazapil, Concepción del Oro y Sombrerete, registran indicadores de marginación por encima de la media nacional, lo que demuestra que la presencia de megaproyectos a cielo abierto no favorece las condiciones sociales.
En materia laboral, García Zamora dijo que las empresas mineras solamente ofrecen 14 mil 717 empleos, una cifra muy inferior en comparación con los más de 112 mil del sector agropecuario.
En ese sentido, reiteró la importancia de una organización plural que involucre a todos los sectores económicos en la construcción de un proyecto integral de desarrollo en donde el extractivismo y la minería transforme sus reglas de operación para frenar el despojo territorial y el agotamiento del agua.
«Se requiere entonces superar la maldita incapacidad del gobierno actual… Por otra parte, tenemos la alternativa donde hemos estado participando muchos de nosotros, que se dé una organización plural, una alianza de todas las organizaciones», concluyó.
Por su parte, Beatriz Olivera, integrante de la colectiva ¡Cambiémosla ya!, afirmó que hay un mito del desarrollo que se ha construido en torno a la minería a partir del discurso de las propias empresas y del Estado, pero todo es falso, pues las comunidades se encuentran en condición de pobreza.
Entre los mitos está que el sector minero ha impulsado el desarrollo económico en varios estados como Sonora, Zacatecas y Guanajuato, que la minería puede reducir la pobreza por medio de la creación de empleos directos e indirectos que proporcionan ingresos a los trabajadores y sus familias, y que las empresas pagan impuestos para financiar políticas públicas, lo que permite reducir la pobreza, lo cual es falso.
Por ejemplo, en los municipios productores de oro destaca que 12 de ellos superaron el promedio nacional de rezago educativo y en 20 el subíndice de educación fue de O.582, menor al promedio nacional de 0.663.
Además, en ocho municipios el subíndice de salud fue menor al promedio nacional (0.861), con un valor de 0.821, mientras que el 24 por ciento de la población de los municipios productores de oro no cuenta con acceso al agua y el 12 por ciento habita viviendas sin drenaje.
Respecto a los municipios productores de plata, Olivera expuso que en 20 de ellos superaron el promedio nacional de rezago educativo y en ocho el subíndice de salud fue de 0.826, inferior al promedio nacional de 0.861.
Asimismo, el 29 por ciento de la población en estos municipios no tiene acceso al agua y el 13 por ciento habita en viviendas sin drenaje, además de que seis de cada diez habitantes no contaron con derecho a la seguridad social y cinco municipios presentaron un grado de marginación alto y muy alto: Guadalupe y Calvo en Chihuahua, tercer productor nacional de plata; Otáez en Durango, San Jerónimo Taviche en Oaxaca, Guazapares en Chihuahua y Teloloapan en Guerrero.
En representación de Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (Sntmmss), participó a través de videollamada el abogado de este gremio, Óscar Alzaga Sánchez, quien advirtió sobre una escalada en los conflictos laborales en las mineras que operan en Zacatecas.
En ese sentido, cuestionó la falta de reconocimiento del gobierno federal de la huelga en la mina San Martín que el próximo mes cumple 19 años y el uso del crimen organizado en contra de la libertad de asociación sindical en Orla Camino Rojo.
Comentó que la estabilidad laboral en Zacatecas enfrenta una situación preocupante debido a que hay una serie de irregularidades, intentos de control sindical y ka intervención de grupos criminales en algunas de las unidades mineras más importantes de la entidad, tales como Camino Rojo, Peñasquito y Sombrerete.
Según comentó, el caso más grave es el de la mina Orla Camino Rojo, ya que, desde mayo de 2024, la administración ha desconocido a la dirigencia legítima del sindicato nacional minero para intentar imponer a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FENCI) de Monterrey, organización que es reconocida como un «sindicato blanco» o patronal.
Sin embargo, refirió que la denuncia más grave radica en los métodos de intimidación que utiliza porque, ante la resistencia de los trabajadores, la empresa recurrió a grupos del crimen organizado para amenazar y violentar físicamente a los trabajadores.
«La FENCI y el patrón canadiense han llegado a llamar desde noviembre de 2024 a mafias de narcotraficantes que prestan sus servicios a las empresas. Esto es algo que es un cáncer que vive en nuestro país, pero que es promovido por el capital extranjero», expresó Alzaga Sánchez.
Detalló que este asedio del crimen organizado escaló al grado de que sujetos armados atacaron directamente la vivienda de un dirigente local de Camino Rojo, amenazándolo a él y a su familia.
Por otra parte, relató que, después de una denuncia penal interpuesta por el sindicato minero a nivel federal, la empresa intentó manipular la justicia e incluso «corrompieron las autoridades locales de Zacatecas, en particular de Fresnillo, para que se ubicara ahí el conflicto penal». No obstante, la fiscalía federal reaccionó a tiempo y trasladó el caso a la Ciudad de México para resolverlo fuera del alcance de la corrupción local.
Otro caso, agregó, es el de la mina Peñasquito, una de las más ricas del país y operada por capital estadounidense, la cual atraviesa su propio conflicto debido a despidos arbitrarios y selectivos de líderes sindicales, una estrategia empresarial diseñada para debilitar la organización independiente.
Finalmente, indicó que el problema se extiende a Sombrerete, en donde persiste la impunidad porque no se ha reconocido la huelga en la mina San Martín propiedad de Germán Larrea, a pesar de que todas las instancias jurisdiccionales ya resolvieron a favor de esta.
Para concluir con el seminario, se hizo lectura del pronunciamiento final, mismo que será entregado a la presidencia de la República, en el que se insiste en la necesidad de modificar la regulación de la actividad minera para evitar despojos, daños ecológicos, entre otros.
El documento señala que la aportación de la industria minera a las finanzas nacionales es marginal, no supera el 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto, pero genera enormes utilidades para los empresarios y severos impactos sociales y ambientales para los territorios en los que opera. Además, las decenas de miles de concesiones para la explotación minera que se han autorizado en México se otorgaron sin siquiera notificar a los legítimos dueños de los territorios.
También expone que la minería por su naturaleza es una actividad extractiva que provoca impactos al territorio y al ambiente, pero el problema reside en que ha operando bajo un marco legal laxo que permite la vulneración sistemática de derechos, además de consumir y contaminar grandes volúmenes de agua para sus procesos.
“La deficiente regulación y la escasa capacidad estatal para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad propicia que se presenten siniestros mineros con una alta incidencia, que van desde derrames mineros, derrumbes y siniestros laborales que cuestan la vida a los trabajadores por la negligencia de las compañías”.
Empresas siguen operando en total
impunidad luego de cometer ilícitos, a la
vez de que cientos de comunidades han
sido desplazadas por la industria minera
Aunque con la nueva ley de minería se establecen causales de cancelación de las concesiones mineras y posibilidad de clausurar las explotaciones mineras, afirma que las empresas siguen operando en total impunidad luego de cometer ilícitos, a la vez de que cientos de comunidades han sido desplazadas por la industria minera, como la comunidad de Salaverna, en Zacatecas.
Plantea que un primer paso urgente para fortalecer la regulación de la industria minera es la publicación de los reglamentos de la leylmya que se pretende intensificar la explotación de minerales para la transición energética y para la industria armamentista, ello por los compromisos asumidos por México ante Estados Unidos.
Se exige entonces el fortalecimiento de las actividades productivas de las familias campesinas, la agricultura, la ganadería, el manejo y conservación de los recursos forestales y la biodiversidad y detener la vulneración sistemática de los derechos de las comunidades campesinas y los pueblos originarios.
