La Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) mantiene una ofensiva jurídica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la reforma a la Ley del Issstezac aprobada en 2024, al considerar que vulnera de manera grave los derechos adquiridos de jubilados, pensionados y trabajadores en activo.
En un comunicado, el Comité Ejecutivo Seccional sostuvo que la lucha emprendida trasciende el ámbito estatal y adquiere relevancia nacional, al sentar un precedente en la defensa de los derechos sociales y laborales, particularmente frente a reformas que —advirtió— reducen prestaciones previamente reconocidas e imponen incrementos desproporcionados en las cuotas de los trabajadores en activo.
La dirigencia sindical recordó que, antes de asumir formalmente el cargo, el actual secretario general, Marcelino Rodarte Hernández, acompañado de un equipo jurídico especializado, promovió ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos la solicitud para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN. Aunque dicho trámite fue desestimado por conflictos de interés y deficiencias en el procedimiento, al asumir la nueva dirigencia se retomó de inmediato la estrategia legal.
En esta nueva etapa, la Sección 58 llevó directamente el caso ante la Suprema Corte, realizando visitas personales, entregando alegatos completos y asegurando que ministras, ministros y sus equipos asesores conocieran de manera documentada la postura del sindicato. El objetivo, subrayó, es que la nueva integración del máximo tribunal del país respete los derechos adquiridos y garantice una protección efectiva a la base trabajadora.
El sindicato calificó como inaceptable que se pretenda justificar la reforma bajo el argumento de una supuesta falta de recursos, cuando —señaló— los problemas financieros del Issstezac tienen su origen en desfalcos, malas administraciones y actos de corrupción del pasado. “No es justo ni constitucional que quienes dedicaron su vida al servicio público paguen hoy las consecuencias”, enfatizó.
La Sección 58 confió en que este momento representa una oportunidad histórica para que la SCJN adopte criterios humanistas y garantistas, reconociendo que los derechos sociales son reales y adquiridos, y no simples expectativas sujetas a decisiones administrativas. Reiteró, finalmente, su compromiso irrestricto con la defensa de los derechos laborales y de seguridad social, y afirmó que la lucha de Zacatecas seguirá siendo un referente nacional de organización, dignidad y firmeza.
