Ayer, en el Congreso del Estado, después de tres intentos de reunir el quorum, se retomaron los asuntos generales de la sesión pasada con pronunciamientos por parte de Jesús Padilla (Morena) sobre la Ley de Aguas Nacional; de Isadora Santiváñez (PRI), denunciando actos de violencia política de género hacia Renata Ávila y Karla Estrada por parte del Gobierno estatal; y de Carlos Peña (PRI), sobre las protestas de productores de frijol.
Posteriormente, en el arranque de la sesión correspondiente a ayer, un grupo de productores encabezados por Severiano Zamarrón, de la Unión de Pozos Agrícolas, ingresó al pleno para exponer su preocupación por la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Señalaron que la iniciativa federal contiene 11 puntos que, a su juicio, afectarían al campo zacatecano, y pidieron que los legisladores continúen presionando al Congreso de la Unión y a Gobernación para frenar una aprobación “de la noche a la mañana”.
En la sesión que terminó por falta de quorum, Isadora Santiváñez propuso replantear el funcionamiento de las Mesas de Paz en el estado, al señalar que su operación se ha vuelto opaca y poco útil para atender la violencia cotidiana en los municipios. Su iniciativa recibió tres adhesiones.
En materia de iniciativas, Ana María Romo (MC) presentó un exhorto a la Secretaría de Salud, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Hacienda para que se atienda de inmediato la incertidumbre laboral de 400 trabajadores eventuales, suplentes y administrativos del sector salud estatal que no cuentan con base y tras la transición al nuevo modelo, quedaron “atorados” entre el Gobierno estatal y el organismo federal, según la emecista.
A continuación, y sobre el mismo tema, Eleuterio Ramos (PRD) presentó una iniciativa enfocada en exigir mesas de trabajo con el secretario estatal de Salud y el coordinador de IMSS-Bienestar para que expliquen la situación, asuman responsabilidad y definan soluciones para garantizar derechos al personal afectado.
Marco Vinicio Flores Guerrero (MC) propuso exhortar al procurador agrario a auditar la elección de los órganos de representación y vigilancia del Ejido Los Campos, en Villa García. Expuso que un grupo de ejidatarios denuncian la intervención del organizador agrario Juan Alberto Sandoval Guerrero, el impedimento para registrar una planilla bajo argumentos de paridad que no corresponden a la realidad del ejido (donde la mayoría de las mujeres son adultas mayores o viudas) y otras violaciones a la Ley Agraria; por lo que señalan que hay elementos para anular la elección.
Aludiendo a los despidos ocurridos en 2021 dentro de la administración estatal, Carlos Peña Badillo (PRI) propuso restituir la categoría de confianza para direcciones de área y subdirecciones, una figura que —dijo— existió históricamente hasta que fue suprimida por la Legislatura pasada. Con las reformas propuestas por el priista a la Ley del Servicio Civil y a la Ley Orgánica de la Administración, se crean reglas explícitas para documentar la creación, modificación o desaparición de puestos, así como la obligación de justificar por escrito cada movimiento en plantilla.
Renata Ávila (PT) y Ana María Romo suscribieron la iniciativa de Peña y pidieron ampliarla. Sugirieron incluir a los tres poderes del Estado y a universidades públicas que están sujetas a la misma normatividad.
Oscar Novella (Morena) planteó una iniciativa para combatir la extorsión telefónica, enfocada en obligar a las autoridades estatales a mejorar el bloqueo de números usados para engaños, fortalecer la coordinación con empresas de telefonía y estandarizar los protocolos de atención a víctimas en municipios donde este delito ha crecido. La propuesta fue suscrita por cinco diputadas y diputados.
José David González (PRI) propuso modificar el artículo 37 de la Ley de Transporte para prohibir expresamente que cualquier vehículo circule con placas ocultas, alteradas, cubiertas u obstaculizadas, e impedir el uso simultáneo de placas adicionales que dificulten la identificación del automotor.
Ocho diputados suscribieron la iniciativa de Renata Ávila para exhortar a la Secretaría de Salud federal, a su homóloga estatal y a los bancos de sangre a eliminar la práctica de pedir donantes con un tipo sanguíneo específico, en el contexto de un sistema nacional de sangre que depende de la reposición familiar y de reposición, pues solo el solo 8.1 por ciento de las donaciones son voluntarias. La petista añadió tras la lectura en tribuna que explora la posibilidad de un convenio con universidades públicas para incluir como requisito de inscripción la donación de sangre.
Fue turnada a comisiones sin lectura en el pleno, la iniciativa para establecer como obligación patronal del Gobierno del Estado la instalación de espacios de cuidado infantil para hijas e hijos de sus trabajadores, propuesta por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN). La propuesta establece que las dependencias deberán garantizar un lugar seguro donde infancias entre seis y 12 años puedan permanecer durante la jornada laboral.
