El triunfo de López Obrador en 2018 y la contundente victoria de Claudia Sheimbaum en 2024, son pruebas irrefutables de que la sociedad mexicana de hoy es muy distinta a la que soportó medio siglo de gobierno del viejo PRI, primero nacionalista y enseguida anticomunista y autoritario, y al que soportó las crecientes desigualdades, corrupción y violencia sin freno, propiciadas por las administraciones del PRIAN neoliberal, que en el lapso de 1982 hasta 2018, renegó de la economía mixta e inició el desmantelamiento de las franjas de estado de bienestar existentes. El pueblo mexicano de hoy se forjó atrincherado en las luchas de masas, luchando por su espacio en el sistema electoral, denunciando los fraudes electorales y las manipulaciones de los medios tradicionales, desarrollando protestas pacíficas ante las privatizaciones y exigiendo consultas populares para defender las empresas estatales PEMEX, CFE, etc.
La nueva sociedad mexicana exige un nuevo sistema de partidos democráticos capaces de incorporar a la vida política nacional a la diversidad social real, y de cumplir las funciones que establece la constitución vigente en México. La nueva sociedad mexicana más participativa e informada, y la inestabilidad del mundo de hoy, obligan a abrir un proceso nacional de debate para que todos los partidos actualicen sus documentos básicos para estimular el debate nacional y fortalecer la cohesión social, ante las frecuentes expresiones injerencistas del gobierno de Estados Unidos, y los graves retos que enfrenta la gobernabilidad mundial. Los partidos políticos deben modificar su estatuto orgánico, para que cualquier persona de nacionalidad mexicana pueda ingresar a sus filas y ejercer en ellos sus derechos políticos.
En lo que respecta al partido Morena, es necesario tomar todas las medidas necesarias para evitar que las personas que ejercen el poder ejecutivo en los tres niveles de gobierno, utilicen los recursos a su disposición para configurar camarillas que, irremediablemente, en poco tiempo derivarán en verdaderas facciones cuyas luchas producirán la degeneración que vimos en el PRD. Pasar de un modelo centrado en liderazgos personalistas hacia una estructura institucional con reglas claras y contrapesos internos. Fomentar debates públicos entre las distintas corrientes internas antes de la toma de decisiones clave.
Las personas que decidan ingresar a un partido político, tendrán derecho a que se les asigne un comité territorial de base en la sección electoral que le corresponda, y desde ahí podrán ejercer su derecho a participar en la determinación de las candidaturas a cargos de elección popular, o en el nombramiento de la dirigencia partidaria en cualquier nivel de su estructura. Solo los afiliados con más de un año de antigüedad en el partido, podrán registrarse para competir por un cargo de dirección o por una candidatura para un cargo de elección popular.
Con el propósito de contribuir a la solidez del sistema de partidos, sus procesos internos de elección deberían desarrollarse simultáneamente durante tres fines de semana sucesivos, y organizarse de acuerdo al principio de voto universal de todos los integrantes del partido, mediante la elección de delegados en los comités seccionales que representarán a los afiliados en las convenciones electorales territoriales que correspondan. Los delegados que asistan a las convenciones municipales elegirán nuevos delegados a la convención del distrito del que formen parte, y el proceso se repetirá para integrar las convenciones en los territorios sucesivos que los contienen (distritos locales, en los estados, en los distritos federales, y así hasta la convención nacional).
En todas las convenciones solo participarán las personas que hayan sido electas como delegados para ese proceso. Las convocatorias deberán establecer con claridad la cantidad de delegados que tienen derecho a elegir cada convención. En todos los casos ese número será directamente proporcional a la cantidad de asistentes a las asambleas de base celebradas en cada territorio.
Las convenciones de designación de candidatos en todos los partidos tomarán en cuenta la voluntad expresada en la votación de los delegados que integran la convención y el nivel de competitividad de cada aspirante, que muestren las encuestas oficiales
