Pese al anuncio del Gobierno del Estado sobre la estabilización de los precios de los materiales pétreos -tras un acuerdo informado por las autoridades el pasado 29 de octubre-, constructores entrevistados por este medio señalan que el descontento en el sector es generalizado, con un acuerdo que además de haber duplicado los costos, hoy se incumple, pues el metro cúbico de grava y arena se paga en 600 pesos, por encima del precio supuestamente convenido.
“En las negociaciones nunca se mencionó la presencia del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros ni de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Ninguno aparece como participante en la mesa. La CMIC sólo emitió un comunicado después para decir que le parecía bien el acuerdo. Un absurdo en toda la extensión”, señaló uno de los entrevistados.
La mesa de negociación tuvo lugar luego de que dos patios de trabajo fueran asegurados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJEZ) tras supuestas denuncias sobre que en esos lugares se controlaba el flujo y reparto de material. “Todos los que tienen camiones de volteo y que se dedican a llevar el material y venderlo en las obras están obligados por ‘alguien’ a comprarlo exclusivamente ahí bajo amenaza de no hacerlo tener consecuencias de seguridad a su integridad y su familia”.
La narrativa de gobierno pasó de advertencias sobre posibles delitos a una negociación que terminó legitimando el incremento, sin que hasta ahora se haya informado qué ocurrió con las investigaciones penales ni cuál es la vigencia del acuerdo obtenido tras la cuestionada mesa de negociación, señalaron las fuentes.
“Los que tienen camiones materialistas-transportistas no son dueños (al menos la mayoría); ellos sólo venden el material a los constructores y están obligados ahora a comprarlo a estas personas en estos patios. Pero la realidad es que los materialistas-transportistas dicen estar amenazados por las personas que manejan esos patios y en consecuencia todo el material de obra proviene de ahí”, agregaron.
El costo “ya quedó elevado por un acuerdo de gobierno con quien sabe qué grupo. Y encima ni se respeta dicho acuerdo”, reprochó uno de los entrevistados.
Añadió que, a raíz del acuerdo, los materialistas ya no tienen permitido salir de su zona (Guadalupe o Zacatecas, por ejemplo); “¿Quién tiene el poder para tener ese control sobre tanto transportista que hay en el estado?”, cuestionó.
Frente los argumentos para justificar el alza (como el señalado por el dirigente del Sindicato de Transportistas Guadalupano, quien aseguró que no había habido incrementos en más de 15 años), una de las personas puntualizó que sí se han registrado aumentos graduales.
Sumado a exigir vigilancia del acuerdo, las fuentes consideran necesario que los Gobiernos locales publiquen un padrón de materialistas con teléfonos y precios, dado que nunca ha existido un registro público de vendedores ni un mecanismo de verificación.
Recordaron que el propio Gobierno, que ejecuta obra pública de manera constante, podría confirmar los precios reales por cuenta propia, pero elige no presentar denuncias al respecto, mientras que el gobernador llamaba a la ciudadanía a hacerlo.
