El docente investigador de la Unidad Académica de Ciencia Política de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Noé Hernández Cortez, advirtió que los recientes narcobloqueos registrados en distintas regiones del país, con repercusiones en Zacatecas, deben interpretarse como una demostración de fuerza territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en un contexto marcado por tensiones políticas internas y presiones internacionales.
En entrevista, el académico sostuvo que estos hechos “nos dieron a entender el gran poder territorial y de organización que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación”, lo que, dijo, confirma que se trata de una estructura criminal con presencia nacional y no únicamente focalizada en una entidad. En el caso de Zacatecas, explicó, los bloqueos se registraron principalmente en la zona sur, colindante con estados donde el grupo mantiene operaciones, como Jalisco y Aguascalientes, lo que refuerza la lectura de una estrategia de posicionamiento territorial.
“El mensaje es de fuerza frente al Estado”, afirmó Hernández Cortez, al señalar que este tipo de acciones no sólo tienen implicaciones en materia de seguridad, sino también efectos políticos en un momento en que se aproximan las elecciones de 2027 y se discuten reformas electorales a nivel federal. Recordó que la presidenta Claudia Sheinbaum pospuso la presentación de una iniciativa prevista para el 24 de febrero, en un contexto atravesado por los acontecimientos violentos.
El investigador subrayó que el impacto inmediato de los narcobloqueos recae directamente en la sociedad. La suspensión de actividades escolares, comerciales y cotidianas, así como afectaciones a instancias judiciales, evidencian dijo, una fractura en el tejido social. “Es una inestabilidad no solamente política, sino en el tejido social que abarca comercio, educación y la vida cotidiana en su conjunto”, puntualizó.
Cuestionado sobre la pertinencia de la actual estrategia de seguridad, Hernández Cortez fue enfático en señalar que los estudios en ciencia política han demostrado que la militarización de la seguridad pública tiende a incrementar la violencia letal. “Está demostrado que una seguridad pública militarizada incrementa el impacto tanto de la violencia como la ruptura del tejido social”, sostuvo.
Al comparar el enfoque actual con el del expresidente Andrés Manuel López Obrador, explicó que mientras la administración anterior privilegiaba una estrategia centrada en programas sociales (resumida en la consigna de “abrazos, no balazos”), la actual presidenta ha enviado el mensaje de que habrá intervenciones focalizadas contra las organizaciones criminales y sus líderes. Sin embargo, advirtió que este tipo de acciones puede derivar en un aumento temporal de la violencia. “Desafortunadamente, esta violencia focalizada incrementa el número de muertes y de violencia letal”, afirmó.
En el terreno de la opinión pública, el académico destacó un fenómeno que calificó como “muy interesante”: aunque la presidenta mantiene altos niveles de aprobación (cercanos al 70 por ciento, según diversas encuestas), la política de seguridad recibe evaluaciones negativas. “La ciudadanía apoya a la presidenta y su proyecto político en conjunto, pero no está de acuerdo con la política de seguridad”, explicó.
A su juicio, esta dualidad implica que los hechos violentos no necesariamente erosionan de inmediato el respaldo al partido gobernante, Morena, aunque sí evidencian un área crítica pendiente de resolver. En temas económicos y sociales, añadió, la percepción ciudadana es favorable, particularmente por el incremento al salario mínimo y la continuidad de programas sociales; no obstante, “cuando le ponen el tema de seguridad, ahí no está satisfecha”.
Respecto al papel de los gobiernos municipales y estatal, Hernández Cortez consideró que uno de los principales problemas en Zacatecas es la falta de coordinación, especialmente cuando existen administraciones de distinto signo partidista. Señaló que las disputas políticas entre el gobierno municipal de la capital y el gobierno estatal envían “una señal muy mala” a la ciudadanía, pues proyectan confrontación en lugar de colaboración institucional.
“Cuando se es gobierno debe ser un gobierno para todas y todos”, enfatizó. Añadió que la falta de acuerdos incluso en temas elementales, como la coordinación en materia de seguridad o servicios públicos, genera incertidumbre y debilita la gobernabilidad. Según explicó, diversos estudios muestran que cuando los gobiernos pertenecen a partidos distintos, tienden a fallar los mecanismos de coordinación y, en algunos casos, los gobiernos estatales pueden desproteger a municipios gobernados por la oposición, trasladándoles el costo político de la inseguridad.
En cuanto a las posibles soluciones estructurales, el académico propuso centrar la estrategia en el combate financiero a las organizaciones criminales. “Una de las políticas públicas eficaces es ir sobre el rastreo de los dineros”, afirmó. Argumentó que el poder del crimen organizado radica en su capacidad económica: “capacidad de comprar voluntades, capacidad de comprar elecciones, capacidad de comprar políticos”.
Indicó que mientras no se desarticulen las redes de lavado de dinero, tanto a nivel nacional como internacional, la captura o abatimiento de líderes (como el caso de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”) puede detonar más violencia sin erradicar el problema de fondo. Como ejemplo, mencionó los recientes hechos en zonas vinculadas al tráfico de combustible ilegal en el norte de Veracruz y sur de Tamaulipas, donde los bloqueos evidencian la existencia de recursos financieros que sostienen estas estructuras.
Finalmente, Hernández Cortez advirtió que no debe perderse de vista el contexto internacional, particularmente la presión de Estados Unidos. Señaló que las acciones del gobierno mexicano también envían un mensaje hacia el presidente Donald Trump sobre la disposición de México para combatir a las organizaciones criminales sin comprometer su soberanía.
Pese al escenario complejo, el investigador sostuvo que el país mantiene un proyecto político progresista con resultados en reducción de pobreza, lo cual explica el respaldo ciudadano. Sin embargo, alertó que la inseguridad constituye el principal vacío. “Se apoya su política, pero al mismo tiempo no se aprueba la parte de la seguridad”, resumió. En su opinión, el riesgo radica en que la violencia erosione la gobernabilidad y sea capitalizada por fuerzas de derecha o extrema derecha, lo que podría reconfigurar el panorama político nacional.
