Ciudad Juárez, Chih., Concebida por el gobierno de María Eugenia Campos Galván como el centro de operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Chihuahua, con tecnología para recabar y sistematizar datos de inteligencia contra el crimen organizado, la denominada Torre Centinela sigue sin ser terminada y su operación ha sido cuestionada tras el escándalo por la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo antidrogas.
Aunque comenzó a erigirse el 10 de agosto de 2022, el ayuntamiento otorgó la licencia de uso de suelo apenas el pasado 11 de marzo, y la licencia de construcción de 20 pisos dos meses después, el 19 de mayo, como consta en los documentos que acreditan ambos trámites.
Por medio de la SSP, la administración de Campos Galván entregó el contrato plurianual de la obra a la empresa israelí Seguritech Privada por un monto de 4 mil 700 millones de pesos, pero tiene más de dos años de retraso, pues debió estar terminada en enero de 2024.
Desde el arranque, el proyecto en pleno centro histórico de Juárez –entre la plaza de toros y el antiguo cine Paso del Norte– ha enfrentado demoras e irregularidades. Las críticas por la injerencia de cuatro agentes de la CIA aumentaron cuando el titular de la SSP, Gilberto Loya Chávez, reveló que todo el piso 18 está destinado a funcionar como búnker de elementos estadunidenses de la Agencia para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
El alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, surgido de Morena, pero con un paso de militancia en el PAN y MC, señala en entrevista con La Jornada que no ha ordenado la clausura de la obra para que el gobierno de Campos Galván no le atribuya el fracaso de la torre.
Cuando se refiere al inmueble, que se caracteriza por sus cristales polarizados de color azul y es visible desde cualquier punto de la ciudad, el edil expresa:
“¡Ese mugrero! No servirá para nada y además es muy rechazada en Juárez. El secretario de seguridad se quiso adornar y dijo que ahí iban a operar agencias estadunidenses, como para decir: ‘esta torre es tan padre que hasta FBI, DEA y CIA quieren estar ahí’. Fue un capricho y se va a quedar en el puro cascarón”.
Sin embargo, el terreno de 4 mil 450 metros cuadrados era propiedad del municipio y lo donó el mismo Pérez Cuéllar en junio de 2022, en una sesión de cabildo donde él presentó el punto de acuerdo para ceder la propiedad al gobierno del estado, en específico a la SSP.
Según el plano catastral, el predio donde se levanta la torre se ubica en la calle Abraham González 214, manzana 1167 de la colonia Adición Oriental, entre la avenida General Francisco Villa, que está cerrada al tránsito vehicular por las obras y donde continúa la operación de máquinas excavadoras, y el callejón Pino Suárez.
El alcalde justifica que avaló la construcción de una torre de 20 plantas, con helipuerto –en una ciudad donde los edificios más altos son hoteles de siete u ocho pisos–, porque impulsa una política de “desarrollo vertical”.
Actualmente, refiere, en la Torre Centinela sólo funciona un piso ya equipado, pero el inmueble –al igual que el estacionamiento aledaño–, sigue en construcción y en el exterior aún trabaja un equipo de soldadores.
El vocero de la SSP, Jorge Armendáriz, ha dicho que desde el 20 de abril, en los pisos 13, 14 y 15 ya trabajan analistas de inteligencia, tácticos y operadores de la C7, así como de la Plataforma Centinela, un programa que Campos Galván firmó en abril de 2022 con el gobernador de Texas, Greg Abbott, que consiste en “una plataforma inteligente y tecnológica, basada en una inversión de casi 200 millones de dólares”.
Según el acuerdo entre Campos y Abott, es un plan para rastrear camiones comerciales que pretendan cruzar a Estados Unidos e incluye la compra e instalación de mil 791 cámaras en esta ciudad para reconocimiento de placas vehiculares; 79 drones; 3 mil 66 cámaras con sistema de paneo, inclinación y zoom; 102 arcos de seguridad y 807 estaciones de trabajo, capacitación, certificación y dignificación de la policía estatal.
Seguritech Privada fue sancionada recientemente por la Auditoría Superior del Estado (ASE) con una multa de 112.3 millones de pesos por incumplimiento del contrato SH-ADE-079-2022 en la fecha de la construcción de la torre y sus subcentros, así como por sobreprecios y servicios no prestados.
En la revisión de la cuenta pública de ese año, la ASE encontró que la compañía no respetó “los plazos pactados para la entrega de los bienes muebles y la Torre Centinela, así como los subcentros para el diseño, desarrollo, suministro, implementación, puesta a punto, integración de tecnologías, transferencia de conocimiento y servicios necesarios para la operación del Servicio Integral de Vigilancia”.
Los conceptos no entregados conforme a lo acordado fueron 30 arcos carreteros, 10 filtros, la torre y 17 muros de video de 360 grados, de los cuales 15 serán instalados en la torre y dos en los subcentros de Guadalupe y Calvo y Nuevo Casas Grandes, así como dos centros de mando en esos municipios.
Ante el incumplimiento, la SSP suspendió los pagos a Seguritech Privada desde el 12 de marzo de 2025, pero ante la solicitud expresa de la compañía, y tras 15 audiencias de conciliación, se acordó emitir un convenio modificatorio del contrato, que incluye el pago de la multa.
La ASE no precisó si el acuerdo incluye límite para la conclusión de la torre y su equipamiento.
El alcalde panista de Chihuahua capital, Marco Bonilla, defiende la construcción y operación de la torre. En entrevista con La Jornada, detalla que ahí sólo se recabará y albergará la información de inteligencia obtenida con los arcos en las carreteras, las cámaras y drones.
“Evidentemente, no sólo estarán agencias, sino la Guardia Nacional, el Ejército, la Secretaría de Seguridad federal y el Instituto Nacional de Migración. Es un gran complejo de seguridad”, dice, en contraste con la versión del otro funcionario.
También insiste en la postura de que “combatir la delincuencia organizada, que no conoce fronteras, está muy lejos del concepto de invadir o atentar contra la soberanía nacional. Para mí, soberanía es vivir en paz, seguro, que haya medicamentos en las clínicas”.
–No obstante, la intervención de la CIA en Chihuahua no es menor. Es la agencia que se dedica a espionaje y a desestabilizar gobiernos.
–Ese es el temor que se tiene. Pero creo que debe emitirse un extrañamiento a quien ocasionó la participación de los agentes, y no fue la gobernadora, sino los gobiernos de Estados Unidos y de México –defiende.
Bonilla fue criticado recientemente porque las patrullas de la capital llevan el logotipo de la policía de Nueva York, “por el intercambio simbólico de insignias y que surgió de un convenio de capacitación en inteligencia, acciones contra el terrorismo, despliegue táctico y operaciones especiales”, defiende.
Cuenta que fue impulsado por Jorge Islas, ex cónsul mexicano en esa ciudad, “quien lo propuso en una reunión conmigo y tres regidoras del ayuntamiento, una del PRD, una del PAN y Eva América Mayagoitia Padilla, de Morena”.
Refiere que el pasado 2 de marzo platicó vía Zoom con el nuevo cónsul, Marco Bucio Mújica –entre otros cargos, ex vocero de la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida Ochoa, en 2000– “para ver si retomamos el convenio. Aunque con todo lo que ha pasado, creo que se la va a pensar”, concluye.
