La posibilidad de expresar ideas, difundir información, manifestar inconformidades y participar en el debate público constituye uno de los pilares fundamentales de toda sociedad democrática. En México, cada 7 de junio se conmemora el Día de la Libertad de Expresión, una fecha que no sólo reconoce la importancia de este derecho, sino que también invita a reflexionar sobre los retos que aún persisten para garantizar su pleno ejercicio.
La efeméride fue instituida en 1951 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés con el propósito de destacar la relevancia de la libre manifestación de las ideas en la vida pública del país. Con el paso de las décadas, esta conmemoración se ha consolidado como un espacio para analizar el papel de la ciudadanía, los medios de comunicación y las instituciones en la construcción de una sociedad más informada, participativa y plural.
La libertad de expresión está protegida por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales garantizan el derecho de las personas a expresar opiniones, difundir información y acceder a contenidos de interés público. Asimismo, este derecho se encuentra respaldado por diversos instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Para especialistas en la materia, la libertad de expresión va mucho más allá de la posibilidad de emitir una opinión. Se trata de una herramienta esencial para la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la vigilancia del actuar gubernamental y el fortalecimiento de la democracia. Sin ella, el debate público se debilita y se reducen las posibilidades de que la sociedad influya en las decisiones que impactan su vida cotidiana.
En Zacatecas, una de las expresiones más visibles de este derecho ha sido la protesta social. A lo largo de los años, diversos sectores han recurrido a marchas, manifestaciones y concentraciones públicas para hacer visibles sus demandas y expresar su inconformidad ante distintas decisiones gubernamentales. Profesores, campesinos, estudiantes, transportistas, trabajadores y colectivos feministas han encontrado en el espacio público una vía para exigir soluciones a problemáticas que consideran prioritarias.
No obstante, el ejercicio de este derecho también ha estado acompañado de episodios que han generado preocupación entre organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. Uno de los casos más recientes ocurrió el 10 de mayo de 2026, cuando productores de frijol, estudiantes y maestros se manifestaron en el Multiforo de la capital zacatecana. Durante la movilización, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública desplegaron un operativo que derivó en confrontaciones y dejó al menos una docena de personas detenidas. Los hechos provocaron una fuerte reacción social y posteriormente dieron origen a una megamarcha que reunió a miles de personas en las calles de la ciudad.
Otro acontecimiento que continúa presente en la memoria colectiva ocurrió durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo de 2023. Integrantes de colectivos feministas denunciaron detenciones arbitrarias, agresiones físicas y presuntos actos de violencia cometidos por corporaciones de seguridad contra mujeres que participaban en la movilización. Parte de estos hechos ocurrieron en un sitio que posteriormente fue denominado por activistas como el “callejón de la tortura”.
Situaciones como estas han reavivado el debate sobre las garantías existentes para ejercer libremente el derecho a la protesta y a la manifestación pública, reconocidos por organismos nacionales e internacionales como formas legítimas de libertad de expresión.
La discusión también alcanza al ámbito periodístico. Diversos especialistas han advertido sobre los riesgos que enfrentan los medios de comunicación cuando los recursos públicos destinados a publicidad oficial son utilizados como mecanismos de presión o condicionamiento editorial.
La periodista y escritora Yohali Reséndiz, autora del libro Violar desde el poder, ha señalado que la publicidad gubernamental puede representar una fuente legítima de financiamiento para los medios de comunicación. Sin embargo, advierte que cuando esos recursos se convierten en un instrumento para promover la autocensura o limitar la difusión de información que resulta incómoda para las autoridades, el periodismo pierde parte de su función social y de servicio a la ciudadanía.
En la misma línea, Adela Navarro, periodista de investigación y directora del Semanario ZETA, ha sostenido que la cancelación o reducción de convenios publicitarios como consecuencia de determinadas coberturas periodísticas representa una práctica que afecta la libertad de prensa y limita el derecho de la sociedad a recibir información de interés público.
Por su parte, el académico español Pablo Iglesias ha enfatizado que la existencia de medios de comunicación diversos e independientes resulta indispensable para el funcionamiento de cualquier democracia. A su juicio, la concentración del poder mediático y la ausencia de reglas claras sobre el financiamiento de los medios favorecen la autocensura y debilitan el pluralismo informativo.
Estas preocupaciones también han sido abordadas por organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la asignación de publicidad oficial debe realizarse bajo criterios transparentes, objetivos y equitativos, evitando que los recursos públicos sean utilizados para premiar o castigar líneas editoriales. De igual manera, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el financiamiento público destinado a medios de comunicación debe regirse por principios de transparencia y equidad, garantizando la independencia editorial y evitando cualquier forma de control político sobre la información.
En el ámbito local, el Congreso del Estado de Zacatecas ha impulsado en los últimos años diversas acciones orientadas a fortalecer la protección de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico. Entre ellas destacan iniciativas para crear mecanismos de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como propuestas encaminadas a prevenir agresiones y garantizar condiciones adecuadas para el desempeño de su labor.
Asimismo, el Poder Legislativo ha promovido la revisión de disposiciones relacionadas con el acceso a la información pública, la transparencia gubernamental y los derechos vinculados al ejercicio periodístico. Estas acciones buscan fortalecer las garantías para la libre difusión de información y consolidar el papel de una prensa independiente como elemento indispensable para la rendición de cuentas y la vida democrática.
La percepción ciudadana también ofrece un panorama sobre el estado de este derecho en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Confianza en la Administración Pública (Encoap) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 44.6 por ciento de las personas de 18 años y más consideró que existe apertura en el sistema político mexicano para expresar opiniones sobre las acciones gubernamentales. La cifra fue de 46.9 por ciento entre los hombres y de 42.5 por ciento entre las mujeres.
Los resultados muestran que, aunque una parte importante de la población percibe espacios para expresar sus puntos de vista, aún existen desafíos para fortalecer la confianza ciudadana en los mecanismos de participación y diálogo público.
A 75 años de la instauración del Día de la Libertad de Expresión en México, esta conmemoración mantiene plena vigencia. Más allá del derecho a hablar libremente, implica también la posibilidad de informar, cuestionar, manifestarse, investigar y participar activamente en los asuntos públicos. Su protección y fortalecimiento continúan siendo fundamentales para la construcción de una sociedad democrática, plural y respetuosa de todas las voces.
